El Heraldo del Henares
Decíamos en esta misma columna en diciembre de 2023 que ‘la actual presidenta del Consejo de Estado, la exconcejal socialista del Ayuntamiento de Guadalajara, Magdalena Valerio, cobrará una pensión indemnizatoria de 6.025,5€ al mes durante al menos 13 meses una vez que sea cesada de este cargo, tras haber sido declarado nulo su nombramiento por sentencia firme del Tribunal Supremo‘, dictada un mes antes.
Aunque desde el propio Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, se presentó recurso en un vano intentó de revocar la humillación que suponía que, por primera vez en la historia, el Supremo anulara el nombramiento del presidente del Consejo de Estado por no cumplir la persona designada a dedo por el presidente del Gobierno de uno de los dos requisitos legales que se exigían para ese cargo, este recurso no prosperó.
Finalmente, el Gobierno de Sánchez no tuvo más remedio que acatar, a regañadientes, la resolución del más alto tribunal jurisdiccional de España y cesar a Valerio. Fue en marzo de 2024. En su lugar se designó a otra exministra socialista, Carmen Calvo, otra política con nula relevancia en el mundo jurídico, y desde luego ni por asomo jurista de reconocido prestigio, a pesar de que nominalmente figure como docente de dos facultades de Derecho andaluzas, pero cuyos recursos contra su nombramiento, al contrario de lo que pasó con los interpuestos contra Valerio, fueron inadmitidos por el Supremo.
Ahora, doce meses después de su cese, el Gobierno de Sánchez vuelve a nombrar a Valerio para un cargo en dicho Consejo de Estado, esta vez no como presidenta, pero sí como uno de los nueve miembros de la Comisión Permanente. Es decir, el cónclave de juristas donde se analizan aquellas leyes más relevantes para los españoles.
Dejando a un lado que ya es casualidad que Valerio haya estado justamente doce meses de retiro sabático, los mismos a los que tenía derecho legalmente a cobrar una pensión superior a los 6.000 euros al mes como expresidenta del Consejo de Estado, esta nueva designación para el mismo organismo del que fue, decíamos, humillantemente desalojada por el Tribunal Supremo, tiene un amplio significado político: por un lado, la falta de respeto de Sánchez a las más altas instituciones del Estado, a las que diariamente reta, con nombramientos como los de Valerio, hasta que consigue someterlas; y por otro, la falta de dignidad y decoro de Valerio para aceptar volver al organismo del que fue desalojada por inidoneidad para el cargo al que había sido nombrada.
Ni la exconcejal socialista de Guadalajara cumplía los requisitos legales hace dos años y medio para ser nombrada presidenta del Consejo de Estado, ni tiene mejor preparación jurídica en este momento para ser uno de los nueve miembros de la Comisión Permanente del mismo. Sigue sin ser jurista de reconocido prestigio. Ni siquiera jurista a secas, en su estricta acepción de la RAE de persona estudiosa o que ejerce el Derecho. Sin embargo, un resquicio en el Reglamento de dicha institución sí permitirá que esta vez Valerio no corra el riesgo de ser de nuevo cesada: la exigencia de ‘jurista de reconocido prestigio’ figura como requisito fundamental para presidirlo, pero no para el resto de miembros. A este resquicio se ha aferrado el Gobierno de Sánchez para volver a colocar a uno de sus peones en esta institución con la intención de controlarla como ya ha hecho con tantos otros organismos del Estado.
Valerio pasará a formar parte a partir de ahora de una institución que cuenta o ha contado entre sus miembros con algunos de los más grandes juristas de este país, como catedráticos de Derecho, expresidentes y exmagistrados del Tribunal Supremo y Constitucional, padres de la Constitución, jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos… Es decir, grandes juristas de reconocido prestigio como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Paz Andrés Sáenz de Santa María, Alberto Aza, José Luis Manzanares, Fernando Ledesma …, o incluso el expresidente del Constitucional, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, hasta ahora presidente de la Sección Segunda, que será la que ocupe Valerio, tras el cese de este último. Quizá el nombramiento más parecido al suyo sea el que también realizó Sánchez en 2018, al recolocar a su exministra de Sanidad y licenciada en Medicina, María Luisa Carcedo, otra lega en Derecho. Imaginen los cientos, miles de excelentes juristas de prestigio internacional con los que cuenta España y que su máximo órgano consultor de leyes del Estado no lo integren los mejor preparados.
Con un salario anual de 126.076,72 euros, más los diferentes trienios que tuviera reconocidos en cargos desempañados anteriormente en la Administración Pública, según la propia web de dicho Consejo de Estado, Valerio asistirá semanalmente a las reuniones de la Comisión Permanente. En dicho foro se discuten y aprueban, y, si procede, se elevan al Pleno, los dictámenes que previamente ha preparado el propio consejero permanente que preside cada sección, conjuntamente con los letrados. Está claro que, dejando a un lado las aportaciones políticas que pueda hacer la exconcejal socialista de Guadalajara, el grueso del trabajo en la elaboración de los informes recaerá en dichos letrados.
Este nombramiento, además de alejar cada vez más a los ciudadanos de sus representantes políticos, deja bien claro que los que venían a regenerar y a acabar con la casta y con la corrupción política y ética, eso decían, son los mismos que no tienen ningún inconveniente en colonizar las instituciones en beneficio propio, con sueldos y prebendas disparatadas, demasiadas veces no correspondidas con un bagaje intelectual o profesional meritorio. Y todo ello mientras los administrados han de ajustar mensualmente sus balances de gastos e ingresos para evitar disgustos y además rezar para no tener imprevistos que les descuadren las cuentas y estas se queden en números rojos.
Y terminamos, también como empezamos, con una autocita, en este caso de nuestro editorial de 7 de noviembre de 2022, publicado nada más ser nombrada Valerio presidenta del Consejo de Estado por Sánchez. Decíamos entonces que ‘Valerio, por dignidad y por decencia, tendría que haber dicho que no» a dicho ofrecimiento, porque ya adelantábamos que no cumplía los requisitos. Entonces, como ahora, el inquilino de la Moncloa tenía a su disposición cientos de cargos con los que podría pagar los servicios prestados por esta exedil socialista. Y en ninguno de ellos se necesitaría ser una jurista de reconocido prestigio, ni siquiera jurista a secas, que tampoco lo es. Pero el ego y el autoritarismo de uno y la soberbia de la otra nos tienen aquí, de nuevo, observando atónitos como nos arrastran hacía el precipicio de una democracia chavista, donde el único mérito para copar las altas instituciones del Estado casi nunca es el mérito, ni la capacidad, sino lisa y llanamente la total e incondicional adhesión al líder supremo.
José Luis Blanco, un autócrata entre silentes
Por segunda vez en unos meses el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca, conformado por PSOE y Unidas-Podemos, ha dejado por escrito su unánime opinión de que el anterior alcalde, el socialista José Luis Blanco, actuaba ‘de forma unilateral y arbitraria‘, sin contar con ellos.
La primera vez fue cuando se elaboró un informe para rechazar la venta de una parcela municipal al ministerio de Inclusión Social y Migraciones, en la que se va a construir un centro de atención a los inmigrantes. Dicha venta se realizó por Decreto del propio alcalde ‘de forma unilateral’ y ‘en abuso manifiesto de Derecho‘ por parte de Blanco.
La segunda, hace unos días, cuando el mismo equipo de Gobierno también ha culpabilizado a Blanco de actuar ‘de forma unilateral y arbitraria‘, por haber firmado el descuento de un complemento en la nómina de dos agentes de Policía Local que se encontraban de baja, descuento que ha sido anulado por el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Guadalajara y que supondrá que el Consistorio tendrá que devolver a dichos agentes lo que les ha detraído de forma ilegal, además de pagar las costas de los letrados de los demandantes.
Vayamos por partes. El alcalde, como presidente de una Corporación municipal, tiene numerosas prerrogativas, pero de ninguna manera puede actuar día sí y día también de espaldas al resto de componentes tanto del Pleno municipal, todos los concejales, incluidos los de la oposición, o de la Junta de Gobierno Local, integrada por un escogido número de ediles del equipo de Gobierno.
Y son estos órganos colegiados, el Pleno y la Junta de Gobierno, los que fiscalizan la actividad política del alcalde, amén de los controles que tanto secretario e interventor municipal han de realizar sobre la legalidad de los decretos firmados y de los gastos realizados.
Si analizamos estos comunicados del actual equipo de Gobierno, da la impresión de que Blanco gobernaba en solitario, sin ningún tipo de control, ni político ni legal, mientras que ni el resto de concejales, sobre todo los del equipo de Gobierno anterior, que son los mismos que los del equipo de Gobierno actual, ni los técnicos municipales, -todos ellos con sueldo público, tanto los ediles como los funcionarios-, o no se enteraban de nada o, si lo hacían, callaban.
Todos estos concejales tendrán que explicar cómo es posible que durante los últimos años han estado cobrando un sueldo, participando en plenos y juntas de Gobierno y no se enteraban de nada. Porque en ambos casos, al Pleno y a la Junta, hay que llevar todo por escrito, con informes, justificaciones y exposiciones de motivos, con las cuentas claras y el destino del dinero público diáfano y transparente. Decir que Blanco actuaba de forma unilateral, arbitraria, alejada de la legalidad y con abuso del Derecho está muy bien, pero que lo digan los mismos que lo han sostenido con sus votos durante los últimos años, chirría un poco y habrán de ser más precisos, y convincentes, en sus explicaciones.
Además, como bien apunta el delegado del sindicato de Policías Locales, SPL, desde marzo de 2024, cuando dimitió Blanco, a febrero de 2025, cuando se celebraron los juicios de los agentes, el actual equipo de Gobierno tuvo casi un año para allanarse en las demandas y pagar lo que se les debía. Sin embargo, el Ayuntamiento hizo lo contrario: se mantuvo firme en su negativa y su letrado llegó a pedir en el juicio la condena en costas de los agentes. ¿Tampoco había recibido información el actual equipo de Gobierno de este proceder en el juicio del abogado del Consistorio?
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Coda: En la última novela que terminó antes de morir, ‘Caín‘, el escritor portugués y Premio Nobel de Literatura, José Saramago, dejó por escrito que ‘al contrario de lo que generalmente se piensa, el burro es un gran conversador, basta reparar en las diversas maneras que tiene de roznar y de rebuznar y en la variedad de movimientos de las orejas, no todas las personas que montan burros conocen su lenguaje, de ahí que se repitan situaciones aparentemente inexplicables como la de clavarse el animal en medio del camino, inmóvil, y no salir de ahí ni aunque lo muelan a palos. Se dice entonces que el asno es tan cabezota como un burro, cuando al fin y al cabo de lo que se trata es de un problema de comunicación, como tantas veces sucede entre los humanos‘. (‘Caín‘, de José Saramago. Editorial Alfaguara. 2009. Pág. 156).
