El Heraldo del Henares
El juzgado de lo Penal número 2 de Guadalajara ha señalado los próximos días 6, 8, 13, 15, 20 y 22 de julio para la celebración del juicio contra tres técnicos de la Junta de Castilla La Mancha destinados en la Sección de Menores de Guadalajara y la bisabuela del niño de 13 años que supuestamente murió por falta de atención médica en Alovera el día 9 de octubre de 2014,
El juicio estaba señalado el 10 de diciembre de 2020, pero fue suspendido por el juzgado al no haber recibido con tiempo algunas de las partes la documentación completa para su estudio, por lo que se ha designado esta nueva fecha para que puedan comparecer en forma todas las partes.
Los tres técnicos de la Junta de Castilla La Mancha destinados en la Sección de Menores de Guadalajara y la bisabuela del niño se enfrentan a penas de 2 años y seis meses de cárcel por homicidio, según el escrito de acusación presentado por el fiscal y por las acusaciones particulares y a los que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES.
Según estos escritos, para los tres técnicos la calificación es de ‘homicidio por imprudencia profesional’, por lo que además de los dos años y seis meses de prisión se ha solicitado «cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con menores».
De acuerdo con el escrito de acusación provisional realizado por el Fiscal, que luego puede ser modificado en la sesión de juicio oral, el menor falleció el día 9 de octubre de 2014 en el interior del domicilio de su bisabuela, I.A.S.F., con la que convivía desde hacía 10 años al habérsele otorgado ‘la guarda por acogimiento familiar’ por la consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Castilla La Mancha.
Este acogimiento, primero temporal, se convirtió en permanente debido a las circunstancias excepcionales que impedían a los padres del menor hacerse cargo del mismo.
Según el fiscal, el padre del menor, B.G.J., al que se le había retirado la guarda y custodia del mismo hacía años, comenzó a retomar su contacto con el niño en enero de 2014, momento en el que mostró al jefe de sección de la Junta, F.C.U., su preocupación por la salud e higiene del menor y de la vivienda.
También desde el colegio aloverano Virgen de la Paz, en mayo de ese año 2014, se reunió con una de estos técnicos, E.G.Z., para informarle que las profesoras llevaban un tiempo «detectando pequeñas enfermedades y que el niño les comenta que no ha ido al médico».
De hecho, en esta misma reunión, las propias profesoras le llegan a comentar a la técnico «si la mejor opción para el menor es mantener el acogimiento», según consta en el escrito de acusación del fiscal.
Posteriormente, en junio de 2014, el propio director de ese colegio remitió un informe a otra de las técnicos de la Junta, M.G.G., en el que se hacía constar que el menor presentaba absentismo escolar y que le «preocupaba especialmente su salud».
Según el informe que remitió este director, se había constar también que el niño iba al colegio «con semblante enfermizo, habiendo adelgazado de forma significativa, le han salido sarpullidos en la cara y ha acudido con fiebre». Además, añadía, «el menor les manifestó que no le llevan al médico».
A partir de septiembre, el menor comenzó su escolarización en la ESO en el instituto de Alovera, Carmen Burgos de Seguí, donde los profesores siguieron mostrándose preocupados por el estado de salud del menor.
Así, consta en el expediente judicial, según el fiscal, la remisión de varios correos electrónicos remitidos a la técnico E.G.Z., entre los días 22 de septiembre y 6 de octubre de 2014, es decir, nada más comenzar el curso y apenas tres días antes de su fallecimiento, en los que alertan de que «hay que llevar al niño al médico de forma urgente porque tiene los ojos amarillentos».
Tres días después, el 9 de octubre de 2014, sobre las 6:43 de la mañana, la bisabuela del menor, I.A.S.F., realizó una llamada urgente al 112 pidiendo un médico porque el niño «se había tomado antes de ayer una cocacola de 2 litros y no dejaba de vomitar».
El operador del 112 le pasó el teléfono al médico coordinador del Sescam y tras una breve conversación con al bisabuela, le recomendó no tomar nada en unas horas, que le diera paracetamol para el dolor y que llamara al pediatra de su centro de salud por la mañana.
Según los partes médicos que obra en las actuaciones del mismo día 9 de octubre, la médico de cabecera informó que la bisabuela llamó por teléfono y cuando se le pidió que llevara al niño a consulta esta contestó que «no puede», por lo que le recetaron telefónicamente Sueroral y Acuarius.
También consta un informe de la pediatra que informó que ese día 9 de octubree habló con la bisabuela, pero que cuando le preguntó que dónde estaban los padres del niño, esta se molestó y terminó colgando el teléfono.
Por ese motivo, la pediatra intentó contactar de nuevo con la bisabuela a través de dos números de teléfono que tenían de ella, sin éxito, ya que en uno saltaba el mensaje automático de «apagado o fuera de cobertura» y en el segundo el mensaje de «este teléfono tiene restringidas las llamadas».
Esa misma tarde, poco después de las 20,00 horas, una mujer llamaba urgentemente al 112: su vecina le había dicho que su nieto de 13 años se estaba muriendo, que no tenía pulso. Minutos después, fallecía.
Según la autopsia, el niño había muerto por parada cardiorrespiratoria secundaria a shock hipovolémica, siendo la causa del mismo la cetoacidosis diabética por diabetes mellitus».
Según el fiscal, esta enfermedad no fue detectada en ningún momento anterior a su fallecimiento por falta de asistencia médica al menor a pesar de que el mismo lo reiteró en diversas ocasiones, por l que en caso de que se hubiera detectado a tiempo y con el tratamiento adecuado se hubiera impedido su muerte».
El niño, de 13 años de edad y una altura de 1,51 metros, pesaba el día que murió 26,5 kilos, «con estado de desnutrición».
Ahora, tanto el fiscal como las acusaciones particulares, representadas por el padre y la madre del menor fallecido, piden dos años y seis meses de cárcel para los cuatro acusados, así como cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con menores a los tres técnicos de la Administración regional, una de ellas Trabajadora Social de una asociación de acogimiento familiar con convenio con la Junta.
Además, las acusaciones particulares han reclamado la cantidad de 84.359,13 euros en concepto de responsabilidad civil que deberán ser abonados por la Junta de Castilla La Mancha y dicha asociación, o las aseguradoras de las mismas.
Por su parte, la defensa de la bisabuela ha solicitado la libre absolución de su defendida al entender que no cometió ningún delito.
El juicio comenzará el día 6 de julio de 2021, a las 9,15 horas en la sala de audiencias del juzgado de lo Penal número 2 de Guadalajara con las declaraciones de los cuatro acusados.
Está previsto que continúe los días 8, 13, 15, 20 y 22 de julio con las declaraciones de más de 30 testigos, entre familiares, amigos, compañeros de clase, guardias civiles, médicos, profesores y peritos.
