El Heraldo del Henares
El 23 de julio de 2020 una niña de 18 años sufrió unos gravísimos abusos sexuales cuando se encontraba interna en el hospital de Guadalajara. La sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara así lo confirma con su condena al autor de los hechos. Sin embargo, no hemos escuchado en estos tres años ni una sola palabra, ni un solo gesto, ni un solo signo de apoyo por parte de dirigentes del hospital, dependiente de la Junta, ni del PSOE, ni de sindicatos de izquierda a esta niña o su familia.
Al contrario, se ocultaron los hechos, se mantuvo el contrato laboral del agresor sexual y, lo más grave, se actuó con desidia, cuando no con negligencia, respecto de la investigación judicial, a la que se llegó a afirmar que no se habían guardado las grabaciones de las cámaras de seguridad «porque se regraban las imágenes unas sobre otras cada veinte días», cuando lo cierto es que al cuarto día de ocurrir los hechos los responsables políticos del hospital, del PSOE, ya conocían todo lo ocurrido porque la niña lo denunció a los sanitarios y al director de Gestión, Aurelio Zapata, así como a la policía. Además, la propia policía se personó en el hospital, pero le informaron que las cámaras no eran de grabación, sino de vigilancia, algo inaudito e inexplicable por ser groseramente absurdo. Todas esas excusas son también completamente contrarias a lo que afirmó hace unos días la propia consejera portavoz del Gobierno de Castilla La Mancha, Blanca Fernández, cuando afirmó que «hay que intentar aprender de los errores. Si se borraron las imágenes en 15 días y era obligatorio tenerlas 30, hay que saber que esto puede pasar».
También son excusas contradictorias con lo que establece el propio Manual de Procedimientos del Servicio del propio hospital, que reconoce que todas las imágenes quedan grabadas en sus correspondientes soportes digitales. Por tanto, ¿quién miente, los directivos del hospital, cuando decían que no se grababan las imágenes, o la consejera y el Manual de Procedimientos, que dicen que sí? Ítem más. Si los responsables del hospital sabían que las cámaras no cumplían su función, ¿por qué no solucionaron el problema? ¿Qué habría ocurrido si en vez de ser un abuso sexual, gravísimo no obstante, se hubiera tratado de un homicidio? ¿Quién es el responsable de que no funcionaran las cámaras? ¿Ha dimitido, ha sido cesado, se le ha abierto expediente? O, ¿realmente funcionaban las cámaras de grabación pero se dejó pasar el tiempo para que, pasados 20 días, desaparecieran las imágenes del 23 de julio de 2020 y no se pudiera imputar a nadie ningún delito? Todas estas preguntas, aún sin respuestas por parte de la Junta o de los responsables del hospital son gravísimas, pues incluso se ha dado una información al juez y otra a los medios de comunicación.
Pero además se nos ocurren más preguntas: ¿Por qué la dirección del hospital, y la Junta, ocultaron estos hechos hasta que, tras publicarse la sentencia judicial, no han tenido más remedio que reconocerlos?, ¿por qué no se hizo un apoyo claro y explícito a la niña y a su familia desde el principio, sino que, al contrario, manifiesta que se sintió presionada, humillada, ninguneada y amenazada desde ese momento?, ¿qué se esconde bajo esta actitud de Aurelio Zapata y resto de cargos públicos socialistas?, ¿es feminista el PSOE de Guadalajara o solo cuándo, dónde, cómo y dependiendo de quiénes sean el agresor y la víctima?
La izquierda presume de superioridad moral a diario. Pero el refranero español, siempre sabio, siempre acertado dice que «dime de qué presumes y te diré de qué careces» (nunca hay que dejar de recordarles a Clara Campoamor). Pues eso, según esa falsa superioridad moral de la izquierda ellos son los defensores del feminismo cuando en realidad a diario muestran una miseria y podredumbre moral solo a la altura de esos radicales que al final lo único que hacen es tratar a las mujeres como menores de edad.
@HeraldodelHenar
