El Heraldo del Henares
Un enfrentamiento entre bandas rivales dedicadas al negocio de la okupación ilegal de viviendas provocó en la pasada noche y madrugada momentos de alta tensión en el municipio de Alovera.
A consecuencia de este enfrentamiento, una persona resultó herida de un perdigonazo. El herido fue atendido en el hospital de Guadalajara y dado de alta, mientras que el autor ya habría sido identificado, según ha informado el diario Nueva Alcarria.
Esta pelea fue seguida en directo por numerosos vecinos de la localidad, especialmente en el entorno de la calle Valmores, lugar donde están ubicadas las viviendas ocupadas, lo que causó alarma e inquietud entre los vecinos.
En un primer momento, hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de la Guardia Civil, que consiguieron poner calma entre los dos clanes, pero unas horas más tarde volvieron los enfrentamientos y fue cuando tuvo lugar el perdigonazo y los daños a, al menos, un vehículo.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alovera ha emitido un comunicado en el que afirma que ha solicitado la convocatoria urgente de una Junta Extraordinaria de Seguridad Local con la presencia del subdelegado del Gobierno y responsables de todos los cuerpos policiales para hacer el análisis y dar la respuesta más eficiente y que demanda el municipio.
La okupación ilegal de viviendas, un negocio muy rentable… y casi impune
La usurpación de viviendas, nombre real de la infracción penal con la que se juzga el hecho delictivo conocido popularmente como ‘okupación’, comenzó como movimiento marginal de grupos radicales antisistema, que ocupaban edificios abandonados de las grandes ciudades para convertirlos en centros de reunión.
Con la crisis económica de 2010, la ocupación ilegal de viviendas pasó a convertirse en la única alternativa que le quedó a miles de familias que acababan de ser desahuciadas por impagos, que acababan viviendo en inmuebles propiedad de los propios bancos que les habían desahuciado. Con la reforma legal de 2015, que dejó de considerar esta actividad como delito grave, para ser tipificada como ‘delito leve’, la ocupación de viviendas se multiplicó exponencialmente.
En la actualidad, se ha terminado convirtiendo en un modo de vida de grupos criminales organizados, que entran por la fuerza en viviendas de particulares y empresas y las ceden a terceros a cambio de una entrada simbólica y un alquiler mensual.
Estas mafias cuentan con la lenidad y lentitud de una ley que califica este hecho como ‘delito leve’ y no conlleva pena de cárcel, sino pequeñas multas que nunca son pagadas por los condenados, que disfrutan de vivienda gratis durante los aproximadamente dos años que duran los procesos judiciales penales para desahuciarlos.
