El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara, Emilio Vega Ruiz, ha mostrado su satisfacción por el anuncio realizado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de incrementar en un 30% los honorarios que perciben los abogados que están suscritos al Turno de Oficio y de Asistencia, una medida que se hará efectiva cuando se aprueben los Prespuestos Generales del Estado para 2018.
Según han informado fuentes del colegio alcarreño en un comunicado, “era una de las demandas más repetidas de los letrados que integran el Turno de Oficio y de toda la profesión que siempre ha estado representada por los Colegios de Abogados que, de manera legítima, representamos a todos nuestros colegiados y que siempre reiteramos todas las peticiones que ellos nos trasladan a los poderes públicos”.
“En este caso, se ha atendido una solicitud reiterada de los colegios profesionales al ministerio de Justicia pero hay muchas más que vamos a seguir exigiendo para mejorar la asistencia jurídica de los ciudadanos”, ha declarado el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara, Emilio Vega Ruiz.
El incremento anunciado en el último pleno del Consejo General de la Abogacía prevé una subida entre el 35 y el 20% de los honorarios según los diferentes asuntos pertenecientes a la Asistencia Jurídica Gratuita pero, eso sí, afectará a la práctica totalidad, al 99%, de los expedientes tramitados.
“Se han mantenido muchas conversaciones con el ministerio de Justicia para conseguir una mejora sustancial de los honorarios del Turno de Oficio para que fuesen dignas y acordes al trabajo que desempeñan los abogados. Este anuncio es un primer paso que nos alegra y que esperamos que estén acompañados por más mejoras en el futuro”, ha valorado Emilio Vega Ruiz.
Y es que desde el Consejo General de la Abogacía y los Colegios de Abogados solicitan que a continuación se realice una actualización del baremo ajustado al incremento del IPC acumulado, así como un reconocimiento de nuevos módulos y el abono de las guardias.
Tanto los Colegios de Abogados como el Consejo General de la Abogacía Española han venido denunciando que la retribución del Turno de Oficio no era suficiente para reconocer la labor que desempeñan los más de 50.000 abogados que en España están adscritos al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y al servicio público de Justicia Gratuita.
“La labor de los Colegios de Abogados ha sido determinante para lograr reivindicaciones como el abono mensual de las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita y ahora este incremento de los honorarios de los letrados”, ha destacado Emilio Vega Ruiz.
Hay que recordar que el ICA de Guadalajara cuenta con un número importante, más de un centenar de abogados inscritos en los diferentes turnos de oficio y asistencia.
Así, 123 profesionales lo están en el Turno de Oficio de materia Civil en Guadalajara, otros 32 en Molina de Aragón y otros 31 en Sigüenza.
Igualmente, 146 abogados están inscritos en materia Penal en Guadalajara, 55 en Molina de Aragón y 50 en Sigüenza; mientras que 109 están especializados en Guadalajara en casos relacionados con menores y otros 93 con violencia de género.
Además, el Turno de Oficio en materia Social de Guadalajara cuenta con 52 profesionales en Guadalajara; otros 80 están vinculados a materia de extranjería en todos los partidos judiciales de la provincia.
En lo que respecta al Turno de Asistencia, los profesionales que están de guardia, uno de guardia por turno cada día, 126 están vinculados con el Turno de Asistencia Detenido en Guadalajara de materia Penal, así como otros 11 con el Turno de Asistencia Detenido en Sigüenza y Molina de Aragón; mientras que 84 lo están en materia de atención a víctimas Violencia de Género en el Turno de Asistencia Víctima en todos los partidos judiciales; otros 89 al Turno de Asistencia de imputado por Violencia de Género en materia Penal de todos los partidos judiciales; y por último, 29 letrados están inscritos en el Turno de Asistencia de Extranjería.
La asistencia jurídica gratuita está reconocida en la Constitución Española y garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de aquellas personas que no disponen de recursos para litigar.