El Heraldo del Henares
El ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España ha autorizado la cesión del contrato del «Servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad en diversos Archivos y Centros de la Subdirección General de los Archivos Estatales» solicitada por el actual adjudicatario, Gomsegur, SL, a favor de la empresa, Davos Protección.
De esta forma, según ha denunciado el sindicato de trabajadores de seguridad privada, Alternativa Sindical, Davos Protección quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, incluidos los correspondientes a la subrogación del personal que presta actualmente el servicio.
Según el documento de adjudicación al que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES, la firma electrónica de la Junta de Contratación del ministerio de Cultura por la que se autorizaba dicha cesión es de 2 de marzo de 2022, es decir, un mes después de que Gomsegur anunciara que iba a solicitar entrar en situación concursal por falta de liquidez al tener embargadas todas las cuentas por la Agencia Tributaria por una deuda de 1,5 millones de euros.
El contrato cedido tiene una duración de 12 meses entre el 29 de septiembre de 2021 y la misma fecha de 2022, pero solo se ha podido cumplir hasta el 28 de febrero, fecha en la que se ha ejecutado un importe total de 1.522.729,35 euros, por lo que la nueva cesionaria cobrará un total de 2.131.821,13 euros desde dicha fecha y hasta la finalización del contrato el 29 de septiembre de 2022.
«Podríamos encontrarnos ante un supuesto fraude de ley, ya que Gomsegur ha comunicado en febrero de este año que iba a pedir entrar en situación concursal al no poder hacer frente a las nóminas de los trabajadores ni a optar a nuevos concursos públicos al tener embargadas todas las cuentas por la Agencia Tributaria por una deuda de 1,5 millones de euros», ha señalado el portavoz de Alternativa Sindical, Alberto García.
Se da la circunstancia de que son numerosas empresas e instituciones públicas que están ahora en manos de Gomsegur y que se están subrogando hacia la empresa Davos Protección, cuya administradora es Lucila Quesada Blanco, es precisamente la pareja del dueño de Gomsegur, José Luis Gómez Pulido.
Según estas fuentes sindicales, de acuerdo con los datos del registro mercantil actualizados, Quesada ha ocupado cargos tanto en Gomsegur como en Davos Protección, de la que además actualmente es administradora única.
La tesis de Alternativa Sindical para este trasvase de contratos es que al empezar los problemas económicos de Gomsegur, se creó Davos con una tercera persona al frente, la mujer de Gomsegur, a fin de trasvasar los clientes de una empresa a otra y eludir los embargos de la Agencia Tributaria.
De esta forma, por un lado se descapitaliza Gomsegur, antes de nombrar un administrador concursal, a la vez que se crea Davos, para hacerse con los contratos de Gomsegur sin tener que dar explicaciones a los acreedores de la primera empresa ni a Hacienda.
El resultado final es que se descapitaliza completamente Gomsegur, no cobra ningún acreedor ni los trabajadores, que tendrían que ir al Fogasa, y a la vez, Davos se hace con los antiguos clientes, consigue dinero y no paga ninguna deuda antigua de la otra empresa.
Según este portavoz, «es curioso que Quesada fundara hace dos años Davos, justo en el momento en que la empresa de su marido, Gomsegur, empezaba a tener problemas de liquidez, no queremos poner nosotros el nombre y apellidos a estos hechos, pero está claro que todo el mundo sabemos cuáles son».
El trasvase de cargos entre una empresa y otra, como en el caso de Lucila Quesada, es continuo, ya que, según Alternativa Sindical, el gerente de Davos en Aragón y Rioja, Ernesto Pinilla del Rosario, tiene en su perfil de Linkedin que también es gerente de ese mismo territorio en Gomsegur.
Por eso, desde Alternativa Sindical han pedido públicamente a todas las empresas e instituciones que tengan contratos con Gomsegur que no los subroguen en Davos para evitar este supuesto fraude de ley, «tal como acaba de hacer con buen criterio el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), tras nuestra denuncia, criterio que no ha seguido el ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de España».
