Más del 80% de los funcionarios de la Administración de Justicia de toda España se han sumado a los paros parciales de 3 horas al día este lunes 17 y mañana martes 18 de abril, convocados por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT para reclamar al ministerio que se paralice la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa y se proceda a adecuar sus retribuciones al trabajo realmente realizado en las oficinas judiciales.
Además, los funcionarios se han concentrado a las puertas de los edificios judiciales, entre ellos los de las cinco provincias castellanomanchegas, para dar visibilidad a su protesta.
Según han informado en un comunicado los sindicatos convocantes, el miércoles 19 está convocada una jornada de huelga de todo el día, con una manifestación ante los ministerios de Justicia y Hacienda y Madrid, para continuar el resto de días con paros parciales de 3 horas, entre las 10 y las 13,00 horas de cada mañana y ya de forma indefinida.
Esta cifra de seguimietno de los paros ha provocando la suspensión de centenares de miles de actuaciones en los juzgados y tribunales, como declaraciones, notificaciones, citaciones, comparecencias, juicios, embargos, desahucios, diligencias del registro civil e institutos de medicina legal y de toxicología, etc.
Solo se están cumpliento os servicios mínimos decretados por el ministerio a fin de garantizar la atención a las víctimas más vulnerables y a la garantía de los derechos fundamentales.
«Exigimos a la ministra de Justicia que remita de inmediato una propuesta para comenzar las negociaciones y evite así un mayor deterioro del servicio público de justicia y una nueva acumulación de retrasos en el despacho y resolución de asuntos», han señalado estas fuentes.
Estos paros llegan tras finalizar la polémica huelga indefinida seguida por los letrados de la Administración de Justicia, que reclamaron mayores retribuciones por el alto número de funciones que tienen encomendadas, funciones que, según los sindicatos de los funcionarios, en su gran mayoría son realizadas por los trabajadores de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio sin que hayan sido incluidos en las negociaciones de los letrados.