El Heraldo del Henares
El actual alcalde de Cifuentes (Guadalajara), Marco Campos, ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que ha anunciado que tanto él como otros tres concejales o exconcejales cifontinos que fueron a declarar como imputados por diferentes delitos urbanísticos ante el juzgado de instrucción número 3 de Guadalajara el pasado martes 4 de febrero, han quedado exonerados al haber sobreseído provisionalmente la juez las actuaciones respecto de ellos.
Tal como informó este diario, Campos y otros cargos y excargos municipales de Cifuentes, así como diferentes técnicos municipales, estaban siendo investigados por el juzgado por la supuesta comisión de diferentes delitos tras el derribo, en 2005, del edificio del Ayuntamiento, lo que supuestamente causó daños a los edificios colindantes.
Según ha señalado Campos en dicho comunicado (ver completo en este enlace), «en nuestro caso -varias personas que forman o han formado parte de la corporación municipal de nuestro pueblo-, tras escucharnos la juez ha dictado el sobreseimiento y archivo, es decir, ha desestimado la denuncia».
Campos ha lamentado que antes de este sobreseimiento de las actuaciones respecto a estos cargos municipales, entre ellos él, «hemos tenido que soportar un sinfín de ataques y advertencias verbales, al menos así lo hemos sentido, pasar por el mal trago de vernos envueltos en un proceso judicial, ver nuestra foto, nuestros nombres o nuestras iniciales en algún medio de comunicación y en redes sociales».
Pero también, ha añadido, «hemos recibido el apoyo y el aliento de muchas vecinas y vecinos, de amigas y amigos, que nos conocen y que saben que, con nuestros aciertos y errores, estamos o hemos estado en el Ayuntamiento con una única motivación: trabajar para Cifuentes».
Campos, que ha señalado que ninguno de los cuatro imputados para los que se ha archivado provisionalmente la causa estaban en el Ayuntamiento cuando se produjo la demolición de la Casa Consistorial, «pero cuando hemos estado, o estamos hoy en día, en todo momento, hemos intentado, y seguimos haciéndolo, resolver el problema».
«El alcalde y su equipo de gobierno, siguiendo siempre el criterio de técnicos y jurídicos, seguirán dando pasos para que los vecinos afectados resuelvan su situación y para que Cifuentes tenga su Casa Consistorial, aunque nos lo quieran impedir metiéndonos el miedo en el cuerpo y nos pongan un obstáculo detrás de otro», ha finalizado diciendo Campos en su comunicado.
El derribo del edificio del Ayuntamiento que causó daños a los edificios anexos
Este proceso judicial, que sigue abierto y pendiente de nuevas diligencias respecto de otros imputados, así como de los posibles recursos que las familias de los inmuebles afectados puedan interponer contra el sobreseimiento de la causa contra los cuatro imputados que declararon el pasado 4 de febrero, se inició tras el derribo hace dos décadas del edificio consistorial, sito en la plaza Mayor de Cifuentes.
Los hechos tienen su origen en 2005, cuando el Ayuntamiento cifontino, entonces presidido por el alcalde Javier Marigil, acordó el derribo del edificio consistorial, lo que supuestamente provocó daños a tres edificios colindantes, dos de los cuales quedaron en situación de ruina.
El juzgado ya escuchó en su momento en declaración como imputado a Marigil, tras lo cual acordó el sobreseimiento de la denuncia, si bien la Audiencia provincial de Guadalajara ordenó que siguieran las actuaciones para poder escuchar al resto de denunciados.
Además de estos cargos políticos, también están siendo investigados un aparejador y un arquitecto municipales.
Otros tres técnicos que intervinieron en el expediente administrativo de demolición también fueron citados, pero dado el tiempo transcurrido, casi veinte años, dos de ellos ya han fallecido y el tercero no declarará por motivos de salud.
En total, los delitos por los que estaban siendo investigados Campos y el resto de acusados que declararon el pasado 4 de febrero eran los de ‘daños continuados’, ‘falsedad’, ‘contra la Ordenación del Territorio’, ‘prevaricación administrativa’, ‘infidelidad en la custodia de documentos públicos’, ‘malversación’ y ‘fraude’.
Ahora, el juzgado tendrá que decidir si sigue la causa contra el resto de cargos políticos y técnicos que siguen imputados o la archiva provisionalmente también respecto de ellos.
Un edificio catalogado como histórico y una sentencia que impide su reconstrucción
El asunto del derribo del antiguo edificio consistorial, catalogado como histórico, ha sido objeto de numerosos procedimientos judiciales, tanto contencioso-administrativos como penales.
El propio propio Ayuntamiento cifontino aprobó en su momento una normativa para legalizar las obras de reconstrucción del edificio, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, TSJCLM, la declaró nula, por lo que el proyecto sigue paralizado.
