Cinco años y medio…

    El juicio penal a los autodenominados «Los 5 del Buero» nunca debió celebrarse. Al menos en las condiciones que se hizo y con las acusaciones que se plantearon: atentado y desórdenes públicos.

Vayamos por partes. El 7 de septiembre de 2011, alrededor de 400 personas se manifestaban en la plaza del Jardinillo contra la política de ajustes presupuestarios decretada por la recién elegida presidenta de la Junta de Castilla La Mancha, Dolores Cospedal, ante la situación de quiebra de las arcas públicas regionales. Los manifestantes contaban con autorización administrativa para ello. En un momento dado, se vota a mano alzada trasladarse hacia el Teatro Buero Vallejo, que en ese momento acogía el tradicional Pregón de Ferias. Allí estaba concentrada buena parte de la clase política alcarreña y la mayoría de periodistas. Los manifestantes sabían que su protesta tendría más eco llevándola hacia donde se encontraban los políticos y periodistas.

Una vez en el teatro, donde no tienen autorización administrativa para manifestarse, comenzaron a hacer ruido para llamar la atención de los congregados y posteriormente intentaron acceder al patio de butacas, donde el público seguía en esos momentos el pregón a cargo de la escritora Almudena de Arteaga. Según el juez, se produjeron algunos forcejeos, empujones y caídas al suelo, tanto de agentes de policía, algunos de los cuales resultaron con heridas leves, como de manifestantes.

Durante los hechos, tanto el alcalde Antonio Román, como la entonces subdelegada del Gobierno, que también se encontraba en el interior del teatro, la socialista Araceli Muñoz de Pedro, intentaron dialogar con los manifestantes para que no provocaran la suspensión del acto, algo que finalmente se tuvo que decretar.

Dos días después de ocurrido todo, un agente de Policía Local denunció en Comisaría de Policía Nacional a cinco de los integrantes de la manifestación, cuatro docentes y un integrante del Movimiento 15M.

Hasta aquí el relato fáctico de lo ocurrido. Vayamos a los argumentos jurídicos por los que compartimos la resolución absolutoria del juez de lo Penal, según la cual estos manifestantes nunca deberían haber soportado un juicio penal y sí, quizá, ellos o quienes hubieren sido responsables de la convocatoria ilegal de esta segunda manifestación, una sanción administrativa por manifestación no autorizada y/o alteración del orden público. Sanción que nunca se produjo no sabemos si en base al principio de «non bis in idem» al haberse abierto ya el procedimiento judicial o, sencillamente, porque la subdelegación del Gobierno, responsable de incoar el procedimiento sancionador administrativo, estaba en manos del PSOE y este partido apoyaba sin fisuras estas manifestaciones contra el Ejecutivo regional de Cospedal, incluso convocándolas. En todo caso, no se abrió ningún expediente sancionador contra ningún manifestante.

Dice el juez de lo Penal que nunca en toda la fase de instrucción, ni siquiera en la calificación de hechos que constaba en el auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado ni las partes ni el juez notificaron a los investigados que se seguía contra ellos un proceso por desórdenes públicos, sino de «resistencia grave y desobediencia a los agentes de la autoridad». Es decir, había concluido técnicamente la instrucción para dar paso a la fase de apertura de juicio oral y nadie había interrogado a los entonces imputados por su participación en un delito de «desórdenes públicos».

No es hasta el 2 de julio de 2015 «en que sorpresivamente», según el juzgado de lo Penal, se dicta auto de apertura de juicio oral en el que ya se imputa un delito de «desórdenes públicos» a los cinco manifestantes. Es decir, en ningún momento de la fase de instrucción se informó a los acusados de que se les iba a juzgar por ese delito, por lo que en ningún momento estos pudieron defenderse ni proponer pruebas en contrario.

Ítem más. Todos estos delitos, desórdenes públicos, resistencia y atentado, son delitos públicos, no privados. O lo que es lo mismo, no cabe acusación particular respecto de los mismos. Es como si un juez se querellara contra todos los que quebrantaran las condenas impuestas por él. Por ello, la única acusación que puede perseguir estos hechos es la pública, la ejercida por el ministerio fiscal en nombre del Estado, que es el perjudicado por dichos desórdenes, no los policías. Pero se dio la circunstancia de que el fiscal, el 16 de mayo de 2012 pidió el sobreseimiento de los delitos públicos y la continuación del procedimiento ya no como abreviado, sino como juicio de faltas por lesiones leves a los policías.

Ante este escrito del fiscal y no habiendo acusación particular en ese momento legalmente personada, dice el juzgado de lo Penal que el juzgado de instrucción debería haber procedido al sobreseimiento de los delitos y a la continuación de la denuncia como juicio de faltas por lesiones leves de los agentes de policía denunciantes.

Sin embargo, el proceso continuó y el 2 de julio de 2015 se dicta el auto de apertura de juicio oral por desórdenes públicos. Finalmente, el 14 de febrero de 2017, cinco años y medio después del alboroto del Buero, se celebra el juicio y el 23 de febrero el juez de lo Penal, en una durísima sentencia de 18 folios, desmonta toda la instrucción y la acusación particular y absuelve a los cinco manifestantes.

Vivir en una democracia avanzada como la española significa estar sometido al imperio de la ley, aunque a veces con sentencias como la del Caso Urdangarín uno tenga sus dudas de que este imperio no tenga sus fisuras y vías de agua. Sin embargo, sentencias como la de los incidentes del Buero nos reconcilian, momentáneamente, con la administración de justicia.

Es cierto que hubo incidentes, es cierto que hubo alboroto, es cierto que existieron forcejeos y empujones a los agentes locales que se encontraban en el recinto y que algunos tuvieron lesiones leves. También es cierto que -la del Buero- no era una manifestación autorizada y también estoy seguro que de haber portado los manifestantes los estandartes azules del PP en vez de camisetas verdes contra Cospedal, la entonces subdelegada del Gobierno, la socialista Araceli Muñoz de Pedro, habría abierto un sinfín de expedientes gubernativos sancionadores. Porque debió haber sanciones a los responsables, quienes fueran, de la manifestación ilegal, la segunda. El derecho de los manifestantes acababa en las puertas del teatro, donde otras cientos de personas habían decidido libremente asistir al Pregón.

Pero dicho todo lo anterior, hay que recalcar que nada de lo ocurrido esa tarde en el Buero era constitutivo de delito. Y eso es lo importante. De haberse seguido la máxima de intervención mínima del derecho penal en la vida de los ciudadanos todos nos habríamos ahorrado cinco años y medio de proceso judicial, con lo que ello conlleva: para unos la pena de banquillo, para la sociedad en sí un ingente gasto de dinero público.

Lo positivo es que ahora, con el cierre del proceso judicial, los manifestantes de entonces podrán volver a las calles para exigir al Gobierno de García Page que no mantenga los ajustes presupuestarios de Cospedal por los que entonces protestaban y que aún hoy siguen vigentes, algunos ampliados, pues ya no han de temer ninguna imputación judicial.

Sin embargo, mucho me temo que no veremos manifestación alguna contra el actual Ejecutivo, por muchos recortes que mantenga, y sí veremos protestas como la del día 9 de marzo, convocadas contra el Gobierno nacional, que pocas competencias tiene ya en la Educación. Vivir para ver. Por eso siempre digo que no es el fuero, sino el huevo.

Candidato a alcalde y ahora en prisión

El que fuera alcalde de Cogolludo y candidato a la reelección en las municipales de mayo de 2015, Jaime de Frías, del PP, ha ingresado en prisión para cumplir una condena de dos años por apropiación indebida, no en su calidad de alcalde de este municipio alcarreño, sino como dueño de una agencia de viajes.

Según el PSOE, De Frías no pudo asistir de esta forma a otra cita judicial para declarar como investigado, esta vez sí por temas relacionados con su ejercicio instititucional.

https://www.elheraldodelhenares.com/pag/noticia.php?cual=33521

Dice el PSOE que en noviembre de 2014 ya pesaba sobre De Frías la condena en firme que, además de prisión, le privaba del derecho a ejercer cargo público, y que, a pesar de ello, su partido, el PP, lo presentó como candidato en las elecciones de 2015. Esto nunca debió haber ocurrido. ¿Se imaginan por un instante el escándalo a nivel nacional que hubiera supuesto para este municipio que De Frías hubiera sido reelegido en mayo de 2015 para la Alcaldía y, unos meses después, en mitad de su mandato, hubiera ingresado en prisión? ¿Qué motivos, si los hubo, tuvo el PP para aceptar mantenerlo como candidato a pesar de que ya había una sentencia firme contra él?

De verdad, que hay cosas que nunca entenderé de la clase política.

Podemos y su crucifixión a los periodistas

Los periodistas de Guadalajara acabamos de enterarnos por la prensa que laAsociación de la Prensa de Madrid ha emitido un durísimo comunicado de condena hacia la formación política Podemos, por atacar la libertad de expresión de los periodistas, llegando incluso a las amenazas e insultos a través de las redes sociales.

http://www.elmundo.es/espana/2017/03/06/58bd1ad5e2704e113d8b462f.html

Esto no es un problema exclusivo de Podemos, sino de la clase política en general: no le gusta un periodista y comienza una guerra sin cuartel contra él, con descalificaciones continuas para que sus acólitos dejen de leer o no tomen en serio las investigaciones de ese periodista. Lo hace Podemos a gran escala, no hay más que ver las redes sociales que manejan como nadie, verdaderos nidos de odio y rencor para los que no piensan como ellos. Pero esto, en menor medida, también lo hacen el PP y el PSOE. En Guadalajara, por ejemplo, hay un maestro en el arte del insulto y descalificación en las redes sociales: no hay un solo medio que no le haya bailado el agua al que no califique de «derecha radical» o de, irónicamente, «izquierda verdadera». Adivinen ustedes quién es el personaje.

Pero la culpa no solo la tienen los políticos, sino muchos periodistas que se sienten cómodos alineados en bandos y no se unen nunca cuando el agredido es del supuesto bando contrario. Saben, porque se estudia en primero de carrera, que el atacado no es el periodista, sino la sociedad en su conjunto, pues una sociedad libre necesita necesariamente de una pluralidad de voces imprescindibles para que exista democracia. Pero les da igual.

Qué suerte tienen en Madrid de contar con una asociación de la Prensa que defiende el interés de los periodistas sin preguntar en qué medio trabajan, si están asociados o no, si son autónomos o profesionales, si son corresponsales o directores… En Castilla La Mancha se censura a periodistas incluso de agencias públicas de comunicación y las asociaciones y secciones sindicales de sindicatos de clase, debidamente informados, mirando para otro lado.

https://www.elheraldodelhenares.com/pag/noticia.php?cual=33334

@HeraldodelHenar