El Heraldo del Henares
Ya lo dijo el filósofo y político-sociólogo alemán Max Weber, “hay dos formas de hacer de la política una profesión. O se vive para la política o se vive de la política”.
Cuando una persona entra en el mundo de la política, puede tener dos objetivos. El más noble de todos: cambiar aquello que cree y que está mal para salvaguardar los intereses de la ciudadanía, respaldado por la confianza que le han otorgado las urnas y que tiene claro que llegado un determinado momento, se tiene que retirar de la vida pública. El segundo motivo y el menos noble, el puro instinto de supervivencia. Aquel que hace adherirse a un cargo no para defender los intereses generales, no para conseguir que la sociedad cambie, sino para vivir de ello.
Desgraciadamente, los políticos y la política en general se han convertido en una verdadera preocupación que viene dada por el distanciamiento que existe entre una élite excluyente preocupada de sí misma y una mayoría social que tiene problemas y que son incapaces de solucionar los que tienen la obligación de hacerlo.
Además, se ha impuesto la mediocridad como medida participativa, es decir, la mayoría de los que llegan a la política no tienen capacidad para brillar o destacar en la sociedad civil por méritos propios, aptitudes o competencias. Buscan un lugar donde descansar plácidamente, cobrar buenos emolumentos y disfrutar de una serie de privilegios.
Es un hecho que una buena parte de los políticos viven de la política y no para ella. Y con ello, no estamos hablando de privar del salario a esas personas mientras se dedican a desempeñar su labor política. Nada más lejos de la realidad. El político de pueblo, honrado, el del barrio, el que se enfrenta a concesionarias que no son más que puertas giratorias para algunos, el que reivindica los derechos de la ciudadanía ante cualquier administración, el que trabaja para ofrecer unos servicios de calidad y que hecha más horas que un reloj, ¡claro que debe cobrar por desempeñar su función como servidor público! Otra cosa muy distinta es, como decimos, hacer de esto una profesión, cosa que por desgracia está sucediendo en casi todo el territorio nacional y muy especialmente, en Castilla-La Mancha.
Sin duda, las generalizaciones son erróneas y llevan buenas dosis de falsedad, por eso, también hay que significar, aquellos políticos honestos consigo mismos y con los demás, que entienden su actividad como servicio público, anteponiendo el interés general al suyo particular. Por desgracia son pocos, por eso son difíciles de identificar.
A finales de noviembre, el sindicato CCOO-FSC entablaba una ofensiva judicial contra la política de Función Pública del Gobierno de Emiliano García-Page para poner coto a la presunta arbitrariedad en la Administración de la Junta de Comunidades. Una de las demandas interpuestas ante los juzgados de lo contencioso-administrativo iba contra las resoluciones emitidas entre los meses de septiembre y octubre por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para modificar la RPT de la JCCM, que en conjunto supusieron la creación de un centenar de nuevos puestos de libre designación y de otra veintena de plazas de asesores. En otras palabras, que el señor García-Page tenía que colocar a muchos de los suyos.
Si es que a eso se dedica el PSOE en Castilla-La Mancha, a inventarse cargos para enchufar a sus colegas, a costa de nuestros impuestos, que en muchos casos no se sabe ni qué hacen ni a qué se dedican. No me refiero a los empleos funcionales, secretarías, administrativos, seguridad, chóferes, etc., sino a los llamados «personal de confianza». Miembros como más de quince años en la política, que no han revalidado sus cargos en las urnas, qué no tienen a dónde ir porque muchos jamás han trabajado fuera de la política y a los que había que colocar de algún modo: consejeros, jefes de gabinete de la presidencia, directores generales de Coordinación y Planificación, dependiente de la Vicepresidencia, etc. Esta es la red clientelar que ha ido tejiendo el PSOE a lo largo de años en el poder. Ahí tenemos el caso de los ERE en Andalucía y no digo más.
Se entiende perfectamente la desafección general hacia estos comportamientos repulsivos. Hay que recordarles que la política no está para vivir de ella, sino para servir al conjunto de la ciudadanía y una vez prestado ese servicio, uno vuelve a su lugar de procedencia. Sólo el que no tiene principios, valores ni escrúpulos se reengancha en ella bajo cualquier fórmula, con el objetivo de llegar a la edad de jubilación y poder percibir una buena pensión.
Lamento que hubiera personas que se molestaran cuando estas mismas palabras las pronuncié en la última sesión plenaria en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, pero no voy a consentir que estos comportamientos manchen la labor que hacemos mucha gente honrada en beneficio de nuestra vecindad y que pasado un tiempo prudencial regresamos a nuestros trabajos.
Que no crea el vividor que todos somos de su condición.
María José Pérez Salazar, portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca
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