El Heraldo del Henares
El pasado día 27 de julio la Patrulla del Servicio de Proteción de la Naturaleza de Guadalajara, Seprona, llevó a cabo varias actuaciones policiales relacionadas con posibles conductas de caza ilegal con galgos, que finalmente han llevado a la constatación de la comisión de importantes infracciones administrativas en esta materia y las consiguientes denuncias a sus infractores
La provincia de Guadalajara presenta unas inmejorables condiciones para la práctica de la actividad cinegética, en concreto la caza de la liebre con galgos, sin embargo, esta no siempre se lleva a cabo siguiendo las especificaciones reglamentarias.
Los agentes del Seprona, que tenían conocimiento de hechos similares cometidos días antes en la zona, habían procedido a incrementar la vigilancia en varios cotos de caza de las localidades de Quer y Villanueva de la Torre.
Fruto de estas actuaciones, el día 27 de julio, fueron sorprendidas tres personas batiendo el terreno con perros galgos en un coto de caza del término municipal de Quer, según han informado fuentes del Instituto Armado en un comunicado.
Estas personas junto con otra más que ejercía labores de vigilancia, emprendieron la huida en un vehículo campo a través en el momento de percatarse de la presencia de los agentes, si bien tras una persecución en motocicleta fueron interceptadas en el casco urbano de Quer.
Hay que reseñar que la zona donde fueron sorprendidos los infractores es una zona catalogada como ZEPA, Zona de Especial Protección de Aves, en la que, de hecho, se han avistado varios grupos de avutardas en estos días, un ave especialmente protegida en la legislación española.
Las consecuencias que lleva aparejada la caza ilegal
Se entienden como conductas de furtivismo aquellas que se refieren a cazar fuera de temporada, no poseer las licencias administrativas requeridas, el uso de armas, medios o municiones ilegales, la caza de animales protegidos o las que se llevan a cabo dentro de áreas restringidas o prohibidas.
Dichas conductas están tipificadas en los artículos 334 y 335 del Código Penal y pueden llevar aparejadas penas de prisión de seis meses a dos años, retirada de la licencia de caza de dos a cinco años, retirada de los permisos de armas, el pago de los daños causados y el decomiso de los trofeos, además de las infracciones contempladas en la legislación de caza de Castilla La Mancha que contempla sanciones de hasta 60.000 euros.
