El Heraldo del Henares
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se ha concentrado este viernes a las puertas de las subdelegaciones del Gobierno de las capitales de provincia de la región, entre ellas Guadalajara, para reclamar la subida salarial pendiente desde el año pasado, un nuevo acuerdo retributivo, la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos en diferentes ámbitos y el fin de los recortes en Castilla-La Mancha.
Para CSIF, primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, resulta inadmisible que todavía esté pendiente la subida del 0,5 por ciento adicional correspondiente a 2024 y que encima este abono dependa de que cómo evolucione la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, tal y como manifestó ayer el ministro de la Función Pública, Óscar López.
“Los empleados públicos no podemos estar a merced de la inestabilidad política de un Gobierno que es incapaz de presentar Presupuestos”, ha señalado Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF Castilla-La Mancha, en un comunicado.
Los empleados públicos han perdido un 9 por ciento desde 2022 y más de un 20 por ciento desde los recortes de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, y ello en una comunidad autónoma que ha padecido la inflación más alta de toda España durante muchos meses en 2021 y 2022.
CSIF ha reclamado un nuevo acuerdo salarial, que la subida salarial se produzca de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del Salario Mínimo Interprofesional, y que se recupere la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra que nos quitaron.
Recortes de Cospedal antes y ahora de Page en Castilla-La Mancha
CSIF denuncia las restricciones en la incorporación de profesionales en el Sescam, ya que no se cubren la totalidad de las bajas, vacantes, vacaciones o permisos generando graves problemas, con plantillas superadas y dilación en los tiempos de atención asistencial, escuelas infantiles, centros educativos y centros dependientes de Bienestar Social, como las residencias de mayores.
Y por delante, una Ley de la Simplificación Administrativa que supondrá la privatización de los servicios públicos de la región.
«En lugar de aumentar las plantillas dedicadas a la sanidad, los servicios sociales, medio ambiente, cultura o empleo, entre otros, se da entrada a empresas privadas a cualquier ámbito público para llevar a cabo procedimientos administrativos», dice el presidente de CSIF en la región.
La temporalidad, otra forma de precariedad laboral, también es un enorme mal en la Función Pública de la región, ya que, según denuncia, los últimos datos del Boletín Estadístico al Servicio de las Administraciones Públicas, relativos a julio de 2024, muestran que el 40% de trabajadores públicos de la región son temporales: más de 21.900 trabajadores de administraciones locales, más de 20.700 profesionales de ámbitos sanitarios o más de 10.300 docentes interinos.
«Además, continuamos con la carrera profesional paralizada en el Sescam y somos la única comunidad autónoma que tiene este derecho congelado; en Educación, solo cobran el verano los interinos a los que se les adjudique, durante el mes de septiembre y octubre, una plaza para todo el curso. Asimismo, el Plan de Acción Social, instaurado en 1988, continúa eliminado desde la época de Cospedal», denuncia.
“Sufrimos los recortes de Page-Cospedal: es triste que a pesar del cambio de color político en 2015 al frente de la Junta de Comunidades, tengamos que seguir hablando de ambos presidentes autonómicos en los mismos términos negativos”, concluye Domínguez.
