El Heraldo del Henares
El portavoz socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, ha denunciado la adjudicación irregular de dos contratos por importe de 180.000 euros y 174.000 euros –IVA incluido– para arreglar caminos rurales en las zonas de La Alcarria y La Campiña.
Según ha explicado, “el adjudicatario ha resultado ser una persona física que no acredita la solvencia y experiencia exigidas en el pliego de condiciones, y la Diputación ha admitido que lo hiciera a través de una empresa de la que es administrador”.
“Se han adjudicado las obras a alguien que dice ser persona física para unas cosas y empresa para otras, según conviene. Esto es algo que nos parece totalmente fraudulento, y entendemos que esa oferta tendría que haber sido excluida por no cumplir los requisitos exigidos. Por eso, creemos que la Diputación ha actuado de manera irregular y exigimos al presidente, José Manuel Latre, que revise estos expedientes y actúe en consecuencia si no se cumplen todas las condiciones exigidas para obtener el contrato”, ha señalado García.
Para el portavoz socialista, “probablemente el adjudicatario presentó la oferta como persona física con la intención de sortear alguna circunstancia de la empresa que le impidiese contratar con la administración. Por eso, a la hora de acreditar la experiencia exigida en obras similares, recurre a las obras adjudicadas a esta mercantil por la propia Diputación en 2015, correspondientes a la mejora de caminos rurales en las zonas de Sigüenza y Atienza. Lo mismo hace para acreditar la solvencia exigida en el pliego, utilizando las cifras de negocio y la maquinaria de la empresa para poder tomar parte en la licitación”.
Por el contrario, según García, “utiliza su condición de persona física para la declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones para contratar, así como en los certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda y con la Seguridad Social, que están a su nombre y no al de la empresa”.
“Dicho de otro modo: si se presenta a la licitación como persona física, incumpliría el requisito de la experiencia y la solvencia, y si se presenta como empresa, probablemente estuviera afectado por alguna prohibición para contratar. De ahí esta mezcla de personalidades. En todo caso, no enjuiciamos la conducta del licitador, sino la actuación de la Diputación, y consideramos una grave irregularidad que se hayan adjudicado estas obras a una persona física sin que cumpla el requisito que exige experiencia en obras similares, puesto que es evidente que la que aporta no se corresponde con el licitador”, ha aclarado García.
“Estas irregularidades ya nos parecen suficientemente graves, aunque se tratara solo una negligencia por falta de celo en la exigencia del cumplimiento de los requisitos para contratar, pero lo serían muchísimo más si se hubiese producido la adjudicación conociendo esta circunstancia. Lo que se ha hecho no es otra cosa que burlar la ley y el pliego de condiciones aprobado por la propia Diputación, que exigen por un lado acreditar la capacidad para contratar y por otro no estar incurso en causa de prohibición. Y además, no podemos olvidar que supone un perjuicio evidente para las empresas que cumpliesen los requisitos y no han resultado adjudicatarias”, ha concluido.
