La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia ha decretado el embargo de todos los bienes y derechos propiedad de la empresa de seguridad Mersant Vigilancia SL, a fin de poder hacer efectivas las cantidades que dicha mercantil descontó a sus trabajadores en concepto de cuotas sindicales de los afiliados al sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, ASTSP, y que luego no transfirió a esta organización.
Según han informado fuentes de este sindicato en un comunicado, este embargo de bienes afecta especialmente a todas las devoluciones que en concepto de IVA puedan corresponder a la empresa ejecutada, así como saldos en cuentas corrientes y bienes de todo tipo, incluidos los vehículos que consten a su nombre.
Se da la circunstancia de que esta misma empresa y sus dirigentes ya se encuentran imputados en una macrocausa ante el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, también a instancia de Alternativa Sindical, y en la que se ha procedido a detener a 23 personas en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona.
Según la información facilitada en su momento por la Policía Nacional, a estas personas se les acusa de organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social, además de impagos salariales a sus más de 600 trabajadores desde hace un año.
En la operación, se realizaron nueve registros domiciliarios en los que se intervinieron 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo y se incautaron siete vehículos, tres pistolas, una de ellas detonadora, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales, además de munición para arma corta.
Las investigaciones se iniciaron a finales de marzo de 2022, cuando los agentes recibieron una denuncia por parte del sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, ASTP, contra una empresa de seguridad privada que no pagaba la nómina a 600 trabajadores desde diciembre de 2021.
Entre los delitos esclarecidos destaca un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6.576.558,31 euros, y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros, según esas mismas fuentes de la Policía Nacional.