La Audiencia Provincial de Guadalajara ha acordado desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Pioz contra el auto de sobreseimiento provisional de las diligencias seguidas por prevaricación y malversación de dinero público acordado por el juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara en septiembre de 2024.
De esta forma, dicho auto se convierte en firme y salvo que aparezcan nuevos indicios no aportados a la causa hasta el momento, las diligencias se archivarán definitivamente.
Según han informado fuentes del PSOE de Guadalajara en un comunicado, estas diligencias se abrieron cuando el Grupo Municipal de Podemos acusó al actual equipo de Gobierno de Pioz, presidido por el socialista Manuel López Carvajal, de un delito de prevaricación y malversación de dinero público al poner sueldo municipal a dos concejales tránsfugas de Vox, Carlos Torres y Antonino Delgado, que se habían pasado al Grupo de No Adscritos en noviembre de 2023.
Tras ello, el alcalde socialista convocó un Pleno un mes después, en el que se aprobó integrar a estos dos ediles en el equipo de Gobierno y dotarles de un sueldo de 39.204,45 euros para Carlos Torre y de 26.136,30 euros para Antonino Delgado.
López Carvajal ha defendido este pacto de Gobierno al que se llegó con los dos exconcejales de Vox y ahora no adscritos porque fue “la única solución posible para levantar el bloqueo en el que se encontraba el Ayuntamiento”.
“Durante los primeros meses era inviable sacar adelante cualquier proyecto y, ahora, mirando con perspectiva, está claro que este pacto está funcionando, permitiendo que iniciativas importantes para el municipio prosperen”, ha añadido López Carvajal.
El primer edil ha finalizado mostrando su “satisfacción” por la resolución judicial a esta cuestión y ha recordado que no es la primera vez que los tribunales le dan la razón desde que asumieron la responsabilidad de gobernar en este municipio.
En el comunicado del PSOE se ha anunciado la confirmación del sobreseimiento provisional de esta causa, pero no se ha dado a conocer el contenido íntegro del auto de la Audiencia con los fundamentos de derecho esgrimidos por este tribunal para dicho archivo.
Cronología del proceso judicial
El 28 de diciembre de 2023, el exalcalde de Pioz y actual concejal de Podemos, Juan Antonio Pendás, formuló denuncia en los juzgados de instrucción de Guadalajara contra el alcalde de este municipio, el socialista Manuel López Carvajal, y resto del equipo de Gobierno municipal, por prevaricación y malversación de fondos públicos por haber incorporado a dicho Gobierno a dos concejales tránsfugas que se habían presentado a la elecciones municipales de mayo en la lista de Vox.
Esta denuncia recayó en el número 3, que procedió a tomar declaración a los miembros del equipo de Gobierno ocho meses después, el 29 de agosto de 2024.
Sin embargo, apenas cuatro días después, el 2 de septiembre de 2024, este juzgado dictó auto de sobreseimiento provisional, por lo que Podemos se tuvo que personas como acusación particular a fin de poder recurrir en forma dicho archivo y que no se convirtiera en definitivo.
Ahora, según el PSOE, la Audiencia de Guadalajara habría confirmado ese sobreseimiento provisional y salvo que aparecieran nuevas pruebas, se convertiría en definitivo.
Pendás señaló en ese momento que el objetivo de personarse Podemos como acusación particular es claro, «luchar para desalojar del gobierno a la ultraderecha y a un PSOE presuntamente corrupto, contando con el apoyo vecinal como base”.
Incumplimiento del pacto antitransfuguismo
Desde Podemos anunciaron entonces que la denuncia se debía a que “este gobierno del PSOE ha incumplido el pacto antitransfuguismo, además de incurrir en presuntos delitos de prevaricación y malversación por un acuerdo que compensa económicamente a los concejales de ultraderecha con sueldos desorbitados”.
Estos sueldos, a juicio de Podemos sería «una presunta compra de voluntades con dinero público”.
También Vox recurrió el sueldo a los concejales tránsfugas, «algo prohibido por la ley»
También el presidente de Vox Guadalajara, Iván Sánchez anunció en enero de 2024 que el grupo municipal de su partido en Pioz había presentado un recurso de reposición ante el Ayuntamiento de este municipio contra la decisión del equipo de Gobierno del PSOE de dotar de cargos y sueldos a dos concejales tránsfugas.
Según Sánchez, cuando dos de los tres concejales que obtuvo Vox en Pioz en las pasadas elecciones municipales decidieron “aceptar la oferta del PSOE para dejar el partido a cambio de un sueldo público hicieron algo expresamente prohibido por el pacto nacional contra el transfuguismo».
Y es que, tras anunciar unos después de abandonar el Grupo Municipal de Vox para integrarse en el equipo de Gobierno del PSOE, se celebró un pleno extraordinario el el 20 de diciembre de 2023 se aprobaron los sueldos de 39.204,45 euros para Carlos Torre y de 26.136,30 euros para Antonino Delgado.
El recurso de Vox que fue rechazado, se basaba en el artículo. 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que dice que “los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación”.
Los exediles de Vox justificaron su incorporación al PSOE para ‘dar estabilidad’
Por su parte, los dos ediles tránsfugas de Vox, ahora en el equipo de Gobierno del PSOE, Carlos Torre y Antonino Delgado, emitieron un comunicado para intentar salir al paso de todas las críticas recibidas tras el abandono de la formación política por la que habían concurrido a las elecciones para pasarse al Gobierno del PSOE, asegurando que lo hacían debido al ‘clima de inestabilidad‘ municipal surgida tras las elecciones de mayo de 2023.
Y es que, los resultados de dichas elecciones dejaron un municipio muy dividido políticamente: de los 13 concejales que integran el Pleno municipal, 4 eran del PSOE, 3 de Unidas Podemos, 3 del PP y 3 de Vox, por lo que una opción era un pacto de formaciones de izquierdas, que sumaría la mayoría absoluta, algo inviable para Unidas Podemos, que rechazaban al candidato socialista.
Otra opción, según el comunicado que remitieron a los medios estos concejales, era una moción de censura firmada por los 3 ediles del PP, los 3 que entonces tenía Vox y uno de los tres que tenía Podemos, pero lo impidió ‘los egos y los intereses económicos y personales’ de unos y otros. Por este motivo, aseguraban en dicho comunicado, decidieron aceptar la oferta del PSOE para abandonar Vox e integrarse en el equipo de Gobierno.