El Heraldo del Henares
El Consejo de Ministros del Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha nombrado en su reunión de hoy lunes 31 de octubre a la exconcejal socialista del Ayuntamiento de Guadalajara, Magdalena Valerio, como nueva presidenta del Consejo de Estado.
Según han informado fuentes de Moncloa en un comunicado, Valerio, licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social (A2), sustituirá a partir de ahora en este organismo a su predecesora, María Teresa Fernández de la Vega.
La designación de Valerio para este cargo ha generado una amplia polémica política, incluso entre los socios de Sánchez, ya que una de las condiciones para ocuparlo es ser ‘jurista de reconocido prestigio’, requisito del que carece la exconcejal socialista del Ayuntamiento de Guadalajara, al no haber ejercido nunca el Derecho como jurista.
No obstante, en el currículum remitido por Moncloa, figura que Valerio sí es ‘jurista de reconocido prestigio’, pero no especifica las tareas desarrolladas en esta materia por la nombrada.
Otras de las condiciones establecidas para ocupar el cargo es la de ‘experiencia en asuntos de Estado‘, aunque en este caso sí se le podría aplicar a Valerio este requisito por el tiempo que ejerció el cargo de ministra de Trabajo y Asuntos Sociales.
Valerio también ha desempeñado funciones de funcionaria del cuerpo administrativo de Gestión en el INSALUD, en el INSERSO y en Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCMM). En dicho cargo realizaba tareas de gestión administrativa no específica de Técnicos Superiores (A1).
Más amplia que su trayectoria como funcionaria ha sido su trayectoria política como militante socialista. Además de edil del Ayuntamiento de Guadalajara (se presentó a las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011 como cabeza de lista del PSOE y fue doblada en votos por el PP de Antonio Román, 16 concejales frente a 8); Valeria también ha sido diputada nacional, delegada provincial de la Junta en Guadalajara; consejera de la Junta en diversas Consejerías y, finalmente, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la legislatura de la moción de censura que aupó a Sánchez a la Presidencia del Gobierno.
Valerio nunca ha ejercido el Derecho como jurista, lo que supuso que en su ‘examen’ en el Congreso de los Diputados como elegida para el cargo de presidenta del Consejo de Estado recibiera numerosas críticas, incluso de los partidos que apoyan a Sánchez, además de la abstención del PP y el voto en contra de VOX.
La figura de ‘jurista de reconocido prestigio’ en las leyes
Aunque siempre se genera controversia política y mediática sobre las diferentes interpretaciones de lo que significa la expresión ‘jurista de reconocido prestigio’, tanto la Constitución Española de 1978, la Ley Orgánica del Poder Judicial y numerosas sentencias del Tribunal Supremo lo dejan meridianamente claro: jurista de reconocido prestigio es aquella persona que se dedica al mundo del Derecho de forma profesional y acumula en su haber un determinado número de años en función del cargo que vaya a ocupar.
Así, para el de magistrado juez del Cuarto Turno, la antigüedad ejerciendo el Derecho sería de 10 años (artículo 311 de la LOPJ), mientras que para el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional ese periodo se amplía hasta los 15 años (artículo 159 de la Constitución Española).
Más afina el Tribunal Supremo a la hora de definir lo que es un ‘jurista de reconocido prestigio’. Son numerosas las sentencias dictadas anulando -o confirmando- nombramientos para cargos públicos. Y lo resuelve de la siguiente manera: ‘…los servicios a computar a los efectos que nos ocupan vendrían referidos exclusivamente a aquellos períodos en que el codemandado desempeñó su profesión y no a aquellos en los que fue nombrado Alto Cargo ya que de conformidad con lo establecido en la LOFAGE para dichos nombramientos no es necesario ser Licenciado en Derecho, ni, en consecuencia tener acreditada una determinada experiencia profesional jurídica, siendo suficiente con pertenecer al grupo A…’. (STS 3158/2011).
El Consejo de Estado basa su actividad en la excelencia jurídica
El Consejo de Estado sito en pleno centro de Madrid, en el número 79 de la calle Mayor, fue fundado en 1526 por Carlos V y es el máximo órgano consultivo del Gobierno de España.
Formado por la Comisión Permanente y el Pleno, el Consejo tiene relevancia Constitucional y basa su actividad en la reflexión, el diálogo y la excelencia jurídica a la hora de emitir los dictámenes, mociones, informes y propuestas de reforma que le consulta el Gobierno u otros organismos previstos en la Ley Orgánica que lo regula.
El Consejo sitúa en el centro de sus preocupaciones la lealtad constitucional y la defensa del Estado social y democrático de Derecho, como expresión de los derechos de la ciudadanía.
Entre sus miembros permanentes figuran varios expresidentes del Tribunal Constitucional, como Miguel Rodríguez Piñero; magistrados y juristas como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los siete padres de la Constitución de 1978; Fernando Ledesma, magistrado juez del Supremo y exministro de Justicia, y diferentes catedráticos y doctores en Derecho.
