El Heraldo del Henares
Acto I: Rojo y Page: nómina antes que dignidad
Hace unas semanas recordábamos en esta misma columna al diputado socialista José Mouriz Riesgo (1884-1934), que en 1932 se negó a apoyar el Estatuto de Cataluña que, de facto, otorgaba la independencia a esa región de España. Con dignidad, Mouriz, médico, químico y biólogo de reconocido prestigio internacional, no votó, dejó su acta de diputado en junio de ese año y su militancia socialista un año después. Sus profundos sentimientos como socialista le impedían seguir adelante en un partido, el PSOE de Largo Caballero, que ya se escoraba hacia el frentismo, el guerracivilismo y el independentismo y que, también entonces, con ese Estatuto, privilegiaba a unas regiones sobre otras.
Entonces, decíamos que el diputado nacional y exalcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, aún no había traicionado a sus votantes tras votar a favor la investidura de Sánchez, pero que teníamos que esperar a ver qué hacía cuando tuviera ante sí el proyecto de ley que concede la amnistía a cientos de delincuentes independentistas catalanes condenados o procesados por el golpe de 2017, amnistía que, recordemos, no solo no iba en su programa electoral, sino, al contrario, el PSOE la negaba. Poníamos entonces a Rojo, frente al espejo de Mouriz, y le exhortábamos a mostrar la misma dignidad que tuvo el médico madrileño hace un siglo. Es cierto que no esperábamos entonces un ataque repentino de dignidad del alcarreño, y el tiempo lo ha confirmado. Ni él ni Emiliano García Page ni sus compañeros socialistas de Castilla La Mancha han mostrado desde entonces un solo ápice de dignidad: a las palabras hueras y vanas del presidente regional, que cada día exhibe un enfado monjil con su secretario general y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, le suceden los votos afirmativos de sus diputados a todas las locuras que este último lleva a las Cortes para mantenerse un día más en el Poder.
Muchas palabras, mucha grandilocuencia, mucho sentirse ofendiditos, pero a la hora de la verdad, Rojo, Page y Bellido -estos dos últimos son los mismos que hace años anunciaban que dejaban los cargos políticos si ganaba Sánchez las Primarias de su partido- han permitido que la ley de amnistía comience su andadura y se produzca el mayor ataque al estado de derecho desde el golpe de febrero de 1981. Podrán explicarlo con los circunloquios que se les ocurra en cada momento a su extensa pléyade de asesores, podrán seguir cobrando jugosos sueldos que nunca han tenido ni tendrán fuera del cargo político, no hay más que ver el Portal de Transparencia, pero lo que no podrán impedir ni Page, ni Bellido ni Rojo ni el resto de diputados socialistas castellanomanchegos es cómo los va a recordar la historia: como unos políticos sin dignidad que antepusieron su sueldo a la defensa de la democracia, la igualdad y la libertad de los españoles.
Es hora, por tanto, de recordar las conocidas ‘verrinas‘ de Marco Tulio Cicerón (s. II A.C.) que antes se solían estudiar en las facultades de Derecho -quizá ahora el Gobierno de Pedro Sánchez pida que las eliminen por reaccionarias-, en las que el político y filósofo romano se oponía duramente a que se concediera cualquier medida de gracia al tirano y malversador Cayo Verres, gobernador de Sicilia, a pesar de que este último contaba con muchos apoyos políticos en Roma que pretendían exonerarle de sus crímenes. En uno de esos discursos, enfrentándose sin miedo a buena parte del poder político y militar romano, Cicerón recordó que ‘los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales: se rehabilita en todos sus derechos a los condenados, se libera a los presidiarios, se hace regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total de tal Estado; donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación‘.
¡Qué diferencia de estos discursos de Cicerón frente a Verres con las declaraciones grandilocuentes, pero falsas y cínicas, de Page frente a Sánchez!
Acto II: Valerio, el ‘pato cojo’ del Consejo de Estado
En la política anglosajona se dice que cuando un cargo político va a cesar en su mandato, por el motivo que sea, es un ‘pato cojo‘, una metáfora para expresar que ese alguien ya no levantará el vuelo y perderá el ritmo de la bandada. Por ello, es habitual que tanto sus subordinados como sus rivales cuestionen su autoridad e incluso se enfrenten abiertamente al futuro cesante.
Hace ya dos meses que el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que se declaraba nulo el nombramiento de la exconcejal socialista del Ayuntamiento de Guadalajara, Magdalena Valerio, como presidenta del Consejo de Estado. El argumento, muy simple y que ya había expuesto este mismo periódico un año antes: Valerio será una política de largo recorrido de cargo en cargo, pero de ninguna manera es una ‘jurista de reconocido prestigio’, una de las dos únicas condiciones que establece la ley para ocupar dicha presidencia.
Pues bien, ni Valerio ha sido cesada por quien la nombró, Pedro Sánchez, ni ella ha tomado la única decisión posible, dimitir con dignidad del cargo que, según el Supremo, ocupa irregularmente y sin estar habilitada para ello.
En su día ya advertimos que Valerio, licenciada en Derecho y funcionaria del cuerpo de Gestión de la Seguridad Social, no debería haber aceptado nunca el ofrecimiento de Sánchez, consciente como era de que no era, ni de lejos, ‘jurista de reconocido prestigio’. Ocupar cargo político tras cargo político desde hace décadas (concejalías, consejerías, diputada en Cortes, delegada de la Junta… incluso ministra de Trabajo con el propio Sánchez), no la habilitaba para presidir la altísima responsabilidad institucional de presidenta del Consejo de Estado al no haber desarrollado nunca su labor profesional en el mundo del Derecho.
Por dicha alta magistratura han pasado algunos de los más prestigiosos juristas de España, como Antonio Jiménez Blanco, abogado experto en Derecho Mercantil y Derecho Matrimonial y miembro de la Comisión Mixta que redactó el texto final de la Constitución; Antonio Hernández Gil, catedrático de Derecho, presidente del Tribunal Supremo y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; Tomás de la Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo, catedrático de Derecho y autor de numerosos libros sobre derechos fundamentales, libertad de expresión e información y control judicial del poder ejecutivo, entre otras materias; Fernando Ledesma Bartret, profesor de Derecho en varias universidades, magistrado juez del Tribunal Supremo y autor de libros de Derecho Constitucional, Penal y Administrativo; Iñigo Cavero Lataillade, catedrático de Derecho Constitucional y académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, … o la misma antecesora de Valerio, Teresa Fernández de la Vega, magistrado juez y profesora de Derecho.
Y es que, no en vano, por el Consejo de Estado, fundado en 1526 por Carlos V, según la información que ofrece la propia web institucional del mismo, ‘es el supremo órgano consultivo del Gobierno de España. Formado por la Comisión Permanente y el Pleno, el Consejo tiene relevancia Constitucional y basa su actividad en la reflexión, el diálogo y la excelencia jurídica a la hora de emitir los dictámenes, mociones, informes y propuestas de reforma que le consulta el Gobierno u otros organismos previstos en la Ley Orgánica que lo regula...’.
Que Sánchez designara a Valerio para este cargo, y que esta aceptara, ya de por sí suponía una afrenta a la inteligencia de los ciudadanos y al decoro de esa institución sin necesidad de sentencia anulatoria del Supremo. Y con sentencia, aún más. Cualquier día que pase sin dimitir no solo es una humillación para los españoles, sino para ella misma. Alargar la agonía de un ‘pato cojo’, cuando, todos lo sabemos, Sánchez la recolocará inmediatamente en cualquier otro cargo lustroso y bien remunerado, amén de que pasará a cobrar una pensión el día que cese será de más de 6.000 euros al mes durante más de un año, deberían ser también motivos más que suficientes para que se decidiera a dar el paso. Pero que siga pleiteando ante el propio Supremo con vistas al Constitucional para intentar evitar lo inevitable, su cese, dice mucho del personaje.
Acto III: Vega y los premios de la Diputación: todo queda en casa
Hace más de 2000 años, en el 63 A.C., Cayo Julio César repudió a su segunda esposa, Pompeya, porque en la fiesta de la Bona Dea, evento exclusivo para mujeres, se coló un hombre travestido de mujer, lo que dio lugar a multitud de rumores en el foro romano. Algunos historiadores han dejado por escrito que César siempre estuvo convencido de la fidelidad y honestidad de su mujer, pero no podía permitir en ningún momento que se dudara de ello. De ahí viene la máxima que se le atribuye de que ‘la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo‘.
El pasado jueves 21 de diciembre, la Diputación de Guadalajara dio a conocer el fallo del jurado del premio provincial de Periodismo ‘José Juan García’ 2023, según el cual el primer premio recaía en un artículo publicado en un blog de Internet que versaba sobre una actividad organizada por la propia Diputación.
Esta decisión ha dado lugar a suspicacias entre algunos políticos y periodistas de Guadalajara, si bien algunos de estos últimos han optado por las quejas en privado debido a la dependencia que tienen de la publicidad institucional los medios en los que colaboran.
Y todo ello por varios motivos. Primero, por el perfil personal de la ganadora: esposa del jefe del Gabinete de Prensa del propio presidente de la Diputación alcarreña, el socialista José Luis Vega. Es decir, del asesor de propaganda y hombre de confianza del máximo responsable de la institución convocante del premio. Todo ello ya por sí solo tendría que haber llevado a la interesada a no presentar siquiera su candidatura. Pero lo hizo. En segundo lugar, por el asunto sobre el que versa el escrito ganador, una iniciativa puesta en marcha por la propia Diputación, lo que sutilmente el jurado da a entender que escribir sobre los proyectos financiados por la institución provincial confiere un plus ante el propio jurado. Y tercer motivo, por los miembros del jurado: de tres periodistas que formaban parte del mismo, dos de ellos son asesores de cargos institucionales del PSOE, es decir, del mismo partido del presidente de la Diputación y de su jefe de prensa.
A preguntas del portavoz de Vox en la Diputación, José Luis Arcángel, que también es periodista, el presidente de la Institución provincial, José Luis Vega balbuceó que al enterarse del nombre de la ganadora ‘sabía que me iba a dar problemas’, pero que cuando le llegó la propuesta del jurado no podía hacer otra cosa que ratificarla.
La solución para evitar estos sonrojos es muy sencilla: que las bases de los premios de la Diputación, o de cualesquiera otra institución, incluyan una cláusula que impida la presentación a los mismos de trabajos realizados por familiares tanto de los organizadores como de su personal de confianza y miembros del jurado. De esa forma, por un lado se evitarían todo tipo de suspicacias y, por otro, los premios serían más creíbles y tendrían más prestigio.
Un prestigio que, además, se pierde por completo, independientemente de la calidad, o no, del trabajo premiado, cuando un jurado compuesto mayoritariamente por asesores del PSOE, dos de tres, designados además por personal de esa misma institución, concede un premio a un reportaje que versa sobre una actividad de la propia institución y que está firmado por la mujer del principal asesor del presidente socialista de la institución que paga el premio. Todo ello muy farragoso de justificar por esa institución sin salir enfangada, como demostró con sus balbuceos Vega a preguntas de Arcángel.
Porque, parafraseando a Cayo Julio César, la Diputación no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo.
