El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en un nuevo acto de autoritarismo caudillista y de falta de respeto por las instituciones democráticas, ha designado a la exconcejal socialista del Ayuntamiento de Guadalajara y exministra de Trabajo Magdalena Valerio, como presidenta del Consejo de Estado. Y lo ha hecho saltándose todo tipo de controles éticos y legales a sabiendas de que cuenta con el apoyo de sus socios de investidura, partidos de extrema izquierda e independentistas, a pesar de dar por descontado que ya se cobrarán en especie, en forma de concesiones políticas y económicas, este nuevo capricho autocrático del nuevo césar socialista que viene a sustituir a Felipe González.
Pero Valerio, por dignidad y decencia, debería haber dicho que no. Valerio, política sectaria, prepotente y carente de humildad, lo ha sido todo en política, desde concejal de ciudad de provincias a consejera regional durante la ruinosa gestión de la Junta de José María Barreda, pasando por diputada nacional y, finalmente, ministra de Trabajo durante 18 meses. Fiel a Sánchez cuando el resto de barones socialistas apoyaban a Susana Díaz, obtuvo el premio de la cartera de Trabajo, golazo en propia puerta del sindicato de putas autorizado por ella misma incluido, en pago a su lealtad al autócrata una vez que este, tras su humillante salida por la puerta de atrás de la dirección del PSOE en octubre de 2016, regresó a los laureles del poder en mayo de 2017.
Valerio sabe que no cumple uno de los dos requisitos previos legales establecidos para ser presidenta del Consejo de Estado, máximo órgano constitucional consultivo encargado de elaborar informes jurídicos sobre las leyes que el Gobierno o los diferentes parlamentos puedan remitirle para examen y consulta: ser jurista de reconocido prestigio. Este organismo está formado por figuras de relevancia jurídica de la talla de expresidentes del Tribunal Supremo o Constitucional, magistrados de todos los órdenes, catedráticos de Derecho… De hecho, la ley que regula su acceso establece que la presidencia la ha de ocupar un jurista de reconocido prestigio. Y he aquí donde Valerio no encaja. Ser licenciado en Derecho, como ella, no significa ser jurista de reconocido prestigio. En España son miles los graduados en esta carrera que cada año salen de sus aulas y ninguno de ellos consigue en ese instante, a la par que el título de Derecho, el reconocimiento de ‘jurista de reconocido prestigio’. Eso es algo muy distinto. Y el Tribunal Supremo lo ha definido muy claramente en numerosas sentencias: ‘Jurista de reconocido prestigio es aquella persona que se dedica al mundo del Derecho de forma profesional y acumula en su haber un determinado número de años en función del cargo institucional que vaya a ocupar’. A saber, 10 para magistrado de un tribunal ordinario y 15 para magistrado del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Y Valerio no cumple ni el mínimo. Tras licenciarse en Derecho opositó al Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social, cuerpo que no requiere la máxima titulación, la A1, sino la siguiente, la A2. Es decir, ni siquiera sus pocos años ejercidos como funcionaria se le podrían contabilizar para cumplir el requisito de ‘jurista de reconocido prestigio’. Pero es que el resto de cargos políticos remunerados que ha ostentado a lo largo de su carrera, ya hemos dicho, desde concejal a consejera de la Junta o ministra, no contabilizan para considerarse ‘jurista’, como bien recuerda en una de sus sentencias el Supremo: ‘…los servicios a computar a los efectos que nos ocupan vendrían referidos exclusivamente a aquellos períodos en que el codemandado desempeñó su profesión y no a aquellos en los que fue nombrado Alto Cargo ya que de conformidad con lo establecido en la LOFAGE para dichos nombramientos no es necesario ser Licenciado en Derecho, ni, en consecuencia tener acreditada una determinada experiencia profesional jurídica, siendo suficiente con pertenecer al grupo A…’. STS 3158/2011). Por tanto, Valerio, al contrario de lo que de ella asegura Moncloa para adornar el currículum de Valerio, no es ‘jurista de reconocido prestigio’, una mentira más a las que nos tiene acostumbrado Sánchez.
Decir que Valerio cumple el requisito de ‘jurista de reconocido prestigio’ para poder ser nombrada presidenta del Consejo de Estado resulta tan grotesco como si mañana el ministerio de Cultura nombrara a Sara Simón, vendedora de seguros antes de entrar en política, nueva directora de la Biblioteca Nacional y lo hiciera calificándola de ‘bibliotecaria de reconocido prestigio’ en base a su diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, y que se contabilizaran sus años como alcaldesa de Montarrón y edil de Fiestas del Ayuntamiento de Guadalajara para justificarlo. Aunque, tiempo al tiempo, con Sánchez todo es posible.
Valerio, mujer de finísimo olfato político, siempre ha sabido cómo posicionarse para alcanzar el máximo poder institucional tras cada fracaso electoral que cosechaba. Ella sabe a ciencia cierta que de ninguna manera cumple el requisito de ‘jurista de reconocido prestigio’, y que esa sombra la acompañará siempre en su currículum. Por eso, por dignidad y respeto a ella misma, debería haber rechazado el cargo que le ofreció Sánchez como nueva presidenta del Consejo de Estado y debería haber pedido otro puesto en el amplísimo organigrama de colocaciones a dedo que a diario realiza el autócrata, para pasar desapercibida y seguir mandando mucho, como a ella le gusta.
Cuando Alejandro Magno fue al encuentro de Diógenes, filósofo griego que hizo de la pobreza su virtud, para conocerlo, le ofreció todo el poder y riqueza que se le antojara. El cínico le respondió que lo único que quería es que se quitara de delante, que le estaba tapando el sol. Poco después, un ministro del rey macedonio le reprochó su actitud: «¡Ay, Diógenes! Si aprendieras a ser más sumiso y a adular más al emperador, no tendrías que comer tantas lentejas». Este, que renegó toda su vida de honores y riquezas, requisito que entendía fundamental para considerar que vivía siendo honesto consigo mismo, le contestó: «En cambio tú, si aprendieras a comer lentejas, no tendrías que ser sumiso y adular tanto al emperador».
Un artículo magnífico, Sr. Mangas. Ha retratado a la «no jurista», en este caso ni siquiera en broma podríamos decir lo de «desconocido prestigio» porque partimos de la carencia absoluta de
dicha condicion como bien se argumenta por su parte. Esta es la grey que nos gobierna y que ocupa cargos de prestigio. Comparar a Valerio con Rubio Llorente, De la Cuadra Salcedo o Ledesma, por citar a presidentes del Consejo de Estado de afinidad socialista es comparar una piedra preciosa con bisutería barata, pero es que la degradación en la política «progresista», (sería mucho mejor definirla como «regresista») no tiene límites. Por último, permítame que le formule una pregunta: ¿de verdad se le ha pasado a vd por la cabeza que una acreditada vividora de la política sin más bagaje y experiencia que haber ocupado un puesto detrás de otro, habría sido capaz de tener la mínima dignidad, pudor o decoro para haber rechazado un puesto de este nivel? Creo que a pesar de su experiencia sigue siendo vd un inocente.