El Heraldo del Henares
El juicio contra el arquitecto C.C.S.R., y el aparejador de las obras de rehabilitación del castillo de Jadraque, J.M.V.B., que se iniciaron en septiembre de 2006 y se paralizaron en diciembre de 2007 tras el derrumbe de varios elementos arquitectónicos y grietas en los muros, se celebrará desde este jueves 20 de octubre en el juzgado de lo Penal número 2 de Guadalajara.
Según los escritos presentados por el Ministerio Fiscal, el Abogado y del Estado y el Ayuntamiento de Jadraque en su calidad de acusación particular, a los que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES, los acusados se enfrentan a peticiones de penas que van hasta los dos años de prisión, multa de 36.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de sus profesiones.
Además, tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Jadraque han solicitado el pago de una indemnización por los daños causados que para el Ministerio Público ascenderían a 276.855,24 euros y en el caso del Consistorio jadraqueño estos se tasarían en 1.446.083,93 euros.
A los dos investigados se les acusa de un delito contra el Patrimonio Histórico del artículo 321 del Código Penal, tras la denuncia formulada en mayo de 2012 ante la Fiscalía por el ingeniero técnico de Obras Públicas y vecino de Jadraque, Guillermo Rocafort, que derivó en 2013 en una investigación judicial que ha conducido a ambos al banquillo de los acusados 15 años después de ocurridos los hechos.
Por este motivo, la defensa de los dos acusados ha solicitado que se exima a los mismos de cualquier tipo de responsabilidad penal al entender que han prescrito los hechos tras haber transcurrido más de cinco años desde que ocurrieron los hechos, diciembre de 2007, y la apertura de diligencias contra ellos, en 2013, tras la denuncia de Rocafort.
Los hechos que han dado lugar a este procedimiento judicial se iniciaron en 2002, cuando tras la construcción de la autopista de peaje R2 (Madrid-Guadalajara), se acordó que el 1% del importe de esas obras que la Ley de Patrimonio Histórico reserva a bienes de interés cultural, se destinaran a la reconstrucción integral del castillo de Jadraque.
De esta forma, el Ayuntamiento jadraqueño, como propietario del castillo, elaboró entre los años 2003 y 2004 el proyecto de restauración de este edificio, que se realizaría en tres fases.
La primera de ellas incluiría el acondicionamiento de los accesos, restauración de la barrera exterior y consolidación de los restos arqueológicos; la segunda sería el acondicionamiento del adarve y lienzos exteriores; y la tercera y última, la intervención en el área del palacio renacentista.
En abril de 2006 se aprobó el pliego de condiciones para la contratación de la obra, que ascendía a 1.974.680,99 euros, que fue adjudicada a la empresa Geocisa, cuya dirección facultativa estaba formada por el arquitecto y aparejador ahora acusados.
Según los escritos de acusación, una vez iniciadas las obras ‘y debido a la introducción de alteraciones sustanciales en las condiciones de ejecuciones de determinadas unidades de obra y una deficiente consideración en el proyecto de los condicionantes impuestos por las características específicas del edificio y terreno, se causaron daños en diversos elementos del castillo‘.
En concreto, desde mayo de 2007 a junio de 2008 se produjeron derrumbes en varios torreones del castillo, así como grietas en otros elementos arquitectónicos como las fábricas del aljibe, algunas de ellas producidas por filtraciones de agua.
En vista de ello, el Ayuntamiento encargó un estudio de valoración de daños a una tercera empresa, quien señaló en su informe que ‘los daños manifestados… presentan causas comunes relativas a una deficiente evaluación de las condiciones tanto de los muros históricos como del terreno en que se apoyan‘.
Además, según este informe, se añadía ‘lo inapropiado de los rellenos proyectados tras la barrera, sustituyendo la zahorra drenante que se contemplaba en el Proyecto por material limoso-arcilloso, extraído de las excavaciones arqueológicas, y la inadecuación de la propia naturaleza de los materiales utilizados para realizarlos y una defectuosa ejecución‘.
Estos escritos señalan que por culpa de estas deficiencias, las obras tuvieron que ser paralizadas, ‘lo que ha afectado gravemente a la estabilidad y durabilidad de la obra ejecutada y la obra original’.
Según ha señalado a este diario el promotor de la denuncia, Guillermo Rocafort «es muy doloroso saber que 15 años después de que yo pusiera estos hechos en conocimiento de la Fiscalía aún no se hayan concluido las obras de rehabilitación de este castillo y, lo que es peor, el dinero nadie sabe dónde está».
No obstante, para Rocafort «aunque no están sentados en el banquillo todos los responsables, es un gran triunfo para el patrimonio histórico de los españoles que mi denuncia haya llegado a juicio, para que todos los ciudadanos puedan conocer la desidia y desinterés de las instituciones que tenían obligación de velar por la restauración del castillo y no lo hicieron».
