Hace unos días, en el B.O.P. de Guadalajara se anunciaba una licitación pública para la adquisición por parte de la Diputación de un inmueble con destino a «Centro de Innovación Territorial y de Promoción de las Denominaciones de Origen de la Provincia».
Las bases de la convocatoria se pueden consultar en https://www.dguadalajara.es/web/guest/concurso-inmueble. Destaca la preferencia porque el inmueble se encuentre «prioritariamente en la zona de la Alcarria Baja, dentro del ámbito geográfico de las Denominaciones de Origen del aceite, el vino y la miel». Además, debe de ser un inmueble urbano dado, pues se requiere que disponga de servicios de «agua, saneamiento y electricidad» y que disponga de «acceso exterior directo desde una vía pública urbanizada», expresión por lo demás llamativa. Se excluyen los inmuebles con uso residencial, por tanto el objeto es un inmueble que al menos cuente con un edificio de uso industrial o terciario. Y ya, por fin, se requiere que el inmueble haya tenido uso como almazara, bodega, almacén de grano o similar y con instalaciones «aún existentes de dicha actividad».
Sorprende que se puede tratar de un inmueble cuyo «estado de conservación general será el apto para los usos y destinos previstos, en más de un 50% de las instalaciones». Y eso es muy preocupante desde el punto de vista de la contratación pública porque podría ser, y no es descabellado pensarlo, que la puesta en funcionamiento exigiera inversiones públicas que conllevarán un esfuerzo presupuestario suplementario sin cuantificar, y por ende temerario, de modo que emerge el peligro de una adquisición finalista de coste indeterminado cuya legalidad no estaría exenta de potenciales vulneraciones legales. Veremos por cuánto sale la mula.
Tantos y tan concretos requisitos llevan a la conjetura. De entrada es imposible asegurar a bote pronto cuántos inmuebles de dichas características habrá en la provincia o, ya puestos, en la Alcarria Baja, pero puede ser que no haya más que uno y que esté en Mondéjar, precisamente.
Es una hipótesis que, según los corrillos de Mondéjar, el concurso se habría convocado con la previsión de que la adjudicación recayera en una propietaria concreta de Mondéjar, digamos que, casualmente, la capital del vino de la Provincia de Guadalajara. Y a la vez municipio cuyo Alcalde es el Presidente de la Diputación de Guadalajara. Hipótesis, nada más.
Corren por las redes estas dos imágenes del presunto local en el cual habría puesto, hipotéticamente, sus ojos el Alcalde de Mondéjar y hasta dicen por el pueblo que el precio del concurso es concurrente con con las aspiraciones de la propiedad, pero claro está que eso nadie se lo ha preguntado a la propiedad ni al Presidente de la Diputación, que te puede pasar lo que le pasó a Pablo Casado en relación a sus preocupaciones por la corrupción presunta de familiares de Isabel Díaz Ayuso.
El Alcalde, hay que recordarlo, se las trae, y un caso significativo, del que es absolutamente meritorio y digno protagonista, es que contrataba sin concurso público, a dedo, como hacía también Pablo Bellido en Azuqueca o el Alcalde de Cabanillas o el de Marchamalo, abogados y procuradores, a la vez que tramitaba las licencias con falsos informes técnicos elaborados por un Arquitecto honorífico, pero eso es otro tema que merece una exposición separada.
En refuerzo de la hipótesis «popular», ¿qué justifica que la propiedad retire el cartel de venta que figuraba en la fachada hasta hace unas semanas?
La prueba de fuego de estas conjeturas será si finalmente concurre la propietaria de este inmueble al concurso. De la adjudicación, pues lo mismo. Veremos.
Fernando Jabonero Orasio. Guadalajara
NOTA DE LA REDACCIÓN: EL HERALDO DEL HENARES acepta el envío de cartas y artículos de opinión para ser publicados en el diario, sin que comparta necesariamente el contenido de las opiniones ajenas, que son responsabilidad única de su autor, por lo que las mismas no son corregidas ni apostilladas.
EL HERALDO DEL HENARES se reserva la posibilidad de rechazar dichos textos cuando no cumplan unos requisitos mínimos de respeto a los demás lectores o contravengan las leyes vigentes.