El Heraldo del Henares
La Diputación de Guadalajara no elaboró el preceptivo informe de control financiero en relación con las asignaciones abonadas a cada grupo político entre los años 2018 a 2021, lo que supondría que no se habría fiscalizado el destino dado más de 700.000 euros en esos cuatro años.
Según ha informado por escrito la propia Institución Provincial, «no constan informes de control financiero en relación con las asignaciones abonadas por esta Entidad a los Grupos Políticos entre los ejercicios 2018 a 2021″.
Este control sí se habría realizado a partir de 2022, según la propia respuesta dada por la Diputación alcarreña, que ha señalado que «el control financiero de las asignaciones abonadas por esta Entidad a los Grupos Políticos durante el ejercicio 2022 ha sido incluido en el Plan Anual de Control Financiero formulado por esta Intervención y que se ejecutará a lo largo del presente ejercicio”.
De esta forma, en 2018 no se fiscalizó el destino de los 172.618,3 euros ni los 187.037,1 euros cada uno de los cuatro ejercicios entre 2019 y 2021 (561.111,3 euros en total esos cuatro años) con que la Diputación subvencionó a razón de 14.418,72 €/año a cada uno de los cinco grupos políticos constituidos, más 4.597,74 € /año, por cada diputado perteneciente a cada grupo político.
Así, por un lado, en 2018, con José Manuel Latre, del PP, en el equipo de Gobierno, este partido habría recibido un total de 14.418,72€ como grupo más 55.172,88 euros por la suma de sus 12 diputados; el PSOE 14.418,72 como grupo, más 45.977,4 por sus 10 diputados; los No Adscritos 14.418,72€ como grupo más 9.195,48€ por sus dos diputados; y, finalmente, Ahora Guadalajara, 14.418,72 como grupo y 4.597,74 por su único diputado.
Entre 2019 y 2021, ya con mayoría del PSOE y presidencia de José Luis Vega, este partido habría recibido cada año 14.418,72€ como grupo, más 55.172,88 euros por la suma de sus 12 diputados; el PP 14.418,72 como grupo más 45.977,4 por sus 10 diputados; y tanto Ciudadanos, como Unidas Podemos y Vox, 14.418,72 euros cada uno de ellos como Grupo y 4.597,74€ por el único diputado con el que contaban.
En total de esos cuatro años, serían 733.729,6 euros que no se habrían fiscalizado por los servicios de Intervención ni por el Pleno de la Institución Provincial, a tenor de lo informado por la propia Diputación, por lo que no se conocería el destino dado a dicho importe.
Según la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, ‘dichas cantidades no podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Dichas cantidades no pueden servir a la financiación de los respectivos partidos políticos’.
Dicha ley pretende evitar que los grupos políticos de las entidades locales apliquen en favor de sus respectivos partidos las subvenciones que reciben de esas instituciones para el funcionamiento del grupo municipal, no del partido político.
Por ese motivo, la Intervención tanto de Ayuntamientos y Diputaciones sería la encargada de fiscalizar que esas cantidades se han destinado única y exclusivamente para el fin previsto en la ley y no para financiar a los partidos políticos.
