El Heraldo del Henares
Solo era un niño. Tenía cinco años. Era español. Deseaba estudiar donde le correspondía, en la escuela Turó del Drac, en Canet de Mar (Barcelona).
El niño y su deseo, con el de su familia, ha sido el revulsivo que ha puesto en su sitio a todos y cada uno de los poderes de la débil democracia de España. Mejor dicho, gracias a este niño, han sido ellos mismos quienes se han retratado ante el mundo, dejando entrever lo que han dado de sí 43 años de democracia y lo que resta por venir.
La parcelación del territorio en 17 autonomías era una apuesta, que la vida y la pandemia, han demostrado ser francamente mejorable.
El bilingüismo, en algunas regiones, lejos del respeto y del enriquecimiento de los ciudadanos, sigue generando polémicas intolerantes en las comunidades donde existen lenguas cooficiales. Si los ciudadanos pueden convivir, ¿cómo no van a poder coexistir dos lenguas en un mismo territorio?
Pues este niño español y la escuela donde tenía derecho a ser enseñado, representan el último (ojalá) episodio de confrontación. Aunque para llegar aquí se han dado pasos:
1- En 2015 el ministro Íñigo Méndez de Vigo, español, ministro de Educación y Cultura del Gobierno de España entre 2015 y 2018, demandó a la Generalitat por su «inactividad» para hacer efectivo el uso del castellano en «proporción razonable» en las escuelas de la comunidad.
2.- En diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó una sentencia en la que ordenaba «adoptar las medidas que sean necesarias» para garantizar que todos los alumnos catalanes reciban la enseñanza «de forma efectiva e inmediata» mediante la utilización vehicular de las dos lenguas oficiales, «que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso».
3.- El Tribunal Supremo dejó claro, el pasado mes de noviembre 2021, que la Generalitat catalana debe impartir un 25% de las clases en castellano. Cierto que la Generalitat recurrió el fallo en noviembre de este año, pero el recurso fue finalmente rechazado el 23 de noviembre por el Supremo.
4.-Para el Conseller de Educació, Josep González-Cambray, la sentencia era «un nuevo ataque frontal de los jueces al sistema educativo catalán».
5.- La familia del niño de 5 años, de Canet de Mar, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recibir el 25% de las clases en castellano. Tal como marca la ley y el sentido común. El TSJC ha dictado unas medidas cautelares que obligarán a partir del 9 de diciembre a hacer el 25% de las horas en una clase de P-5 en castellano.
6.- Ahí se ha iniciado una campaña de acoso a un niño de cinco años y a su familia por pedir parte de las clases en castellano. Se ha producido un vacío al niño, pintadas en el colegio, amenazas en las redes sociales y se ha instigado al resto de familias a que manifiesten su rechazo, con el fin de que no se cumpla la sentencia de los tribunales. Sin darse cuenta de la gravedad se les ha masacrado en redes sociales, muchos otros padres del colegio han hecho comentarios con tintes racistas, y algunos han llegado a plantear un apedreamiento de la vivienda de esa familia. Además, padres del centro han abierto una página web para recoger firmas en contra de la sentencia que ya ha recibido unos 5.000 apoyos.
7.- Patrícia Gomà, secretaria general de la consellería de Educación, afirmó en rueda de prensa que la sentencia es una más de aproximadamente 80 emitidas los últimos años por el TSJC para impartir clases en castellano, «motivada por una familia concreta y para un grupo concreto«. Y, ha instado al resto de familias que rechazan la medida, a que lo «hagan público».
La Generalitat y el Gobierno de Aragonès, de una forma o de otra, están obstruyendo el cumplimiento de la reciente sentencia sobre el español en las aulas de Cataluña. El separatismo está llevando a cabo un ataque frontal contra los derechos legítimos de los catalanes y contra la Constitución, garante de nuestros derechos y libertades.
El TSJC ordena a la Consellería de Educación y a la dirección del colegio que adopten «las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad» del menor.
Parece más indignante aún que el consejero de Educación, Josep González-Cambray (ERC), afirme que «no estamos delante de un problema real, sino de una mentira». O sea, ¿todo es ficticio o inventado? ¿Se puede ir más allá en el acoso al niño y a su familia? Argumentar, como el consejero, que apenas setenta familias de entre seis millones de catalanes exigen las clases en español, y que esa minoría debe renunciar para favorecer a la mayoría, dice mucho de la patología que aqueja a sectores de esa sociedad.
8.- Una web afín a la izquierda independentista revela la identidad de los padres del niño de Canet y el negocio que regentan. No pretenden que su hijo pueda cambiar de colegio, sino que se vayan. Las campañas de acoso y señalamiento se están llevando a cabo desde instituciones, organizaciones e incluso por parte de personajes destacados de la farándula.
9.- Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB), único apoyo a los hispano hablantes y a esta familia, denunció ante la Fiscalía Superior de Cataluña al Consejero y otros cargos de Educación, y las reuniones con la dirección y padres del colegio Turó del Drac, forman parte de un plan más amplio cuyo objetivo es la obstrucción a la justicia y no cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Mientras, «están amenazando a la familia». Seguro que otras familias callan para no tener que sufrir estos episodios de «bullying» institucional.
Hostigar a quien exige derechos legales ni es legal ni es ético, es un retroceso a los años 1960, del racismo en Estados Unidos. Es retroceder 50 años, en la historia. Deberíamos estar unidos contra la discriminación de hablantes de castellano y/o catalán. En 1963, una marcha por los derechos civiles de los negros en EE.UU recorrió Washington DC, el doctor King pronunció ante más de 200.000 personas uno de los discursos más brillantes de todos los tiempos: ‘I have a dream’, exclamó. Y la historia cambió. ¿Para cuándo algo parecido aquí, en España?
10.- Que toda una familia tenga que recurrir al Tribunal Superior catalán, no ya en demanda de un reconocimiento de sus derechos esenciales, sino en demanda de ayuda y protección física frente a unos desalmados, indica hasta que punto es grave la situación. ¿Está la Generalitat utilizando a un niño de cinco años para proclamar la persecución de las personas, el señalamiento supremacista y los delitos de odio como derechos legítimos?
11.- Lo más frustrante es que el Gobierno de España, lleve muchos años mirando hacia otra parte, porque necesita de los votos de los separatistas. No se entiende que Pedro Sánchez y la ministra de Educación Pilar Alegría guarden silencio mientras se veja a un niño, a una familia y a los jueces en una parte del estado y se desobedecen sus sentencias. La Ministra de Educación sigue diciendo que no puede hacer nada y, por el momento, descarta intervenir. Se investigarán las amenazas, pero no se actuará en la escuela infantil ni se tomarán medidas contra el Govern por ponerse del lado de las familias acosadoras y llamar a rebelarse contra la justicia.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, expresó que «cualquier acto de acoso o amenaza» es «lamentable», «lo condeno», dijo Bolaños, para quien las distintas lenguas son una «riqueza» a «fomentar» que debería servir para «entendernos, dialogar y convivir», y no un elemento que deba emplearse para la «confrontación». Marlasca ha dicho que lo «condena y que investigará el acoso» a la familia que logró el 25% en castellano para su hijo. La ministra de Justicia, Pilar Llop dijo que daba «todo su apoyo» a la familia afectada y garantizó que estudiará el expediente del caso de acoso contra ellos. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez reprobaba «cualquier acción de acoso» que se haya podido producir contra la familia de la población barcelonesa de Canet de Mar. Es intolerable, y esa sería la posición del Gobierno, pero dice «desconozco los detalles».
Estamos en manos de este gobierno, que con 23 ministros y sus cientos de asesores, ¿no puede hacer nada, cuando se acosa a un niño, a una familia y permite que haya instituciones que obstaculizan o ponen en entre dicho el cumplimiento de las sentencias judiciales?
12.- La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, ha apoyado a los padres de este alumno y han asegurado que los padres, a pesar del acoso, han pedido que el colegio de su hijo no se convierta en un lugar de protesta de favorables y contrarios al modelo de inmersión lingüística en Cataluña. En un escrito dirigido al TSJC, ha pedido que se obligue a la Consellería de Educació de la Generalitat y a la dirección del colegio a «preservar la identidad y la seguridad» del menor y de sus padres y evitar la discriminación por parte de otros padres del mismo centro.
13.- En la tarde del viernes día 10, una manifestación fue convocada por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (Sepc) en Canet de Mar, contra esa resolución judicial, justo a la salida del colegio y que luego se dirigió hacia la Biblioteca. El amedrentamiento a los chavales o el apoyo al independentismo estaba hecho. ERC, JxCat y la CUP se sumaron a la manifestación en «defensa de la escuela catalana» en la que afloraron gritos en favor de la banda terrorista Terra Lliure.
«Cientos de radicales se han citado a las puertas del colegio del niño de Canet de Mar cuya familia ha reclamado que se cumpla la sentencia del Supremo. Acto intolerable según entienden las plataformas convocantes de la concentración.
La AEB había reclamado que se suspendiera la manifestación al considerar que «no es idóneo el inicio de una manifestación en las puertas de este centro educativo en el momento de la salida de los alumnos«.
La Unión Europea, estudiará el caso del niño y el acoso a que ha sido sometido.
y 14.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús M. Barrientos, cansado de que se ponga en cuestión el servicio de Justicia en Cataluña cuando las resoluciones son contrarias a intereses políticos, ha querido cerrar filas con el colectivo de jueces y magistrados que operan en la comunidad, lanzando una advertencia a los representantes públicos, principalmente cuando se entra a insultar a un profesional de la magistratura. Considera que se está lanzando un mensaje «peligroso» a la sociedad.
Solo era un niño, que tenía un sueño, en un lugar del territorio donde vive. Quería ser educado en español, la lengua que hablan más de 300 millones de personas, y le han escatimado hasta un 25% en el colegio y el pueblo donde, hasta ahora, vive con sus padres.
La portavoz del Govern, Patricia Plaja, consideró por su parte que la resolución judicial es «una vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias y los alumnos del centro» y calificó de «sorprendente» que «un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto».
¿Olvida que «ayer» un negro no podía asistir a clase en un aula de blancos? Recuerda que aquello era «racismo»… ¿y esto?
¿De quien depende? ¡De usted, sin duda!
José Manuel Belmonte
