El Heraldo del Henares
El juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara ha archivado definitivamente la denuncia interpuesta por el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca por los contratos de representación jurídica que el exalcalde Pablo Bellido adjudicó sin concurso público durante años al despacho de abogados del exalcalde socialista de Guadalajara, Javier de Irízar.
No obstante, el juzgado advierte que cuando ocurrieron los hechos, entre 2011 y 2019, «cualquier concejal debería haber acudido precisamente entonces a la jurisdicción contencioso administrativa para un mejor control de la legalidad de la gestión municipal al respecto y quizás entonces podría haberse corregido y no reiterado».
De estas adjudicaciones a dedo y sin concurso público, que algunos años llegaron a superar los 100.000 euros, hay constancia judicial desde 2011, con Bellido, hasta 2019, ya con Blanco en la Alcaldía.
No obstante, en 2018, tras los informes de la Intervención municipal en ese sentido, el actual alcalde abrió un concurso público para licitar estos servicios, que terminó adjudicándoselos el despacho de la conocida letrada Francisca Sahuquillo.
Por este motivo, el Grupo Municipal de IU y la asociación contra la corrupción y en defensa de la Acción Pública, Acodap, pusieron en conocimiento de la Fiscalía en marzo de 2020 todas estas adjudicaciones a dedo de los gastos de abogado, que se realizaban sin concurso público y por Decreto de Alcaldía.
Una vez recibida la denuncia, la Fiscalía pidió un informe al Secretario Interventor para conocer todos los expedientes de pago a despachos de abogados por representación jurídica del Ayuntamiento.
También, se tomó declaración a la nueva secretaria municipal, quien señaló que ahora sí se estaban tramitando los expedientes de gastos de abogado como establece la normativa legal y que «desconocía por que no se hizo con anterioridad», cuando, según esta funcionaria, «bastaba el decreto del alcalde aprobando el gasto y la factura».
Posteriormente, se ofreció la posibilidad a Bellido de personarse en las actuaciones debido a su condición de aforado como actual presidente de las Cortes de Castilla La Mancha.
Bellido, no obstante, se acogió a su privilegio como aforado y optó por presentar por escrito sus alegaciones. El actual secretario provincial del PSOE y presidente de las Cortes de Castilla La Mancha entregó un escrito a la fiscal en el que se defendía asegurando que los gastos adjudicados a Irízar no fueron impugnados en ningún momento por los funcionarios ni por la Junta de Gobierno Local que él mismo presidía: «Todas las designaciones de abogados eran avaladas por el secretario municipio y con la actuación de la Interventora municipal».
Por tanto, según Bellido, quien aprobaba las facturas «era la Junta de Gobierno municipal«, sin que ni la secretaria o Intervención pusieran reparos a dichas facturas.
La Fiscalía también recibió declaración al propio Irízar y varios de los profesionales de su despacho que aparecían en la relación de facturas. Este letrado, según el Decreto de Fiscalía, manifestó que aunque algunas facturas excedieran la cuantía de 15.000 o 18.000 euros, según la nueva interpretación legal publicada en el BOE de 7 de marzo de 2019, «entiende que pueden contratar si se trata de contratos independientes».
Por su parte, en su declaración ante la Fiscalía, Blanco aseguró que tras tomar posesión como alcalde (en junio de 2015), comprobó que «los servicios jurídicos los defendía el despacho de Irízar, que ninguno de los funcionarios puso ningún reparo».
Cuando se adjudicó a través de concurso público el Ayuntamiento se ahorró más de 50.000€ al año
No obstante, Blanco declaró que en julio de 2017 ya dictó la primera providencia de Alcaldía requiriendo al departamento de secretaría «para que normalice toda la contratación a fin de integrarla en un paquete completo de procedimientos y poder dejar de adjudicar a dedo expediente a expediente.
La licitación del concurso finalizó en 2020 con la adjudicación al despacho de Paca Sahuquillo de toda la defensa legal municipal por 40.000€ (48.400€/año IVA incluido) para los pleitos destinados al orden Contencioso Administrativo y 3.500€/año (€ IVA incluido) los destinados al orden Social (Laboral). Es decir, menos de la mitad de lo que se llegó a pagar al despacho de Irízar en la mayoría de los años anteriores.
La Fiscalía archivó la denuncia porque solo hay delito ‘si se dicta una resolución sabiendo que es ilegal’
Una vez estudiada toda la documentación, la Fiscalía decretó que el delito de prevaricación trata de «sancionar supuestos-límite en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando al ciudadano afectado o a la Administración Pública».
Además, según la Fiscalía, para que haya delito de prevaricación hay que «eliminar arbitrariamente la libre competencia en un injustificado ejercicio de abuso de poder», es decir, «no es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad lo que se sanciona»
Según el Decreto de archivo dictado por el ministerio público, para que exista el delito de prevaricación la autoridad o funcionario ha de dictar la resolución ilegal «a sabiendas» de que es ilegal e injusta, «con plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico».
Por ello, tras analizar todo el caso, la Fiscalía afirmó que «no se aprecia intencionalidad maliciosa con relevancia penal en las contrataciones por parte de los alcaldes durante el periodo analizado», ya que las mismas venían realizándose sin que ni la Secretaria ni el Interventor pusieran reparos.
Y continuó señalando la fiscal que exculpaba a Bellido (que es licenciado en Derecho) y a Blanco de la comisión del delito de prevaricación al no poder «afirmar que la actuación llevada a cabo para la contratación de los abogados haya sido con una intención deliberada y plena de conciencia de ilegalidad del acto realizado».
El ministerio público concluyó el decreto afirmando que no existiendo dolo, se excluye el elemento subjetivo del tipo penal, faltaría ‘a sabiendas’, sin perjuicio de las irregularidades administrativas que como se ha hecho referencia, en la actualidad ya han sido corregidas».
Durante toda la investigación de los hechos en la Fiscalía, no se citó a los denunciantes a fin de que pudieran ratificar su denuncia ni aportar nuevos documentos, asistir a las declaraciones de los investigados para realizar sus propias preguntas ni solicitar nuevas pruebas.
IU y Acodap reiteraron la denuncia ante los juzgados de Instrucción
Por ese motivo, tras este archivo por parte de la Fiscalía, el Grupo Municipal de IU azudense y Acodap reiteraron la denuncia por estos mismos hechos ante los juzgados de Guadalajara, que fue repartida al juzgado de instrucción número 1 de la capital alcarreña.
Ahora, según la resolución judicial a la que ha tenido acceso este diario, el juzgado archiva la causa sin practicar diligencias al entender que esta misma denuncia ya se había presentado en marzo de 2020 ante la Fiscalía.
En su resolución, la juez señala que «el relato de hechos es idéntico y no se introduce ninguna novedad y se limita a reiterar lo ya expuesto y valorado sobradamente por la fiscalía sin ningún cambio».
En su auto de archivo, la juez reprocha a IU que haya reiterado la denuncia ante los juzgados tras el archivo de la Fiscalía, «en una actuación que no puede descartarse pueda tener incluso una motivación simplemente política, dado que se trata de una situación que al parecer en la actualidad ya está modificada».
«Todo ello si perjuicio de advertir que si durante todos esos años (2011 a 2019), si ha existido alguna actuación irregular en las decisiones del Ayuntamiento en esta materia, este grupo político o cualquier concejal debería haber acudido precisamente entonces a la jurisdicción contencioso administrativa para un mejor control de la legalidad de la gestión municipal al respecto y quizás entonces podría haberse corregido y no reiterado», finaliza el juez en su razonamiento de archivo.
