El Heraldo del Henares
La nieve, en estrellas de luz blanca habló. Un campo es suave como un beso, pero a veces duele, si alguien tiene frío o fallece. Ella, no miente ni se esconde. Es más poderosa de lo que pensamos. Puede conseguir lo que no han conseguido las autoridades, ni el COVID-19: que la gente se atreva a pensar y sea consciente.
El progreso tecnológico, había permitido anunciar dónde, cuándo y qué cantidad de nieve iba a caer. Pero quienes debían estar alerta y hacerle caso, no lo hicieron. La mayoría reaccionaron tarde o no lo hicieron con los medios adecuados. La multiplicación de mandos puso de manifiesto la dispersión y la ineficacia.
Los mismos medios de la predicción meteorológica, Aemet, anunciaron que la famosa Filomena, vendría seguida de unas temperaturas bajísimas, y que la nieve sería muy difícil de quitar cuando las temperaturas se desplomasen. ¡Se han batido records de atascos y caídas! El centro del país se ha colapsado. Cientos de conductores y camioneros quedaron atrapados. Miles de viajeros sin poder desplazarse por haberse cerrado carreteras, ferrocarriles y el aeropuerto de Barajas. Las imágenes de personas atrapadas y sin ayuda asistencial ha sido lamentable.
Como se ha podido apreciar, por las televisiones y las Redes Sociales, se ha generado un enorme caos, sobre todo en Madrid y Castilla la Mancha. Las Fuerzas Armadas fueron movilizadas, sobre todo la UME, para colaborar ante los efectos derivados de la borrasca, aunque en esto hubo discrepancia en el seno del Gobierno y las regiones.
Estos días, en algunas ciudades de Castilla La Mancha, se han batido records de heladas nocturnas. Guadalajara capital sigue con muchos problemas por la nieve. Y según ha anunciado el propio Ejército de Tierra y ha publicado EL HERALDO DEL HENARES, más de 130 militares de la Brigada Extremadura XI, limpiarán las calles de la ciudad alcarreña, para que pueda volver a la normalidad.
Han fallecido algunas personas sin techo y otras han podido ser rescatadas a punto de congelarse en sus propios vehículos o en la calle toda la noche. Muchas han tenido que ser atendidas por voluntarios anónimos o de alguna ONG. Amancio Ortega, abrió sus tiendas para que algunas personas pudieran dormir en su interior y el Padre Ángel y sus mensajeros abrieron la Iglesia para dar cobijo y algo caliente a los necesitados.
Se han producido cortes de luz, que afectaron a muchas familias. Y en contra de lo que no hace mucho prometían, ha subido la factura eléctrica y, nos afectará a todos. Tras el paso de la borrasca Filomena, la nieve y el hielo seguirán, causando daño y colaborando para que no se salga de casa si no es necesario. La normalidad tardará en llegar porque no estábamos preparados o carecíamos de medios y de mandos.
Lo dicho, basta para descubrir lo que los ciudadano necesitan siempre, pero sobre todo en casos de emergencia: que se atiendan prioritariamente a sus derechos.
Derechos vigentes, necesarios e incumplidos.
Como diría Martin Luther King Jr: “Nuestras vidas empiezan a terminar el día en que guardamos silencio sobre las cosas que importan». ¡Basta de callar!
¿De qué hablamos? De derechos humanos fundamentales recogidos y amparados por la Constitución española. En 42 años las autoridades políticas han dispuesto del dinero de todos, pero no lo han empleado en lo que es prioritario.
Por lo tanto es hora de que los ciudadanos reclamemos nuestros derechos, y exijamos que las autoridades todas, prioricen lo que hasta ahora no han tenido en mente o no se les ha pasado por la cabeza. Si la mente que no está concentrada en lo que de verdad interesa no triunfa, todo va a peor, y lo sufren todos los ciudadanos, especialmente los más débiles. ¡Hay que exigirlo, por dignidad y por solidaridad!
Después del derecho a la vida y a la integridad física y moral, hay dos derechos de contenido social que deben pasar a formar parte esencial y urgente de los derechos fundamentales, irrenunciables e inalienables. Conforman las obligaciones del Estado para con el ciudadano que son: el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo.
1) Derecho a una vivienda digna.
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
La política social de vivienda ha sido casi inexistente, y hoy está casi ausente o se parte de un principio no social, sino económico, por lo que sigue siendo un problema para muchos españoles, por su falta de ingresos.
Todos reconocen que: «La vivienda es un bien que cumple una función social básica, servir de alojamiento, pero, a la vez, es un bien patrimonial, una mercancía, un bien inversión, con un valor condicionado por las dinámicas propias del libre mercado». Pero además la Ley 3/2015, de 18 de junio, reconoce por primera vez en España «el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo”.
Como dice Pilar Garrido: «las actuaciones públicas sobre el ámbito de la vivienda pueden plantearse desde dos perspectivas: desde una perspectiva social, que entiende la vivienda como un bien directamente relacionados con una necesidad básica, la de habitar, y que es el objeto de un derecho social o desde una perspectiva económica, donde la vivienda es un bien económico, una mercancía, un activo». Pero, la segunda perspectiva, -económica-especulativa- es normal en cualquier cosa que se adquiera: un coche, unos zapatos. ¿Y qué? (El Derecho a una vivienda digna en España. Crisis residencial: Origen, consecuencias y respuesta de los poderes públicos)
Las personas necesitadas de un techo, piden un crédito para primera vivienda. No se puede cerrar la puerta a tener una vivienda digna, a quien la necesita, alegando que, si no puede comprar una vivienda normal, que alquile. Parece una excusa, ya que hoy ni si quiera el alquiler, está al alcance de muchos, por la misma razón: falta de ingresos. Y además tenemos el peor dato laboral desde 2009, con 3.888.137 parados.
Del acceso al crédito bancario, mejor no hablar, porque la experiencia de finales del siglo XX y principios del siglo actual, es que es mejor no incluir a los padres en el aval hipotecario. Los jóvenes son el futuro, pero no quieren hipotecar a los padres y tienen difícil el emanciparse.
Es cierto que hubo un tiempo en que cualquiera podía acceder al mercado inmobiliario y adquirir una vivienda, aunque se hipotecara a 15 y hasta 40 años. Fueron años de una política descontrolada a la construcción y compra de vivienda, con apoyo al crédito. Terminaron disparándose los precios.
Las entidades financieras, comenzaron a incluir cláusulas, que cuando los sueldos eran fijos y los trabajos estables, parecían de fácil cumplimiento. Pero, la burbuja inmobiliaria, estalló. El ladrillo, motor de la economía se desmoronó. Y…con las cláusulas bancarias no claras y limitativas, comenzaron a hipotecar y quedarse con la vivienda hipotecada. Muchos propietarios hipotecados se vieron en la calle.
El olvido de este derecho ciudadano, por parte del Estado y las autoridades, llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2013, a indicar que «el derecho a una vivienda digna es un derecho básico vinculado a la dignidad de la persona«. Como recuerda Dionisio Moreno «la vivienda ha sido un motor de la actividad económica, pero por encima de todo es una necesidad humana. Sin vivienda no hay refugio, ni libertad individual, ni familia, ni intimidad, ni derecho a votar».
Este derecho básico, no puede ser manipulable para favorecer a unos (afines o no a las fuentes de poder político) sino un derecho equitativo que hace ciudadanos iguales y garantiza las bases del Estado de derecho. ¡No se olvide!
Y claro, si el derecho a la vivienda, obliga a que se tengan que repensar los arrendamientos, sobre todo en las grandes ciudades, debe hacerse sin demora una Ley de Arrendamientos clara y justa, que los haga asequibles, ampare a los más débiles, y no favorezca ni a los amigos, ni a los violentos transgresores. Por eso los juristas señalan que el Gobierno a la hora de abordar el derecho a la vivienda tiene que priorizar el alquiler. Un estudiante o una pareja joven, tiene que poder acceder a un alquiler a un precio asequible, y si fuera necesario con ayuda pública. De este modo el alquiler social es la medida con que el Estado puede atacar directamente el problema.
2) El deber de trabajar y el derecho al trabajo.
Parece necesario aclarar a todos los ciudadanos españoles desde niños y, a quienes lleguen aquí desde cualquier parte del mundo, que para comer hay que trabajar. ¡Nada, ni el techo, ni comida, es gratis para nadie! Siempre se paga con el trabajo de alguien. Si alguien dice lo contrario, está mintiendo. A quien no lo administra con justicia hay que pedirle responsabilidades, porque no trata a los demás como ciudadanos libres, y puede estar manipulando para obtener algo a cambio (para sí mismo o para el partido; aunque sea en votos).
La Constitución española es clara, en su artículo 35:
«Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».
Deber de trabajar. Derecho al trabajo. Remuneración justa, sin discriminación por razón de sexo. Y promoción a través del esfuerzo y el trabajo.
El artículo citado y el derecho, debe obligar a una revisión de todas las subvenciones y una limpieza ética de la Administración, a todos los niveles y en todas las partes del territorio.
No ha prescrito el hecho de que en nuestra naturaleza está el ser solidarios y ayudar a quien lo necesite.
Pero tampoco hay que dejarse engañar, por dos razones a) no se apoya como sería necesario la creación de empleo, ni la gran fuente de ingresos del turismo; b) la destrucción de empleo ha aumentado de forma alarmante y a fin de año teníamos 3.888.137 de parados; c) la impresión general es que partidos políticos, sindicatos y sus chiringuitos han montado un tinglado para vivir, a costa del Erario del Público. Y la mayoría de beneficiarios de ONG, «mínimo vital», «PER», etc., y muchos que reciben alimentos, no son buscadores de trabajo y son «instruidos» para aprender todos los trucos y pedir ayudas y subvenciones.
Al «mínimo vital», el gobierno, le llama «sueldo». Pero «sueldo», según la RAE: «Remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional que se recibe por un trabajo». Así que en lugar de crear trabajo, con el dinero de todos, se crean subvenciones de supuesta generosidad. Pueden tapar una brecha pero no es justicia. Y tener en cuenta que lo que hoy parece imprescindible, mañana puede no serlo. Las personas tienen dignidad y se puede caer en la discriminación, como veremos.
Sin embargo se trata de la renta estrella del Gobierno de Coalición, que va de 460 a 1.015 euros, para afrontar las necesidades básicas y llegaría a 850.000 familias.
Cierto que en muchos países sucede lo mismo. Pero en algunos, cuando descubren el escándalo de las ayudas, tienen la decencia de dimitir, y los medios de comunicación no se prestan a ser comprados para tapar esos hechos. El dinero no es de quien gobierna, es de los ciudadanos, que lo pagan con sus impuestos.
Ha sido la Agencia Tributaria y las autoridades fiscales, quienes han destapado un entramado de ayudas por subvenciones a 26.000 familias, que finalmente han obligado a un gobierno Europeo a dimitir.
El gobierno holandés ha dimitido en bloque (14-1-21), por un escándalo de ayudas sociales. Se ha descubierto que esas subvenciones a familias, no estaban justificadas y eran un entramado de familias inmigrantes, que resultaban discriminatorias con las familias de ciudadanos nativos.
La prensa de los Países Bajos, lo ha calificado como el mayor escándalo político y administrativo de las legislaturas del primer ministro Mark Rutte. Lo califican de «una injusticia sin precedentes contra los otros padres, que «viola los principios del Estado de derecho».
La Agencia Tributaria, los Fiscales y la Prensa libre de todos los países de la UE ¿deberían procurar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos?
José Manuel Belmonte.
