El Heraldo del Henares
El colegio de abogados de Guadalajara se ha sumado a la convocatoria realizada por el Consejo General de la Abogacía para el próximo 28 de junio ante las principales sedes judiciales de todas las provincias españolas, que tiene como fin mostrar su profunda preocupación ante la paralización del sistema judicial que están ocasionando las sucesivas huelgas y paros convocados por los diferentes funcionarios relacionados con el mundo judicial.
“Estamos llegando a una situación de insostenibilidad total”, ha señalado el decano del colegio de abogados de Guadalajara, Emilio Vega Ruiz, quien ha pedido a los colegiados que acudan a esta concentración para mostrar su “profundo malestar con la situación laboral que están viviendo».
“Sé que hay compañeros que lo están pasando muy mal y vamos a tratar de solventar determinadas situaciones puntuales, pero esto es algo que nos afecta al 100% de los abogados que ejercemos y vivimos de esto en mayor o menor medida”, ha añadido Vega Ruiz.
Por ello, ha solicitado a los colegiados a que acudan a la concentración convocada para el próximo 28 de junio a las 12,00 horas ante el edificio principal de los Juzgados de Guadalajara capital.
Esta movilización convocada a nivel nacional se decidió en sesión plenaria del Consejo General de la Abogacía Española, en la que también se acordó el inicio de una serie de acciones para que se alcance un acuerdo que reactive de forma inmedita el servicio público de Justicia.
En un principio, fue el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, antiguamente denominados secretarios judiciales, la que paralizó los procedimientos judiciales entre enero y marzo de este año, hasta que consiguieron un incremento mensual de 430 euros.
Posteriormente, fueron los jueces y fiscales quienes anunciaron una huelga si no se actualizaban sus nóminas en una cantidad similar o superior, algo que fue aceptado por el ministerio sin necesidad de llegar a la huelga.
Finalmente, quienes se pusieron en huelga indefinida desde el pasado 22 de mayo fueron los Cuerpos Generales de Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia, los que se encargan de tramitar los procedimientos, unos 45.000 funcionarios en toda España.
Estos funcionarios reclaman que si los letrados han conseguido una subida de 430 euros al mes por funciones que habitualmente realizan los gestores, tramitadores y auxilio judiciales, que a ellos también les correspondería otra subida en función del trabajo que realmente realizan. También exigen que se delimiten con claridad sus funciones.
Con este colectivo el ministerio se ha negado a negociar ni un solo punto de los reclamados con el argumento de que el 30 de mayo se habían disuelto las Cortes, algo que, según el comité de huelga de funcionarios, no impide sentarse a negociar y tomar decisiones.
