El Heraldo del Henares
La dirección del hospital universitario de Guadalajara reconoció por escrito en dos ocasiones al juzgado que investigaba una agresión sexual a una paciente por parte de un celador que no existía grabación de las cámaras de seguridad del día de los hechos porque la cinta se regrababa cada veinte días.
Sin embargo, consta en las actuaciones judiciales que tanto la psiquiatra de la niña, como una auxliar y una enfermera, el director de Gestión, Aurelio Zapata y la propia Policía Nacional tenían conocimiento de los hechos tan solo cuatro días después de ocurridos los mismos, sin que desde el hospital, a la vista de dichos oficios judiciales, se hiciera nada por conservar esas imágenes antes de que se regrabaran otras encima y se perdieran para siempre.
Según la documentación a la que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES, en dos ocasiones el juzgado de instrucción número 3 de Guadalajara requirió por escrito al Sescam para que le remitiera las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital instaladas en la zona donde ocurrieron los mismos, es decir, en el pasillo de la quinta planta en la que se encontraba ingresada la víctima.
Y en dos ocasiones, los días 19 de octubre de 2020 y el 4 de enero de 2021, el Sescam contestó al juzgado que no disponía de esas grabaciones.
Así, en la primera de las contestaciones, el subdirector de Gestión del hospital, Antonio García Blanco, informó de forma escueta y sin más aclaraciones al juzgado que «no se disponen de grabaciones por tiempo superior a 20 días, por lo que debido al tiempo transcurrido, ya no existen grabaciones disponibles».
Ante este respuesta, el juzgado quiso profundizar más y saber los motivos por los que no se habían conservado estas grabaciones y volvió a requerir al Sescam para que le informase sobre los ‘datos relativos a la destrucción de las grabaciones de seguridad, el acuerdo sobre su destrucción y los motivos, así como que se manifiesta si el hospital era conocedor de los hechos sobre los que versa el procedimiento’.
En esta segunda ocasión, el que asumió la responsabilidad de contestar al juzgado fue el propio gerente del GAI de Guadalajara, Antonio Sanz Villaverde, quien en fecha 4 de enero de 2021, respondió por escrito al juzgado que «las grabaciones no se destruyen, sino que no se dispone de ellas cuando transcurre un tiempo superior a 20 días, dado que se sobregraban dando paso a grabaciones más actuales».
Y para eludir responsabilidades respecto al claro escrito del juez, Sanz Villaverde aclaraba que «no llevando a cabo (sic) el hospital dicha destrucción de imágenes de forma voluntaria».
Estos oficios contrastan con la información que, según la familia de la niña agredida les dio el director de Gestión del hospital, en aquel entonces el actual diputado socialista Aurelio Zapata, quien tras reunirse con los padres el lunes 27 de julio de 2020, esto es, tan solo cuatro días después de ocurridos los hechos y quince días antes de que las cintas se sobregrabaran y se perdieran las imágenes de la planta 5ª, les informó que «las cámaras no eran de grabación, sino de vigilancia».
Además, estas afirmaciones difieren de lo establecido en el ‘Manual de Procedimientos del Sescam para el Servicio del hospital de Guadalajara’, vigente en la fecha de los hechos, que establecía que ‘el edificio queda protegido en sus instalaciones de 74 cámaras entre fijas y domos, que son visionadas en el cuarto de seguridad… quedando registradas las grabaciones en los videograbadores, mediante soporte digital, con grabación las 24 horas».
Sin embargo, este manual no debía ser conocido por la representante legal del Sescam, quien en su declaración judicial llegó a reconocer que ‘desconocía el tema de las cámaras, si funcionaban’, respuesta calificada como ‘llamativa‘ por la presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara y ponente de la sentencia que condenó al celador, Isabel Serrano Frías.
Asimismo, la propia consejera portavoz del Gobierno de Castilla La Mancha, Blanca Fernández, reconoció, tres años después de ocurridos los hechos y solo cuando se publicó la sentencia que condenaba al celador y se generó una amplia polémica social, que este sistema sí grababa las imágenes, por lo que «hay que intentar aprender de los errores. Si se borraron las imágenes en 15 días y era obligatorio tenerlas 30, hay que saber que esto puede pasar».
Finalmente, dichas imágenes, si en algún momento habían quedado recogidas en los sistemas de grabación tal como señalaba el Manual, nunca llegaron al juzgado porque nadie las salvó antes de que se borraran 20 días después de ocurridos los hechos.
Una víctima que denuncia que fue abandonada por la dirección socialista del hospital
La joven, que cuando ocurrieron los hechos tan solo contaba con 18 años, perdió varios dientes al desmayarse tras la agresión sexual
Los hechos tuvieron lugar el 23 de julio de 2020, cuando el país todavía sufría los confinamientos -luego declarados inconstitucionales– decretados por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.
En esa época, esta joven, como tantos otros jóvenes que resultaron afectados psicológicamente por culpa de la restricción inconstitucional de libertades individuales que sufrieron los españoles durante aquellos meses, sufrió desórdenes psicológicos, en su caso en forma de trastornos alimentarios. Por ese motivo, fue ingresada en el hospital de Guadalajara. Allí, siguiendo un estricto protocolo sanitario, también estaba aislada de su entorno familiar y social.
Es durante esa estancia cuando la joven comienza a sufrir el acoso de un celador del hospital alcarreño. Así, un día le dio un beso y le realizó varios tocamientos supuestamente casuales, ante los que la joven reaccionó. Sin embargo, el ahora condenado terminó entrando en su habitación y la sometió a abusos sexuales con introducción de su pene en la boca de la niña.
Esta chica, de 18 años, queda en shock y es incapaz de articular palabra hasta pasados unos días gracias a una auxiliar del propio hospital que la nota muy decaída y consigue sonsacarle la verdad: ha sufrido una agresión sexual por parte de otro trabajador del centro.
Al poner su caso en conocimiento de los sanitarios sufre un ataque de ansiedad y de un puñetazo a una pared se hace una lesión en la mano. Más tarde, a causa de la tensión y del estrés pierde el conocimiento, cae al suelo y al golpearse pierde varias piezas dentales.
Finalmente, consiguen llevar a juicio al celador y este resulta condenado a cuatro años de cárcel y a una orden de alejamiento de la víctima durante 10 años.
Lo peor, según la joven es que además de que la pena es escasa, fue que el hospital de Guadalajara y sus responsables hicieron oídos sordos a su denuncia de la joven: “La psiquiatra me dijo que es un problema que tengo que gestionar, yo decido si sigo adelante con el tema y denuncio; o si, por el contrario, ellos hacen como que no ha pasado nada y se queda todo ahí”.
En su relato la joven sigue insistiendo en el mal proceder: “Cuando lo conté pedí por favor que se revisaran las cámaras y la psiquiatra y el director de gestión, Aurelio Zapata, nos dijeron que esas cámaras eran de vigilancia y no de grabación. Mi abogado descubrió que sí grababan y se destruía en unos días”.
Además, después de todo lo ocurrido, la joven descubrió que ese celador había seguido trabajando en el centro hospitalario un año y medio más. “Se le prohibió que volviera a la planta pero es verdad que coincidimos en el ascensor”.
Es más, según la agredida, la dirección del hospital, en manos de cargos del PSOE, lo que defendió durante esos meses era que había que respetar la presunción de inocencia de este celador. Por eso lo mantuvieron trabajando un año y medio.
En la sentencia que condenó al celador, el juez también condenó al SESCAM, dependiente de la consejería de Sanidad de Emiliano García Page, como responsable civil subsidiario, a abonar a la víctima en 6.000 euros por los daños morales y 4.170 euros por las lesiones y secuelas.
