El Ministerio Fiscal ha presentado un escrito de acusación contra el alcalde de Fontanar, Víctor San Vidal Martínez,en el que solicita que se le imponga la pena de cuatro años de prisión y nueve años de inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos, en el procedimiento seguido contra él en el juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara.
Según han informado fuentes de Unidas Podemos Fontanar en un comunicado, el juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara ha decretado por ello la apertura de juicio oral contra San Vidal por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública contra San Vidal.
En el auto, con fecha 9 de noviembre de 2021, el juzgado también ha decretado la apertura de juicio oral contra la administradora única de la empresa WTL Soluciones Integrales SL por los mismos delitos.
El ministerio fiscal, solicita un total de 4 años de prisión para cada uno de los dos encausados y 9 años de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público.
El inicio de esta investigación se remonta a noviembre de 2018, cuando dos concejales de Unidas por Fontanar, antes Ahora Fontanar, interpusieron una denuncia contra el alcalde de Fontanar por la adjudicación y ejecución de las obras del Sector 4.
Este contrato se adjudicó a una empresa que, según estas fuentes, no existía, sin experiencia en obras de urbanización y cuya administradora única es la madre del Jefe de Protección Civil y amigo íntimo del alcalde.
La petición de penas se fundamenta en todas las diligencias de investigación llevadas a cabo por el juzgado, declaraciones de las personas imputadas, de testigos, numerosos documentos, facturas etc.., y un informe pericial que recoge las actuaciones que figuraban en el proyecto municipal, y que no han sido ejecutadas y sin embargo sí han sido abonadas por el Ayuntamiento y cobradas por la empresa adjudicataria.
Por último, estas fuentes han recordado que este procedimiento no es el único al que se enfrenta Víctor San Vidal.
San Vidal fue detenido en una intervención de la Guardia Civil en el ayuntamiento en julio de 2019 bajo la acusación de haber cometido los delitos de malversación, falsificación de documento público y otros delitos relacionados con la corrupción. Fue luego puesto en libertad tras declarar en el juzgado.
Este otro procedimiento continúa en fase de investigación.