El Heraldo del Henares
El desempleo subió en septiembre en 1.685 personas, una cifra que eleva a 144.180 el número de parados en Castilla-La Mancha, de acuerdo a los datos publicados este martes por el ministerio de Trabajo y Economía Social.
El dato es especialmente negativo teniendo en cuenta el tradicional buen comportamiento del mercado laboral de la región en septiembre, que incluso suele liderar la creación de empleo a nivel nacional, según han informado fuentes del sindicato CSIF CLM en un comunicado.
Según estos datos, Castilla La Mancha es ahora la sexta comunidad en la que más sube el paro, de hecho, es la primera subida del desempleo para un mes de septiembre en Castilla-La Mancha desde 2008, cuando se incrementó en 1.860 parados.
A pesar de que el dato interanual refleja una bajada de 7.852 desempleados, la comunidad autónoma arrastra su tercer mes consecutivo de destrucción de empleo.
Además, el paro ha subido en todas las provincias, aunque con menor incidencia en Ciudad Real por el mayor impacto de la campaña de la vendimia.
El tradicional fin de los contratos a la conclusión del periodo estival se evidencia en los casi 3.100 puestos de trabajo perdidos en el Sector Servicios, que afronta una fase incierta hasta el nuevo pico de contratación en la campaña navideña.
Para CSIF, «es especialmente alarmante el paro femenino, que supuso la totalidad del empleo destruido en septiembre: 1.745 mujeres engrosaron las listas de desempleo frente a 60 hombres que lograron un contrato de trabajo. Es más, en la región hay 52.703 mujeres mayores de 45 años en el paro.
El único dato positivo es la contratación indefinida, que sigue ganando terreno frente a la contratación temporal.
Estas fuentes han señalado que «dentro del actual clima de inflación disparada y empobrecimiento generalizado de las familias, reclamamos actuaciones que reduzcan la estacionalidad, aumenten la estabilidad laboral y fortalezcan los servicios públicos».
En este sentido, CSIF ha vuelto a censurar los 51.9 millones de euros que el Gobierno regional ha otorgado a CCOO, UGT y Cecam desde 2014, cantidad que debería ser reintegrada en su totalidad para proteger a los colectivos más vulnerables.
