El Heraldo del Henares
Por primera vez en la historia, los humanos estamos viviendo la pandemia en un tiempo real, ya que todos los días y en todo el mundo se informa de la evolución del problema en cada país.
Es verdad que nadie puede saber si «el estado de alarma» (en España) debe seguir, aunque deseáramos, cuanto antes, una cierta normalidad libre y responsable.
Después de un tiempo prudencial, el pueblo «confinado» seguro que ha aprendido a hacer algo más que aplaudir. El virus impone prudencia pero que no hay una única forma de enfrentarse al enemigo; ni el COVID-19 tiene poder para secuestrar la democracia y la libertad. Pero existe el peligro de que eso se produzca, si no se ha producido.
¿No es posible ver con otra mirada la realidad? No tiene por qué ser una crítica. Puede ser una opinión objetiva, autorizada y limpia. ¡Mejor que sean varias! No son personas críticas de una red social. El problema es el silencio. Algunos alzan la voz.
Mariano Barbacid, bioquímico y Jefe de Oncología del CNIO, no entiende que los obreros de la construcción sean considerados esenciales y los investigadores no. «¿Cómo es posible que en estos tiempos en los que la ciencia es tan necesaria, los principales centros de biomédica permanezcan cerrados? Estos centros tienen docenas de maquinas de PCR y, por supuesto, personas expertas que saben hacer test para identificar a personas asintomáticas que puedan ser portadoras del virus y potenciales contagiadores sin saberlo. Todos somos conscientes que la validez de los resultados de los pcr en personas no es lo mismo que hacerlo a un animal de experimentación, pero los test de pcr son simples, y en manos expertas el riesgo de tener un falso negativo o un falso positivo es un pequeño riesgo si lo comparamos el riesgo que representa qué parte de la población o incluso los trabajadores de una empresa pueden transmitir la enfermedad«.
Tal vez el control de la acumulación de poder es el gran problema de la autoridad política, en cualquier país democrático. En el nuestro también.
De hecho, los guardianes de la salud y de la libertad, de la UNESCO, advirtieron el 6 de abril de 2020, a través de El Comité Internacional de Bioética y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología, que en la Pandemia había unas líneas rojas que no se deberían traspasar y para ello, decían: «las decisiones políticas deben tener un fundamento científico, además de inspirarse en la ética y guiarse por ella». Y añadían que siempre es preciso tener en cuenta la dignidad de la persona humana (tenga la edad que tenga) y no caer «en la selección de pacientes cuando hay escasez de recursos»; y el derecho de todos los ciudadanos a una información que debía de ser «precisa, clara, completa y transparente». Tuve ocasión de recordarlo y ponerlo por escrito la semana pasada, como recordarán mis lectores.
No podemos ignorar que en los pocos meses que llevamos del año 2020, por el tema del virus, sin preguntarse cómo, cuándo y cuánto se ha extendido la pandemia, han saltado todas las alarmas.
Así que son muchos quienes comparten la autorizada opinión de la Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, en un artículo de opinión, titulado «La sociedad cautiva», en EL Mundo,»(4 de mayo 2020).
La valiente fiscal cree que estamos ante un ejercicio antidemocrático de poder bajo la imposición encubierta de un verdadero estado de excepción, en el que se restringen severamente los derechos, bajo cobertura de la prórroga del estado de alarma, y que el control de la acumulación de poder es el gran problema de la política.
Me tomo la libertad de acercarme al escrito de una mujer preparada, jurista acreditada, que ha estado destinada en las Fiscalías de Santa Cruz de Tenerife, Palencia y Madrid, así como en la del Tribunal de Cuentas y en la Fiscalía General del Estado. Ha sido Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, adscrita a la Sección de lo Penal de la Fiscalía del TS. En 2014 Consuelo Madrigal fue nombrada nueva fiscal general del Estado. El 12 de enero de 2015 toma posesión ante Su Majestad el Rey Felipe VI, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo.
Pues bien, analizaremos su punto de vista. Ella no duda en afirmar que «al margen de las cifras manipuladas, la magnitud del desastre se mide ya en términos de derrumbe social, moral y económico».
1) Experiencia de dolor, desprotección y soledad.
La autora parte de la durísima realidad vivida en España por más de 26.000 familias: «muerte, enfermedad, pérdida de seres queridos, temor al contagio propio y ajeno, inaccesibilidad al diagnóstico y al tratamiento, inexistencia de instrumentos de protección. A tanta aflicción se han sumado la impotencia del aislamiento y la amargura de la soledad. La tecnología proporciona recursos comunicativos e incluso impone una hiperconectividad, sustitutoria de la satisfacción emocional. Triste sustituto que ha sido -lo sabemos-, manipulado, monitorizado y pervertido desde el poder«.
Pero, el dolor en muchas ocasiones, es provocado por la falta de ética y la mala gestión, silenciadas por los medios afines que dejan al descubierto «la falta de credibilidad de un sistema que sí dejó atrás a muchos, a todos los mayores de 80 años a quienes, en residencias y domicilios, se negó la hospitalización, el tratamiento y las pruebas diagnósticas, sin discernir situaciones concretas; que envió y mantiene en primera línea sin protección, a los profesionales de la salud y el orden público, cuyo heroico esfuerzo es en sí mismo el más elocuente reproche; que sigue sin ofrecer test a los profesionales, a los enfermos y a la población confinada y sin reconocer las espeluznantes cifras de fallecimientos de las que dan cuenta los datos comparados del Registro Civil».
2) Tardío abordaje de la crisis sanitaria, cargando el peso sobre los profesionales y los ciudadanos sin dotarles medios suficientes de protección.
Hemos padecido, se acepte o no, «el tardío abordaje de una crisis sanitaria -que no de orden público- mediante la privación de libertad bajo una coerción policial, innecesaria sobre una ciudadanía mayoritariamente responsable; padecemos la exasperación de esas medidas en contra de la propia ley de estado de alarma que, como regla general, impone la libertad y sólo como excepción temporal, su restricción y cuyo artículo 1.2 somete toda intervención a los principios de proporcionalidad y necesidad, que no han sido aplicados a los ciudadanos sanos. Nos preguntamos por qué se carga el peso de los sacrificios sobre los profesionales y los ciudadanos, sin dotarles de los mecanismos de diagnóstico y protección que hubieran minimizado la carga y aliviado el sacrificio. La pregunta es tan pertinente como el debate sobre las confusas y contradictorias respuestas que hasta ahora se han recibido».
3) Se ha aprovechado el estado de alarma, para dictar órdenes de inmenso calado económico, sin relación alguna con la crisis sanitaria y sin el debido control.
La inmensa mayoría de los ciudadanos puede ignorar, lo que los juristas ven publicado oficialmente en el BOE y por eso la autora nos dice lo que ve, que es muy grave: «ante una sociedad cautiva, se han dictado sucesivas órdenes ministeriales de inmenso calado económico y fuerte compromiso de derechos, y un sinfín de decretos leyes restrictivos de derechos fundamentales, frecuentemente oportunistas, sobre materias que poca o ninguna relación guardan con las razones sanitarias y de orden público que formalmente demandaron el estado de alarma.
En su cautiverio, la sociedad ha asistido al cierre del portal de transparencia del Gobierno, la imposición de filtros a las preguntas de la prensa, la financiación pública oportunista de medios de comunicación vasallos, la restricción en la difusión de mensajes y la evaluación de la verdad o falsedad de las noticias y los enunciados… hemos asistido al impúdico reconocimiento oficial de la monitorización de redes sociales y escuchado en palabras de su máximo responsable en esta crisis, que la Guardia Civil destina parte de sus esfuerzos a minimizar la crítica al Gobierno, para comprobar después que los contenidos intervenidos son los que guardan alguna relación, siquiera lejana o indirecta, con el cuestionamiento de la gestión y la versión oficial de la crisis»…
«Siempre debe frenarse la ilegítima apropiación de poder por parte de los poderes legítimamente constituidos. Algunos creen que esto solo es necesario cuando lo hace la derecha. Asumen acríticamente que la salud y la seguridad exigen la restricción de nuestras libertades o minimizan su importancia, sin pensar que las amplias facultades ya otorgadas son peligrosas, pueden ser utilizadas equivocadamente y quizá ya lo están siendo».
4)El ciudadano no debe ignorar su obligación, ni renunciar a sus derechos.
«Los poderes del Estado deben gestionar la crisis y su recuperación, sí, pero han de hacerlo bajo estricto control de las instituciones democráticas, apoyadas por una ciudadanía activa, cuya acción crítica, a riesgo de introducir malestar y tensión, contribuya a la construcción de la ética pública. Si descuidamos la vigilancia y si no fortalecemos las instituciones democráticas de control, dándole más poder a quienes ya lo ejercen, no viviremos ya en una sociedad abierta. Habremos perdido nuestra libertad y no será una pérdida temporal».
«Muchos creemos que la solidaridad guarda relación con la evolución humana y que vale la pena ejercerla a la hora de encarar -en el sentido genuino de visión de la cara de otro- el futuro deliberando juntos, sin exclusión alguna, sobre los hechos y el alcance de los deberes respectivos. Nuestra sociedad, pese a la estupefaciente industria del entretenimiento y la propaganda oficial, es capaz de elevar el punto de mira y repensar los grandes temas de la justicia social, la libertad personal y de empresa, capaz recuperar la actividad económica que pueda acabar con el paro y la pobreza. Los ciudadanos seguimos siendo la gran esperanza de la política pero ahora, más que nunca, hemos de luchar por el Derecho y por los derechos, amenazados por la enfermedad, la parálisis económica, la revolución tecnológica, la manipulación digital y los abusos del poder. Hemos dado muestras de compromiso y responsabilidad y estamos dispuestos, pero los responsables públicos no deben engañarse».
5) Exigencia de la verdad, asunción de responsabilidad de posibles errores y honra y memoria de las víctimas.
«Ningún sacrificio más podrá exigirse, nada será posible, sin un reconocimiento público de la magnitud de la tragedia, sin el duelo, la memoria y la honra de sus víctimas, sin un análisis serio de todas sus causas, de las acciones y omisiones concurrentes en cada caso, sin la investigación y evaluación de la imprevisión y las dejaciones, de las probables imprudencias y los posibles fraudes, sin la exigencia de las responsabilidades que en su caso resulten, sin la pronta rectificación de los errores, la reparación de los daños y la compensación del sufrimiento. Es lo mínimo que debe ofrecerse a ciudadanos libres dispuestos a asumir esfuerzos«.
Otro Magistrado de la Sección 28 bis de la Audiencia Provincial de Madrid, Luis Sanz Acosta, escribe sobre «La Justicia tras la crisis del Covid-19», (8-5-2020). No duda en predecir que «Junto a la tragedia humana, nuestro país se va a adentrar inexorablemente en una crisis económica y social profunda. Y esa crisis va a tener una importante repercusión en la Justicia. Todos los juzgados se van a ver afectados con un incremento notable de pleitos«
6) Pérdida de trabajo, negocios y empobrecimiento. ¡No todos!
La citada autora, Consuelo Madrigal, que por profesión busca la verdad para hacer justicia, no duda en señalar la tremenda crisis económica que han generado los gestores y de una forma u otra nos afectará a todos: el paro, empobrecimiento y deuda, la caída de la producción, el cierre de negocios y la pérdida de confianza de los gobiernos y expertos económicos para ayudar a la recuperación.
«Por el confinamiento, muchos, demasiados, han perdido, tal vez irremediablemente, trabajo, negocios y oportunidades. Algunos aún deben tributar por actividades no realizadas y ganancias no recibidas. Todos nos hemos empobrecido. Y, como siempre, unos pocos han hecho negocio. Pero el más sucio de los negocios es la apropiación ilícita de poder; la que aprovecha el miedo, el cautiverio y la postración de la sociedad».
Nunca en la historia el endeudamiento español había alcanzado cifras tan sobrecogedoras. No va a haber capacidad de aguante de nuestras finanzas, si no hay un plan Marshall que nos ayude, habrá que acudir al rescate. Tras la debacle económica, José María Gay de Liébana, miembro de la RAED y Doctor en Económicas y en Derecho, nos dice que nos esperan tiempos muy difíciles, que los gobernantes han demostrado su incompetencia. La Deuda a finales de 2020 sería de un billón trescientos mil millones de euros. La salida de la inevitable y profunda crisis por el coronavirus implicará fomentar sectores como servicios o el turismo, con un peso importante en la economía. Una de las posibles soluciones podía ser lanzar un gran plan de 1,5 billones de euros canalizada a través del BCE con la emisión de bonos conjuntos, los coronabonos. “Es la dotación que necesitamos a nivel de Plan Marshall para que los países puedan ver luz al final del túnel”, plantea el profesor Gay de Liébana, que no descarta algún tipo de rescate complementario.
El día 8 de mayo 2020, el economista esperaba que el Gobierno hiciera algo para intentar la reconstrucción del país.
Lo que estos expertos han señalado, son un llamamiento a despertar y a que los ciudadanos deberían plantearse, si la gestión de la reconstrucción del país, debe gestionarla el mismo gobiernomultipartito que ha gestionado la Pandemia, o debería encomendarse esa tarea a un equipo de gestión competente, que no suscite tanta desconfianza. Estamos en fase de desescalada pero también ante la oportunidad de ciudadanos responsables que conocen sus derechos. ¿O no?
José Manuel Belmonte
