El Heraldo del Henares
La Fiscalía Provincial de Guadalajara ha presentado denuncia en el juzgado de instrucción de Guardia de Guadalajara contra el alcalde socialista de Pastrana, Luis Fernando Abril Urmente, por un presunto delito de prevaricación urbanística.
Los hechos a que se refiere esta denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, los puso en conocimiento de la Fiscalía el anterior portavoz socialista en el ayuntamiento pastranero, Fernando Jabonero, 2015-2019, «ante la proliferación evidente, a la vista de todos, de infracciones urbanísticas en el término municipal».
Según ha informado Jabonero a este diario, en 2020 presentó varias denuncias ante la Alcaldía invocando la Acción Pública Urbanística, una especie de acción popular recogida en la Constitución Española contemplada entre otras normativas en la de Urbanismo, Medio Ambiente y Protección del Patrimonio Histórico.
«A diferencia de la simple denuncia, la Acción Pública considera a quien la ejerce la condición de interesado, por lo que debe de ser notificado de todos los trámites sustanciales», ha aclarado Jabonero.
Entre las denuncias, se encontraba una serie de ellas que correspondían a edificaciones en suelo rústico protegido según el Plan de Ordenación Municipal de Pastrana, POM, vigente desde 2004.
«Jurídicamente, una vez recibida la Acción Pública, el alcalde debe de proceder, sin alternativa, a inspeccionar los hechos denunciados, siendo que en ningún caso lo hizo, por lo que denuncié esa omisión ante la Fiscalía al entender que la conducta omisiva podría ser prevaricadora según el art. 320.1 del Código Penal», ha añadido.
Entre los hechos denunciados, constan un vallado que Jabonero encuentra ilegal por supuestamente no guardar la distancia de 8 metros al eje del camino colindante y que fue autorizado en suelo del dominio público hidráulico. Según Jabonero, este hecho no fue comunicado por un antiguo alcalde a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que informara con carácter vinculante.
Dicho alcalde, según ha aclarado Jabonero, «se valió de un falso arquitecto municipal para sus tramitaciones de expedientes desde 2004 hasta 2012, y además, empleó materiales no autorizables».
Por este motivo, este vallado fue denunciado anteriormente ante el citado alcalde y ante su sucesor Ignacio Ranera, «que omitieron inspeccionar, por lo que no comprendo que a esos alcaldes no se les denunciara de igual manera», ha manifestado Jabonero.
También, ha denunciado una edificación, sin licencia y en suelo rústico, que no reúne el requisito básico de parcela mínima, sin nada que ver con la actividad agropecuaria y con vallados que, según Jabonero, no respetan ni la tipología ni los materiales permisibles en el POM. Además, tampoco cuenta con aprobación correspondiente al trámite de calificación urbanística, según el denunciante.
«Por ello, son actos ilegales e ilegalizables y constitutivos de infracción permanente sobre todo su uso», ha añadido.
Otras de las infracciones denunciadas es la de varias edificaciones o vallados en suelo rústico protegido, en suelo con protección ambiental o dentro del dominio hidráulico, sin calificación urbanística, etc.
Según Jabonero, «estas edificaciones son clandestinas porque no tienen licencia de obras, no cumplen el requisito de parcela mínima yn sobre todo no se ha sometido al trámite de calificación urbanística por lo que si tuviera licencia de obras esta sería ilegal».
Aparte de estas concretas denuncias, Jabonero ha finalizado denunciando que «estas infracciones son de sobra conocidas por los alcaldes citados, que además han consentido otras muchas, incluso en el Conjunto Histórico en cuyo entorno se han dado más licencias».
«Y, sobre todo, que de acuerdo a la doctrina del Tribunal Supremo, haya o no haya responsabilidad penal, la autoridad administrativa ante una construcción ilegalizable no tiene otra opción que ordenar la demolición de lo ilegalmente incorporado al paisaje», ha concluido.
Ahora, estas denuncias las ha recogido la propia Fiscalía y tras investigar los hechos ha dictado un Decreto ordenando denunciar los hechos ante el juzgado de instrucción que por reparto corresponda para que las investigue.
