El Heraldo del Henares
El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Guadalajara ha condenado a tres años y medio de cárcel al trabajador de Correos de El Casar, acusado de robar tarjetas bancarias y contraseñas del correo y estafar más de 30.000 euros.
La sentencia se produce tras el veredicto de culpabilidad dictado por un jurado popular, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.
Según la sentencia facilitada por el TSCLM, se le considera autor penalmente responsable de un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos en concurso medial con un delito continuado de estafa, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 3 años y seis meses de prisión.
Además, se le condena a la pena de veinte meses de multa con una cuota de 10 euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas; cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, sin que proceda la suspensión de la ejecución de la pena.
Y deberá indemnizar al Banco Santander con el pago de 22.900 euros en concepto de responsabilidad civil,con la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa de Correos, según ha informado MiraCorredor.
El fiscal pedía cinco años de prisión en su calificación provisional y luego rebajó la petición
Un jurado popular juzgó el pasado mes de enero al cartero de El Casar, Mesones y Valdenuño Fernández, F.J.C.M., que entre los meses de junio de 2016 y abril de 2017 se apropió de las tarjetas de crédito que los bancos enviaban a sus clientes por correo postal y con las que luego sacaba dinero en efectivo de cajeros de varias provincias de toda España.
Según el escrito de acusación presentado por el fiscal con carácter previo al juicio al que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES, el empleado de Correos y Telégrafos se habría apropiado de esta forma de un total de 29.400,75 euros en un total de 61 operaciones.
De acuerdo con el escrito del fiscal, los hechos relatados son constitutivos de dos delitos en relación de concurso medial: un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos y un delito continuado de estafa informática.
Por los mismos, solicitó en juicio la pena de cinco años de prisión, treinta meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros, en total 9.000 euros, que será sustituida por otros quince meses de prisión en caso de impago; así como nueve años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público, como el que realizaba en Correos. Finalmente, en su calificación definitiva en el acto del juicio, el fiscal rebajó la solicitud a tres años y medio de cárcel, pena finalmente impuesta.
El modus operandi del acusado consistía en apropiarse de los sobres con tarjetas de crédito que el Banco de Santander enviaba por correo postal a sus clientes de los municipios de El Casar, Mesones y Valdenuño Fernández.
Una vez en su poder, las guardaba en espera del siguiente sobre que el banco remitía por separado con las claves de las tarjetas a sus clientes, el número PIN, por lo que el cartero procedía a activar las tarjetas en un cajero automático y a partir de ese momento realizaba una serie de reintegros con cada una de ellas, en total, 61, en cantidades que iban de los 40 a los 1.000 euros.
Según el escrito del fiscal, en total se apropió de 29.400,75 euros de los clientes a los que iban dirigidas las tarjetas en cajeros de El Casar, Madrid, El Ejido y Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería), Murcia, Torre del Mar (Málaga), Gandía (Valencia), Fuente El Saz del Jarama, Alalpardo, Alcobendas, La Cabrera y Algete (Madrid).
El Banco de Santander restituyó el dinero a todos los afectados, por lo que el fiscal interesó, y así lo ha acordado la sentencia, que las cantidades defraudadas las reponga el acusado a la entidad bancaria y, como responsable civil subsidiario en caso de insolvencia, se tendría que hacer cargo del abono la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
Al tratarse de un delito de los comprendidos en la Ley Orgánica del Jurado cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo, ha sido un jurado popular el que ha determinado el veredicto de inocencia o culpabilidad del acusado.
