El Heraldo del Henares
Nueva sentencia contra la Junta de Castilla La Mancha y nueva condena en costas por violar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si hace unos días el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Guadalajara condenaba a la consejería de Desarrollo Sostenible por no permitir a una funcionaria ejercer su derecho al teletrabajo, en esta ocasión ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, TSJCLM el que ha puesto en entredicho la forma de ejercer el poder el Gobierno regional de Emiliano García Page, al saltarse las más elementales normas de procedimiento legal administrativo respecto de los ciudadanos. Ahora, el Alto Tribunal regional acaba de ratificar la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Guadalajara que había anulado la expulsión de un alumno del IES Arcipreste de Hita de Azuqueca de Henares, decretada por la delegación de Educación de la Junta de Castilla La Mancha en Guadalajara.
Y ambos tribunales han condenado a la Junta por dictar una expulsión sin haber dado trámite de audiencia previa a los padres del menor para poder hacer alegaciones a la decisión de la Administración de expulsarlo de un instituto para derivarlo a otro. En total, 3.500 euros que saldrán de las arcas regionales.
Los hechos tuvieron lugar hace cuatro años, en 2018, cuando los padres de un menor que estudiaba en el IES Arcipreste de Hita, en Azuqueca de Henares, denunciaron ante el propio centro que su hijo sufría acoso escolar por parte de algunos compañeros. Aunque por dos ocasiones se abrió el protocolo de ‘acoso escolar’, en ambas ocasiones se cerró en falso, han señalado los padres a este diario. «Es más, el acoso lo terminamos sufriendo nosotros a manos del propio centro, ya que se inició una campaña de persecución hacia nosotros por parte de la dirección, profesores, inspección educativa…», han lamentado.
“Tuve dos reuniones con su tutora… Y, cuando fui a hablar con ella, no me dijo nada más que mi hijo estaba raro, estaba nervioso, estaba alterado y que algo le pasaba”, ha señalado el padre del menor.
“Le siguieron pegando, insultando y amenazando. A la salida del instituto le perseguían insultándole. Uno de ellos le pegó un puñetazo, otro de ellos le cogió del cuello… Y así todos los días«, han añadido los padres.
El hecho que terminó de disparar las alarmas fue la amenaza que uno de estos dos alumnos le hizo, navaja en mano, al menor acosado. «Le quisieron culpar de todo lo que no hizo y él dijo que se lo iba a decir a la jefa de estudios. Uno de ellos le amenazó diciéndole que le iba a rajar, enseñándole una navaja dentro del instituto«, ha manifestado el padre.
El protocolo de acoso escolar
Ante la gravedad de los hechos, los padres decidieron inmediatamente acudir a la directiva del instituto para solicitar la activación del protocolo de acoso escolar.
“Eran reticentes, pero cuando ya nos pusimos cabezones abrieron el protocolo de acoso. Fueron haciendo las entrevistas a los compañeros de clase, pero, como no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, incumplieron un montón de cosas: entrevistaron a los alumnos sin estar delante los padres, las medidas cautelares que les pusieron a los acosadores se las saltaron, los acosadores tenían que estar vigilados y uno de ellos se escapó dos veces”, se ha quejado el padre.
Concluido el procedimiento, el protocolo de acoso se cerró dictaminando que lo ocurrido había sido un “conflicto entre iguales”, por lo que el padre del menor tomó la determinación de poner el caso en conocimiento de la jefa de Inspección de educación de Guadalajara, Pilar Fernández, quien, según este padre, “obligó a activar de nuevo el protocolo de acoso debido a que las pruebas que presentamos demostraban que habían incumplido muchas cosas».
No obstante, «lo volvieron a reabrir para subsanar los errores cometidos en el expediente anterior y cubrirse el culo«.
Tal afirmación la hace remarcando que el segundo protocolo activado tampoco reconoció la realidad de los hechos sino que calificaba lo sucedido de caso de violencia interpersonal sin acoso “porque nuestro hijo no estaba en ningún momento incapacitado para poder defenderse».
Tal y como han argumentado sus padres, el desamparo y la desesperación a que el menor se consideraba sometido le llevó incluso a tomar la determinación de llevarse un día un cuchillo para defenderse de una posible agresión.
«Se llevó un cuchillo al centro por si le hacían algo, para defenderse. Se lo llevó porque ya no podía más”, ha dicho el padre quien ha añadido que «ni lo mostró, ni lo utilizó, ni amenazó… Se lo llevó porque estaba acojonado. Unos amigos se ofrecieron a ayudarle y guardaron el cuchillo en una taquilla».
El episodio del cuchillo se saldó con la expulsión del menor durante dos semanas, medidas que los padres del mismo aceptaron como consecuencia lógica.
Los padres, asesorados por la organización No al Acoso, llegaron a presentar varias denuncias contra el centro y los menores responsables, pero al no tener cumplidos los 14 años, se archivaron sin más. Finalmente, en agosto de ese mismo año, en plenas vacaciones, recibieron la peor noticia de todas: a su hijo se le expulsaba del centro bajo el eufenístico nombre de ‘traslado de Instituto’ desde el Arcipreste de Hita al Domínguez Ortiz, también en Azuqueca ‘debido a los graves problemas de convivencia y al deterioro educativo que estaba sufriendo el alumno‘.
«Convirtieron a nuestro hijo en culpable de una situación que él no había generado y aún lo está pagando», han señalado a cuatro años vista los padres. Y es que, con el cambio de instituto, el menor no ha podido estudiar la rama de FP que quería, al no estar disponible en el nuevo centro.
«Desde que llegó al Domínguez Ortiz no ha habido ningún problema, ni con los compañeros ni con la comunidad educativa, lo que demuestra que nuestro hijo no era responsable, sino víctima, y sin embargo, fue al que cambiaron de centro. Mientras no se cambien los protocolos contra el Acoso Escolar en Castilla La Mancha, esta situación se va a repetir muchas veces, como nos han dicho los expertos».
Llega la primera sentencia judicial contra la Junta
Tras el cambio de centro forzoso a que fue sometido su hijo, sin darles la oportunidad de hacer alegaciones con carácter previo, los padres recurrieron en alzada ante la propia administración, que rechazó su solicitud y, posteriormente, ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Guadalajara, quien dos años después dio la razón en primera instancia a los padres y anuló tanto la orden del director provincial de Educación de la Junta de fecha 30 de julio de 2018 que decretaba la expulsión, así como la posterior resolución de la consejería de fecha 12 de septiembre de ese mismo año, que desestimaba el recurso de alzada de los padres contra dicha orden de expulsión.
Según el contenido de ldicha sentencia a la que tuvo acceso EL HERALDO DEL HENARES, «la expulsión del menor se hizo sin trámite de audiencia al menor y a la familia, en plenas vacaciones escolares de verano y sin dar la posibilidad a realizar alegaciones, ni proponer prueba».
Por ello, estima que se vulneró el decreto de Convivencia Escolar de Castilla La Mancha y, lo más grave, «el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño».
Según los hechos de la sentencia, la consejería de Educación dictó el 30 de julio de 2018 la expulsión del menor por unos supuestos hechos contra las normas de convivencia del instituto sin darle el preceptivo trámite de audiencia, es decir, sin darle posibilidad de defensa.
De acuerdo con la defensa de la familia del menor, «eso supone una manifiesta vulneración del derecho de defensa del alumno expulsado, que frente a los a los diferentes informes y una decisión trascendente como es un cambio de centro, no ha podido, no ya defenderse, sino siquiera ser oído».
«Por tanto, en contra de lo que afirma la Administración no nos encontramos ante un mero defecto de forma (…), sino ante un supuesto de nulidad de pleno derecho de la resolución de expulsión por vulneración de derechos fundamentales y prescindirse total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», finalizaba la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo de Guaalajara.
Además, el juzgado condenó a la Junta a pagar las costas del letrado de los padres del menor hasta un límite de 2.000 euros, sin incluir los impuestos procedentes.
La Junta recurrió ante el TSJCLM y ahora ha vuelto a perder: ‘La Junta se reitera en el error’
Frente a esta sentencia, la Junta de Castilla La Mancha recurrió en apelación ante el TSJCLM al entender, por un lado, que no se trataba de una medida sancionadora, que no había sido expulsión sino cambio de centro y que sí se había dado trámite de audiencia a los padres ‘al haber podido ver el expediente antes de recurrir en alzada‘, aunque no se le dio antes de acordar dicha expulsión.
Ahora, el Alto Tribunal regional ha desestimado todas y cada una de las alegaciones de la Junta de Castilla La Mancha señalando que ‘su ausencia -del trámite de audiencia a los padres antes de proceder a la expulsión del menor- constituye un vicio esencial del procedimiento que equivale a prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido determinante de la nulidad de pleno derecho de la resolución de expulsión y cambio de centro educativo’.
Además, abunda el TSJCLM, ‘no aceptamos el alegato de que tuvo conocimiento del expediente y pudo alegar cuando formuló recurso de alzada; este argumento se contesta por sí mismo; la audiencia para alegaciones debe ser siempre previa a la resolución que resuelva el expediente, porque, entre otros motivos, puede ser, quizá, que por las alegaciones formuladas la resolución fuere diferente‘.
Finalmente, el TSJCLM reprocha a la Junta de Castilla La Mancha que una y otra vez se mantuviera intransigente en su actitud frente a la familia: ‘Como bien se dice en la sentencia apelada, en lugar de aceptarse el alegato en alzada sobre la indefensión y retroceder actuaciones, se reitera en el error’.
Por ello, desestima el recurso del Gobierno regional contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Guadalajara que declaraba la nulidad de la expulsión y vuelve a condenar a la Junta en costas por su insistencia en no aceptar las alegaciones de los padres e insistir en su error.
Los padres denunciaron acoso a su hijo y su hijo fue el que resultó sancionado
Los padres del menor han señalado a este diario que «nadie nos ha pedido disculpas por este atropello, ni el director, ni los profesores ni la Inspección Educativa. Algo falla cuando la Administración en vez de velar por los más vulnerables, como era nuestro hijo, que estaba sufriendo acoso, toman partido por los agresores y hacen pagar el problema a la víctima. Si las leyes fueran de otra forma en este país, tendrían que ser ellos los que deberían pagar las costas del juicio y, luego, si tuvieran algo de dignidad, tendrían que dimitir».
No obstante, han finalizado recomendando a los padres que estén en su misma situación que «denuncien, que no se dejen avasallar, que aunque utilicen, como contra nosotros, todas sus malas artes, al final la justicia los pondrá en su sitio. Y la justicia dejará el expediente de sus hijos limpio de nuevo, como el de nuestro hijo».
