El coordinador de Organización del sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada, STSP, Alternativa Sindical, Manuel Jesús Rueda, ha mantenido una reunión con el portavoz del grupo municipal de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, para analizar la situación de los trabajadores de la empresa Mersant Seguridad.
Según han informado fuentes del sindicato Alternativa Sindical en un comunicado, el encuentro ha servido para trasladar a González Rojas el motivo de las movilizaciones que están llevando a cabo los trabajadores debido a los impagos arrastrados por Mersant, una empresa adjudicataria de varios servicios de vigilancia en espacios del Ayuntamiento de Sevilla».
En Sevilla son varios contratos y edificios municipales que dependen de la vigilancia privada de esta empresa: el parque de Arte Sacro, la Fábrica de Artillería, las dependencias de la Gerencia de Urbanismo, varios centros de servicios sociales, centros cívicos y colegios públicos.
Rueda ha trasladado a González Rojas que `Mersant Seguridad´ cuenta con unos 200 trabajadores prestando servicios para el Consistorio de Sevilla, los cuales vienen sufriendo retrasos reiterados en los pagos de las nóminas, así como el abono incompleto de las cuantías correspondientes, y que en estas fechas incluso no han llegado a ingresar aún la paga extraordinaria pese a estar recogida en el calendario.
Por su parte, el portavoz de IU-Podemos ha manifestado tras la reunión con el coordinador de Alternativa Sindical que “el Ayuntamiento no puede mirar a otro lado mientras las empresas adjudicatarias incumplen el convenio y los derechos laborales de la plantilla”, por lo que ha exigido al gobierno municipal “que fiscalice este contrato y exija a la empresa privada Mersant que cumpla con sus obligaciones”.
“Es el tercer caso que abordamos en menos de un año de incumplimiento por parte de empresas piratas en el sector de la seguridad privada”, ha añadido González Rojas.
Por todo ello, Rojas ha finalizado manifestando que el Pleno del Ayuntamiento aprobó que se revisaran los pliegos de condiciones de este tipo de contratos, “para evitar más casos como éste y para que la contratación pública responsable sea una realidad y no un simple eslogan”.