Fernando Jabonero, edil del PSOE en Pastrana: “El impacto ambiental del desmonte de un monte en Almoguera supera a lo de Fraguas”

El Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, de la Guardia Civil de Guadalajara, acaba de enviar un informe al juzgado, según el cual la plaza de toros de Almoguera se ha construido en un suelo rústico de reserva, por tanto, en una zona no urbanizable. Para ello, además, según el SEPRONA, se tuvo que alterar la cubierta vegetal de un monte público de la Junta, sin que conste autorización de ello. De esta supuesta irregularidad urbanística tenía conocimiento tanto el Ayuntamiento de Almoguera como la propia Junta de Castilla la Mancha, algo que en esta entrevista denuncia Fernando Jabonero Orasio, concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Pastrana, persona que durante los últimos años se ha dedicado a recopilar un amplio dossier de supuestas infracciones urbanísticas llevadas a cabo por ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos, arquitectos…

Ha interpuesto numerosas denuncias por ello, sobre todo, en lo relativo a la figura de los ‘arquitectos honoríficos’, una especie de falso funcionario que tiene los días contados tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, que dio la razón al propio Jabonero.

Ahora, ha puesto sus ojos en Almoguera, concretamente en una de sus más llamativas actuaciones urbanísticas de los últimos años: el desmonte de un bosque repoblado con dinero público de la Junta y la posterior construcción en el mismo de una plaza de toros y unos 200 chalés de VPO.

Sin importarle las siglas de la administración a la que denuncia, Jabonero carga contra quienes entiende hacen dejación de sus funciones, sean del partido que sean.

EL HERALDO DEL HENARES: Sr. Jabonero, ud., es concejal socialista en Pastrana, pero ahora dirige sus críticas hacia el vecino municipio de Almoguera, ¿por qué, qué es lo que está pasando en ese otro municipio para que le dedique tanta atención?

FERNANDO JABONERO: En Almoguera yo había reparado en la obra de la plaza de toros, pero no tanto en la construcción, una mole bien visible para todos, como en el aplanamiento de la ladera del monte en que se ubica, que había supuesto, en primer lugar, la destrucción de la cubierta vegetal consistente en monte de repoblación y en segundo lugar en la creación de una parcela de unos 14.000 m2 que se había generado a partir de la ladera. Aplanar esa parcela exigió remover más de 50.000 m3 de tierra. Aquello no pintaba bien y presumiblemente concurrían graves infracciones medioambientales de las cuales nadie parecía saber nada.

EHH: Es difícil pensar que nadie supiera nada ante una obra de tanta envergadura y de la que varias administraciones debían tener conocimiento. Y además, Ud., reconoce que se puso dinero público de la Junta para repoblar ese monte…

FERNANDO JABONERO: Cierto. No tenía sentido que se hubiera puesto dinero público (de la Junta) para repoblar el monte a la vez que el alcalde, Luis Padrino, impulsaba su destrucción con varios PAU y con la plaza de toros. Por tanto, la pregunta subyacente era y es: ¿aquello era legal? La respuesta, intuitivamente, era que no podía serlo y, si no lo era, ¿cómo era posible que hubiera, presuntamente, quedado invisible para los que debían de proteger el monte, es decir los responsables de la Junta de Comunidades e incluso el SEPRONA? ¿Se habría denunciado? Y en caso afirmativo, ¿qué había pasado con las denuncias y con los necesarios expedientes punitivos que se debieron de incoar con imposición de sanciones millonarias? Además, se añadía el sinsentido de que tampoco pasaban desapercibidas las más de 200 viviendas de protección oficial, VPO, que en varias fases se habían ido construyendo en el Monte Consorciado GU-3149, en su parte del Cerro de la Magdalena. Las preguntas era del mismo tenor que respecto de la plaza de toros.

“El impacto ambiental de lo hecho en Almoguera supera en varias escalas a lo de Fraguas”

EHH: Lo que no entendemos es por qué piensa Ud., que las administraciones pudieran estar de brazos cruzados ante una supuesta agresión medioambiental, que antes o después, se terminaría conociendo por todo el mundo.

FERNANDO JABONERO: Eso que Ud., me dice lo podemos entender muy bien en relación al caso de la denominada ‘repoblación de Fraguas’: los agentes, medioambientales o el SEPRONA, principalmente, pero también cualquier ciudadano, a la vista de lo actuado elevan denuncia a sus superiores. En el caso de los agentes medioambientales, dependientes de la Junta de Comunidades, su denuncia corresponde al concepto de acta, cuyo contenido goza de presunción de veracidad. Ya sabemos lo ocurrido en relación de Fraguas: denuncia de los agentes, incoación de expediente administrativo en la dirección provincial de Medio Ambiente, y en su caso elevación de denuncia al Fiscal, que ha acabado en condena que incluye prisión. Si cotejamos el impacto ambiental de lo ocurrido en Fraguas con lo hecho en Almoguera, este último caso supera en varias escalas la magnitud de lo de Fraguas. De hecho, solo la reposición de lo destruido tendría un coste millonario, a la par de las sanciones.

EHH: Pero Ud., dice que en Almoguera no ha actuado la Junta, a pesar de haber puesto dinero público para repoblar un monte que ha sido luego aplanado y destrozada la cubierta vegetal. Comprenda que no tengamos tan claro como Ud., los hechos que ha denunciado.

FERNANDO JABONERO: Esa es la pregunta que me hago yo también. No se comprende que la Junta de Comunidades no haya actuado al menos como ha hecho en el caso de los repobladores de Fraguas. Y si la Junta no ha actuado contra estas monstruosas agresiones la pregunta es ¿por qué? ¿Es que acaso no hay infracciones? Pero no se comprende, sobre todo, la pasividad ante estas agresiones porque la Junta de Comunidades tiene un interés económico en el producto del Monte Consorciado de Almoguera y su destrucción conlleva un perjuicio económico, cosas que al parecer no han preocupado a nadie en Medio Ambiente de Guadalajara. Es impensable que lo ocurrido con la plaza de toros y con esas más de 200 VPO pueda siquiera ser planteado para su autorización pues aparte del impacto económico negativo queda sobre todo la agresión medioambiental por destrucción injustificada del monte. ¿Será que Almoguera, con más de 12.000 hectáreas de término municipal, no tiene terreno para todo lo actuado sin destruir el medio ambiente?

“La venta de VPO en ese monte está viciada pues no se informó a los compradores de los derechos de la Junta”

EHH: Habla Ud., de un derecho de vuelo forestal a favor de la Junta de Castilla La Mancha, como un derecho real. ¿Por qué? ¿Qué supone ello en términos jurídicos y económicos?

FERNANDO JABONERO: Un derecho real es un reconocimiento jurídico del derecho o poder jurídico de alguien sobre un inmueble; se trata de un derecho oponible ante terceros, por ejemplo, que quieran hacer valer otro derecho posteriormente. Se debe de inscribir en el Registro de la Propiedad, cosa que no se hizo, quedando en evidencia la falta, presunta, de diligencia de los responsables de Medio Ambiente de Guadalajara. Un derecho real se debe de inscribir primero en defensa del propio interés del propietario del derecho, para evitar que inscripciones futuras puedan comprometer sus intereses. Y segundo, para evitar que el dueño del suelo pueda enajenar libremente el inmueble, que es lo que presuntamente ha ocurrido pues el Ayuntamiento ha parcelado el monte, sin permiso de Medio Ambiente, y ha vendido cada parcela con su VPO sin que figure referencia alguna al derecho real de la Junta sobre el vuelo.

EHH: Pero de ser así como Ud., dice, al ocultar ese derecho de un tercero (la Junta) a los compradores de las viviendas, convierte esa compra en viciada, por no decir, nula…

FERNANDO JABONERO: Estamos hablando del ocultamiento de un derecho que vicia el consentimiento del adquiriente y ello en un bien de primera necesidad; de ahí a la consideración de la operación de venta como presunta estafa va un breve espacio pues ¿quién, advertido por el vendedor, adquiere una VPO con un derecho real contra su futura propiedad? Y ante tal ataque a sus intereses, no se explica cómo la dirección provincial de Medio Ambiente de Guadalajara no ha reaccionado haciendo valer los intereses de todos los castellanos manchegos con una simple certificación presentada en el Registro de la propiedad de Pastrana.

EHH: Cuando habla de supuestas negligencias, ¿habla del actual ejecutivo presidido por su correligionario García Page o de los anteriores?

FERNANDO JABONERO: De todos. La dirección provincial de Medio Ambiente, la actual y las anteriores desde que se dieron estos hechos, debe de dar explicaciones y responder de lo actuado y de lo omitido, en particular de la omisión de actuar ante las presuntas infracciones medio ambientales de carácter permanente que se conocen y eso está documentado ¿Es que la Junta de Comunidades no tiene interés en que se persigan esas presuntas infracciones medio ambientales? ¿Quién sale beneficiado hasta la fecha de la inoperancia de la dirección provincial de Medio Ambiente? Desde luego que el interés general no sale ni beneficiado ni protegido. Y por otro lado, está el papelón de la consejería de Fomento que está, ante la inoperancia municipal ante presuntas infracciones urbanísticas, en el deber, para comenzar, de retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Almoguera, siguiendo con la instrucción de los expedientes de disciplina urbanística en concreto de restauración de la legalidad y, por supuesto, los expedientes sancionadores, todo ello con la elevación de las obligadas denuncias al Ministerio Fiscal, como ha hecho sin ir más lejos en el caso de los llamados “repobladores de Fraguas”.

EHH: Para centrar algo más el tema a nuestros lectores, de todos estos hechos supuestamente irregulares o incluso ilegales que Ud., denuncia, ¿cuál o cuáles en concreto son imputables al Ayuntamiento de Almoguera?

FERNANDO JABONERO: El Ayuntamiento de Almoguera conoce que existe el Consorcio. Por tanto, siempre ha sabido que sus actuaciones eran vulnerando su propio compromiso establecido con el Consorcio. Lo demás no merece la pena ni comentarse, pero debe de quedar constancia de que el Ayuntamiento sabía que urbanísticamente no se podía actuar sin renuncia expresa de la Junta de Comunidades a su derecho. Pero ¿cómo iba la Junta a renunciar a su derecho si en 2001, a la vez que seguía inyectando dinero en el Monte, el Ayuntamiento estaba metiendo las máquinas destruyendo ese mismo monte? Todo ello se dio en un ambiente de presunta impunidad que ha tenido el resultado que se conoce.

“Tanto el PSOE como el PP han actuado de forma irresponsable en Almoguera”

EHH: ¿Y qué es imputable a la Junta entonces?

FERNANDO JABONERO: Las direcciones provinciales de Fomento y de Medio Ambiente deben de dar explicaciones públicas, pues se trata de actos públicos consentidos en detrimento del derecho de todos los ciudadanos y que atentan al patrimonio regional. Esto es una cuestión también de índole política y tanto el PP como el PSOE han sido, en una apreciación generosa, irresponsables con lo actuado contra el patrimonio económico y medio ambiental en la medida que han ejercido las tareas de gobierno desde que se empezó con la agresión al monte.

EHH: ¿No hizo entonces la Junta los oportunos informes medioambientales obligatorios para este tipo de obras?

FERNANDO JABONERO: Este asunto es crucial. ¿Cómo es posible que la Junta de Comunidades informara a favor, si es que lo hizo, de tales obras? Es decir, desde el punto de vista medioambiental ¿las actuaciones en el monte consorciado están avaladas con los correspondientes informes? Para responde a la cuestión podemos recurrir al informe que en 2017 se vio obligada a informar al SEPRONA la dirección provincial de Medio Ambientes. Se trata de un informe emitido en el trámite de las diligencias de investigación penal 10/2017 de la Fiscalía de Medio Ambiente de Guadalajara, abiertas en base a la denuncia de un adquiriente de una VPO que denunció lo sufrido en su caso ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado. En ese informe elevado al SEPRONA y con destino la Fiscalía de Medioambiente de Guadalajara, constan los siguientes extremos: Que se reconoce la existencia del consorcio del Monte GU-3149, incluido en el elenco de la provincia tras aprobarse el consorcio con fecha 23/02/1988; que el consorcio afecta a 2.621 hectáreas que el Ayuntamiento declaró suyas, que constituye un derecho real y que está vigente durante 80 años, hasta el 23/02/2068; que el consorcio se puede cancelar si lo pide el ayuntamiento indemnizando a la JCCM. No consta tal solicitud.

EHH: ¿Y la Junta, a través de la dirección provincial, ha respondido algo ya a esas preguntas?

FERNANDO JABONERO: Sí. Ante la cuestión de “Si la ocupación del monte con cuatro urbanizaciones es acorde a la normativa urbanística y medio ambiental del momento”, responde que no consta documentación alguna autorizante de la cubierta vegetal para ejecutar las obras de urbanización; informe que era preceptivo. Se responde que en ninguno de los cuatro PAU tramitados se ha tramitado un procedimiento reglado de Evaluación Ambiental. Que existe una denuncia sobre esas obras, que fue registrada en julio de 2006 y que pone de manifiesto las obras de la Urbanización Mirador Alto, sobre el monte consorciado, sin haberse sometido a evaluación ambiental.

También responde que además de los cuatro PAU de VPO, en la parcela 73 del polígono 17 se ha construido una plaza de toros. La propuesta de modificación de las Normas Subsidiarias propuesta por el Ayuntamiento no ha sido jamás aprobada por Urbanismo de la Junta y si se aprobara debiera de someterse el PAU a Evaluación de Impacto Ambiental.

Finalmente, responde que hay una denuncia de los Agentes Medio Ambientales en julio de 2006 por tala y descuaje en el Monte Consorciado Nº 3149, afectado a una superficie de 1 Ha. Y otra denuncia de 9/04/2007 de los agentes medioambientales que afecta a otros 7000 m2

EHH: ¿Quiere Ud., decir que el Ayuntamiento no obtiene autorización de Urbanismo y aun así sigue con las obras de la plaza de toros?

FERNANDO JABONERO: Eso es. El Ayuntamiento, en relación a la plaza de toros, sabía que debía de obtener la autorización de Urbanismo, pero no la obtiene y ante ello nada le impide atacar el monte y construir, con fondos públicos, la plaza de toros, a la vista de todos, con conocimiento de las autoridades y de sus agentes.  En cuanto a las licencias de obras y de actividad, indiciariamente, los informes, si existen, corrieron presuntamente a cargo de una arquitecta honorífica por lo que legalmente ni existen de manera que la actividad que se ha desarrollado en forma de conciertos y de corridas de toros habría discurrido sin cobertura legal.

Nada provoca incoar y resolver expedientes de disciplina urbanística y protección de la legalidad ambientales; todo lo contrario, se consiente incluso tras ser denunciado por los agentes medio ambientales y ante ello ¿quién, y por qué, provocó esa manta de silencio en las administraciones que recibieron las denuncias de los agentes medioambientales? ¿Dónde están los expedientes que de modo inaplazable es inexcusable debieron de instruirse y resolverse tras recibirse esas denuncias? ¿Es discrecional incoar expedientes mediando denuncia de un agente medio ambiental?  Sin duda, que las direcciones provinciales de Fomento y de Medio Ambiente deben de dar explicaciones públicas, incoar y sancionar y elevar al Juzgado las denuncias en defensa de lo público que son inaplazables e inexcusables. Y en todo caso, que se aplique el principio de proporcionalidad en relación al caso de los repobladores de Fraguas; de lo contrario habrá que pensar que hay infractores VIP e infractores que son unos pringados.

Un ejemplo del agravio que supone lo que parece un presunto trato preferente al infractor o infractores de Almoguera es también el siguiente: se conoce el caso de un agricultor de la zona al que se le ha sancionado con 1.000 euros por llevarse por delante unas matas de tomillo y romero. Y en Almoguera hablamos de hectáreas de devastación de suelo forestal y de más de 50.000 m3 de desmonte, con miles de metros de viales en pleno monte consorciado y más de 200 VPO.

EHH: Una vez denunciados los hechos, ¿tiene Ud., constancia de algún movimiento por parte de las diferentes administraciones implicadas: Junta, Ayuntamiento, Fiscalía, Seprona…?

FERNANDO JABONERO: En primer lugar, ha de aclararse que entender lo que ocurre en Almoguera en temas de urbanismo y medioambiente pasa por entender lo que pasa en su Ayuntamiento. Es una entidad que en 2018 ni siquiera tiene web ni portal de transparencia de manera que el asunto no pinta bien. En términos de información pública es un verdadero agujero negro. Ha de recordarse que la Mancomunidad de las Comunes perdió unas 100 hectáreas de fincas rústicas siendo presidente el alcalde de Almoguera, Luis Padrino, habiéndose publicado la reivindicación de las mismas por parte de un particular en el tablón de anuncios municipal.

A partir de la denuncia en sede penal del vecino adquiriente de una VPO, se ha tenido conocimiento reciente de que el SEPRONA ha seguido investigando. Y en relación a la plaza de toros, dentro del informe se contiene un apartado que dice: “Con base a todo lo expuesto desde el punto de vista policial, la construcción de la plaza de toros de la localidad de Almoguera (Guadalajara) se ha realizado en suelo rústico de reserva. Se trata de una construcción no autorizable en suelo no urbanizable…  para su construcción se alteró sustancialmente la superficie del terreno (se realizó un descuaje y desmonte de grandes proporciones del terreno), careciendo de las autorizaciones administrativas oportunas de medio ambiente, minas y cultura”… Y todo ello de mano de una administración pública, el promotor Ayuntamiento de Almoguera. Ahora, sí, hay que congratularse de la actividad de la Fiscalía de Medio Ambiente y del SEPRONA.

Tengo la sensación de que accediendo a la información municipal se podría desentrañar mucho más, pero como he dicho esa información ni fluye ni se la espera. Por eso hay que acudir a fuentes externas, lo que de momento nos ha puesto en la pista de un denominado “Centro de Desarrollo Local” por el cual la Diputación de Guadalajara aprobó destinar 150.000 euros a los que el Ayuntamiento de Almoguera debía de agregar otro tanto. Tras preguntar en el propio Ayuntamiento, ni siquiera se conoce que exista ese centro. Pero la obra fue certificada y cobrada. Interesante asunto ¿Quién certificó tal obra? A ver si se aclara el asunto tras haberse presentado denuncia en la Fiscalía de Guadalajara.

EHH: En esa parcela se han construido cientos de viviendas VPO y Ud., también ha denunciado que no se cumple la normativa relativa a la ocupación de estas viviendas como primera residencia. ¿También cree que ha existido fraude en este asunto, no se ha controlado bien a quién se vendían?

FERNANDO JABONERO: Si existe control no se sabe, pero todo indica que si lo hay no tiene efectos. Una VPO es necesariamente primera vivienda. Basta con darse una vuelta cualquier día de diario fuera del verano para constatar que más del 50% de las VPO no están habitadas. Buena parte de los propietarios viven habitualmente, como ya lo hacían a fecha de la adquisición, en la Comunidad de Madrid y en la zona del Henares y de ello sin duda que el Ayuntamiento tiene conocimiento. A partir de este momento, queda públicamente informado el Gobierno de Castilla la Mancha de esta situación.

EHH: Finalizamos. Ud., es concejal socialista del Ayuntamiento de Pastrana, y sin embargo, ha realizado numerosas denuncias por supuestas infracciones urbanísticas no solo respecto a instituciones gobernadas por el PP, como el Ayuntamiento de Almoguera o el propio de Pastrana, sino también ante instituciones gobernadas por su partido, el PSOE, como la Junta o el Ayuntamiento de Marchamalo. Imaginamos que no estará recibiendo felicitaciones por ello por sus compañeros. ¿Le han llamado en algún momento para mostrarle su preocupación por este tipo de denuncias que afectan a la gestión de cargos de su partido? ¿Piensa Ud., repetir en las listas del PSOE de Pastrana o ya está vetado?

FERNANDO JABONERO: Ha habido de todo. Por una parte, he recibido felicitaciones, de dentro y de fuera del PSOE. Por otro lado, del PP no iba a esperar nada favorable, pero sí que debo dejar constancia de que el PSOE no ha sido leal al mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes y eso duele. He pedido audiencia incluso al presidente de la Junta de Comunidades y de momento ni respuesta; también al de la Diputación y también sin respuesta. Incluso me pidieron que me contuviera por un tema que afectaba a la anterior consejera de Cultura por sus decisiones que en último término acabaron por autorizar al Obispo de Sigüenza la demolición, a todas luces ilegal, de parte de la Colegiata de Pastrana. Sobre este asunto tuve una reunión con el actual consejero de Cultura, Ángel Felpeto, y su viceconsejero, y me dejaron bien claro que no iban a hacer nada para reponer la Colegiata a su estado original. Algo a lo que yo no renuncio; por cierto, que a este respecto el Ayuntamiento de Pastrana se saltó las órdenes de Patrimonio en relación a la realización previa de los estudios arqueológicos a la concesión de la licencia de obras, que incluían demoliciones no autorizables. Una vergüenza todo ello que habrá que imputar a tanto connivente con los intereses del Obispado, que por cierto recibió más subvenciones públicas que lo que supuso la obra en su conjunto, que ya es decir… Pero bueno, me quedo con el sentir de tanta gente inteligente y capaz que comprende, y ahora me refiero a la corrupción de los más de 600 ayuntamientos de la región, que han tenido falsos arquitectos municipales, que es preciso prescindir de la adscripción ideológica a la hora de combatir las ilegalidades que supone todo lo que voy desvelando desde hace años. Mis prioridades son, por este orden: la ley, Pastrana y el PSOE.

¿Qué es un Monte Consorciado?

Un Monte Consorciado como el de Almoguera es el resultado de un acuerdo entre el dueño del suelo, en este caso el Ayuntamiento, y un socio capitalista, en este caso el Gobierno de Castilla la Mancha, que deciden repoblar ese suelo, con un acuerdo de reparto de la producción y de deberes, todo ello con vencimiento cierto, que es de 80 años y que cumple en 2068.

Tal acuerdo, el consorcio, conlleva para el socio capitalista, la vigencia del derecho real sobre la producción del monte, lo que se llama vuelo forestal. Cualquier actuación en el suelo, de entre las permisibles en un Monte Consorciado, exige el permiso explícito de la Junta de Comunidades; así, si hubiera de ponerse una o varias torres de conducción de energía eléctrica, que conlleva una ocupación del suelo, precisa de un expediente autorizante por parte de la Junta de Comunidades.

El Monte Consorciado se constituyó mediando acuerdo municipal de 1987 y del Gobierno de Castilla la Mancha de 1988, siendo la motivación tratar de combatir, con esa inyección de dinero que al final se suponía crearía trabajo, el efecto de la terrible inundación del verano de 1987 que provocó ingentes pérdidas económicas.

¿Qué supone un monte consorciado en términos de protección del medio ambiente? Como cualquier proyecto de repoblación forestal, un monte nuevo supone reforzar el medio en términos de erosión y de almacenamiento de agua en el subsuelo, y por otro lado está la creación de riqueza a medio plazo.