Millones para informes y subvenciones, no para las maltratadas

En septiembre de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó con el voto de todos los partidos políticos y la abstención de Podemos el primer Pacto Nacional contra la Violencia de Género, que prevé la puesta en marcha una serie de medidas contra la violencia machista. Este plan tiene una dotación anual de 200 millones de euros: 80 a cargo del Estado, 100 las comunidades autónomas y 20 los ayuntamientos, si bien, tanto las comunidades como los municipios recibirán esas cantidades del Gobierno Central vía presupuestos.

Entre las medidas propuestas destacan las relativas a la Educación, entre las que se encuentra incluir en todas las etapas educativas “la prevención de la violencia de género, del machismo o de conductas violentas, educación emocional y sexual y vigilarlo a través de la inspección educativa”. Es decir, incluir en los centros de enseñanza la ideología de género como parte integrante de la educación de nuestros hijos.

Este Pacto ha sido criticado por más de 300 asociaciones feministas y por Podemos, no porque no estén de acuerdo con él, sino porque creen que las medidas y el presupuesto se quedan cortos. Es decir, piden más dinero y más feminismo radical instalado en las instituciones, centros educativos, tribunales y hospitales.

Una de las grandes falacias de la historia ha sido la de presentar una propuesta como bondadosa aunque los medios para conseguirla nada tuvieran que ver con el objetivo presentado, y a la vez descalificar a cualquier persona que estuviera en contra de dichos medios haciéndola pasar por contraria a la propuesta en sí. Por ejemplo: Un político dice que hay demasiados robos en el barrio, hay que poner vallas eléctricas en las urbanizaciones para que no entren los ladrones. Pero si un vecino del barrio, aunque obviamente esté en contra de los robos, dijera que le parece una barbaridad eso de poner vallas eléctricas, porque además de ladrones podrían electrificarse niños mientras juegan o personas pacíficas que no fueran del barrio y desconocieran el peligro de las vallas, el político acusaría a ese vecino de “amigo de los ladrones”, sin entrar a debatir su propuesta de retirar las vallas.

Pues bien, con el debate de la ideología de género pasa lo mismo. Se quiere hacer pasar la implantación de este modelo socioeducativo totalitario como algo bondadoso que en el fondo solo pretende proteger a las mujeres víctimas de violencia machista. Por tanto, todos aquellos que estén en contra de esta ideología, aunque abominen de la violencia machista, serán tachados de “maltratadores, machistas, fascistas, etc”.

El neofascismo de género, como lo hemos definido en multitud de ocasiones, no es una corriente ideológica que persiga la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en sociedades como la española, de las más igualitarias y garantistas del mundo en materia de derechos reales de las personas, independientemente de su sexo, edad, raza o religión, sino que pretenden imponer un modo de vida alejado del modelo tradicional de familia y sociedad que ahora conocemos, por muy avanzada que esta sea, que en España lo es.

Y para ello, sus promotores necesitan del apoyo de las instituciones de las que obtener, primero leyes que impongan esta ideología en la sociedad y, cómo no, dinero, mucho dinero para ponerla en marcha.

Por eso, entre las más de 200 medidas aprobadas por el Congreso, la mayoría de ellas tienen que ver con la educación y la formación de los ciudadanos, algo que viene en todos los manuales de los movimientos fascistas y comunistas, primos hermanos. De ahí que el control de la educación es la primera medida que implantan todos los gobiernos autoritarios que sueñan con el adoctrinamiento de los alumnos para controlar las mentes de los adultos del mañana.

Pues bien, tras un examen profundo de dichas medidas del Pacto estatal, uno se queda con la impresión de que la maltratada es lo que menos le importa a los legisladores y a los movimientos feministas que les reprochan que se han quedado cortos. Apenas unos cuantos epígrafes tienen como epicentro de su actuación a las mujeres víctimas de violencia machista y, en muchos casos, esos epígrafes son para restarle capacidad de decidir por sí misma qué hacer o no hacer. El resto son medidas coercitivas y de adoctrinamiento. Y estas últimas conllevan un gasto asociado inmenso que, desde luego, no va a disfrutar ni una sola maltratada, sino toda una cohorte de nuevos beneficiarios gracias a la multitud de programas de género que se van a implantar en todos los ayuntamientos y comunidades autónomas de España.

Porque, a la vez que no se dice que se vaya a incrementar los funcionarios de policía que protegerán a aquellas mujeres víctimas de maltrato evaluadas como “de alto riesgo”, sí se habla de infinidad de programas de implementación de la “perspectiva de género”, es decir, ideología de género, en colegios, hospitales, centros laborales, etc. Hasta las obras públicas deberán tener un estudio previo de “perspectiva de género”, como ya lo tienen de impacto medioambiental, que me dirán ustedes para qué sirve el primero para hacer un puente que salve un río. Debe de ser que hombres y mujeres lo cruzan de forma distinta, a tal grado de estupidez y despilfarro estamos llegando.

Pues bien, al calor de esta nueva ideología, están surgiendo oportunidades únicas e irrepetibles para que cientos, miles de avispados, monten sus asociaciones, cooperativas y chiringuitos varios supuestamente especializados en la perspectiva de género y empiecen a recibir encargos y subvenciones por doquier. Y además, de forma totalmente legal y, si me apuran, aplaudida por una parte de la sociedad, que, como en el ejemplo de la falacia de la que hablábamos al principio de las vallas electrificadas, cree erróneamente que todo esto es para luchar contra la violencia machista.

Así, nos encontramos el caso del municipio alcarreño de Villanueva de la Torre, gobernado, es un decir, por apenas dos ediles de Ahora Villanueva, la marca blanca de Podemos en las Municipales de 2015, frente a 11 concejales en la oposición, incluidos los cuatro del PSOE que en su día le regalaron la Alcaldía a Vanessa Sánchez para evitar que gobernara el partido que había ganado las elecciones, el PP.

Pues bien, este Ayuntamiento recibió el año pasado una subvención de 13.230 euros de la Federación de Municipios y Provincias, FEMP,  para elaborar un supuesto Plan de Igualdad, que fue adjudicado por el Trabajador Social municipal y sin debate político a una cooperativa de Madrid, denominada Pandora Mirabilia. Esta cooperativa, según su web, formada por mujeres, la mayoría periodistas, y que se califican como feministas expertas en perspectiva de género, forma parte de un entramado empresarial que solo en los tres últimos años, según el diario EL PAÍS, ha recibido un millón de euros en subvenciones y proyectos del equipo de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de Ahora Madrid, la misma marca blanca de Podemos que en Villanueva de la Torre.

Pandora Mirabilia realizó el encargo para Villanueva: casi un centenar de folios cargados de obviedades extraídas de manuales de perspectiva de género y por los que cobró 13.230€ de dinero público, a razón de más de 130 euros el folio. Pero es que de ese centenar de folios, apenas una veintena de ellos conformaban las conclusiones que EL HERALDO DEL HENARES ha recogido en varias informaciones en exclusiva y que han provocado una gran polémica en las redes sociales, como la de quitar el fútbol de los recreos dos días a la semana porque es un juego machista debido a que, según el informe, casi el 100% de sus practicantes son niños varones. Sobre todo, se preguntan los lectores si el dinero que debiera ir a proteger a las víctimas de violencia machista en realidad se está destinando a generar una inmensa red clientelar de particulares, asociaciones, empresas, cooperativas y movimientos ciudadanos que ponen el cazo para recibir suculentas ambrosías al calor del dinero que llega a manos llenas y sin apenas control, como hemos visto en los casos de Madrid o Villanueva de la Torre.

Y razón no les falta. De momento, en Villanueva de la Torre, un pequeño municipio alcarreño de poco más de 6.000 habitantes ya van por los 13.230 euros los tirados a la basura en informes y proyectos de género insustanciales y redundantes que en nada ayudarán a las víctimas de maltrato machista. Por si eso fuera poco, la alcaldesa Vanessa Sánchez ya ha pedido otros 12.000€ para ejecutar dicho Plan. En total, 25.000€ para imponer que los niños no jueguen al fútbol en el patio, amén de otras lindezas semejantes o peores, como la de que los profesores han de ejercer de chivatos de todas aquellas actitudes que observen en la comunidad educativa (padres, profesores y alumnos), y que según el informe vayan contra la perspectiva de género. Imagino que los casi siempre estalinistas inspectores de la delegación de Educación de Guadalajara se estarán frotando las manos ante los numerosos expedientes que van incoar a partir de ahora.

Y si por si esta situación no fuera estrambótica, se da la circunstancia de que todo el proceso de selección, evaluación y adjudicación de la empresa que hizo el Plan lo ejecutó un funcionario del Ayuntamiento villanovense sin que la alcaldesa de Ahora Villanueva, Vanessa Sánchez, que llegó a la Alcaldía con la promesa de llevar a votación ciudadana cualquier aspecto, por menor que fuera, de la gestión diaria municipal, resulta que en un tema de tanto calado social como este ni siquiera lleva a Pleno municipal el contenido del informe para que el resto de grupos políticos, depositarios del voto ciudadano plural y democrático, puedan expresar su opinión. Es decir, un Plan de Igualdad tendencioso y polémico aprobado por un solo funcionario municipal se pretende convertir en dogma de fe y aplicar en todo el municipio. De ciencia ficción. De George Orwell o Aldous Huxley, como poco.

España es uno de los países de Europa, si no el primero, en donde menos denuncias y uxoricidios por violencia machista se producen, a pesar de lo que digan los movimientos radicales feministas y de izquierda que se empeñan en ofrecer siempre una imagen siniestra y despreciable de España y de los españoles por todo el mundo porque de otra manera no podrían justificar la imposición de su ideología y el rédito económico que ello les produce. Países tomados por la progresía patria como icono de feminismo e igualdad, por ejemplo Suecia, Finlandia o Dinamarca, triplican las cifras de denuncias y asesinatos machistas de España. Y allí llevan décadas aplicándose las medidas de género que ahora se quieren implantar en España. ¿Nos hemos vuelto locos? No. Sumen canonjías, prebendas, subvenciones y chollos varios y entenderán el por qué de esas campañas de difamación.

Si hasta todo un obtuso ministro de Justicia del PP es capaz de mear fuera del tiesto y para parecer más feminista que nadie expele unas vomitivas acusaciones contra un juez que en el ejercicio de sus funciones dictó una sentencia más que argumentada, independientemente de que estemos o no de acuerdo con el resultado final, no nos extraña nada que cualquier bobo con ínfulas de ilustrado al que se le ha puesto un bastón de mando en las manos se crea ungido por el destino para interferir en la vida y hacienda de miles de personas.

El caso de Vanessa Sánchez no es el único, ahí está también el del incalificable alcalde socialista de Pozo de Guadalajara, Teo Baldominos, que al calor de la marea fascista que se está incubando en España en materia de perspectiva de género, fue capaz de convocar un pleno para declarar personas non gratas en su municipio  tanto a los cinco hombres condenados por abusar sexualmente de una joven en los sanfermines de 2016, ¡¡como al juez que discrepó con sus compañeros de la Audiencia Provincial de Navarra y pidió la absolución de los acusados!! Si yo fuera ese juez convocaría a los medios de comunicación para anunciar que iba a pasar unos días de vacaciones en Pozo de Guadalajara, a ser posible en alguna pensión u hotel con vistas al despacho del alcalde, para recordarle todos los días que el nauseabundo fascismo represor no tiene cabida en España. ¿Pero quién se cree que es el alcalde de Pozo de Guadalajara para decidir quién puede moverse o no libremente por territorio español y prohibir la entrada a nadie? ¿Quién se cree que es para estigmatizar a nadie? Piensen un momento en ello: si esto sigue así y no lo paramos a tiempo, pronto el neofascismo de género y sus comisarios políticos expedirán carnés de buen o mal demócrata y marcarán con ‘equis moradas‘ a aquellos que no formen parte del rebaño, como ya pasa en Cataluña con los no nazionalistas.

La lucha contra la violencia de género es algo muy serio, como lo es la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, los asesinatos de jóvenes a las puertas de las discotecas, el acoso escolar, los kamikaces borrachos al volante; las agresiones sexuales… Cualquier delito que pueda conllevar la muerte o la destrucción de los derechos civiles de las personas merecen toda nuestra atención, respeto y colaboración. Todo ello con sentido común y sin estridentes radicalismos.

Y contra el maltrato se requieren soluciones eficaces: más control de los agresores a través de pulseras electrónicas; más control policial y judicial de las medidas de alejamiento, que no sean solo un papel, sino que supongan refuerzos policiales y mayor vigilancia para evitar situaciones de desamparo; más  ayuda psicológica tanto a víctimas como agresores; más ayudas para la emancipación de las mujeres en situación de riesgo objetivo… Y claro que también hacen falta medidas educativas… pero no desde luego las que se plantean desde un único punto de vista excluyente como son las de la ideología de género. Pero claro, este debate no interesa ahora, con 1.000 millones de euros a punto de repartirse entre asociaciones y cooperativas que viven de esa ideología.

Para finalizar volvemos a la metáfora del principio: no debemos aceptar como válido que se llame ‘amigo de los ladrones‘ al que proteste porque se electrifican las vallas de acceso a la urbanización para evitar robos. Hay muchísimas formas de luchar contra los robos sin convertirnos en un rebaño encerrado en una majada electrificada

Una preguntita fácil… o no

Si la condena a un grupo de chorizos sin responsabilidades de gobierno que, amparados en unas siglas, el PP, se llevaron a su casa unos cuantos millones de euros procedentes de comisiones ilegales del ladrillo es motivo suficiente para desestabilizar un país con una moción de censura, ¿qué nos espera a los españoles si los jueces condenan a dos expresidentes del PSOE por consentir entre sus huestes el latrocinio de mil millones de euros (166.000 millones de pesetas) de dinero público destinado a los parados?