La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha incoado las oportunas diligencias de investigación penal en base a la denuncia presentada el 27 de marzo por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) por la exposición sufrida al coronavirus por los empleados públicos de la Junta de Comunidades.
Según han informado fuentes de CSIF en un comunicado, esta exposición se ha dado por encontrarse en contacto con pacientes afectados por coronavirus sin contar con los equipos de protección adecuados, algo que demostrarían los numerosos contagios existentes en profesionales de ámbito sanitario ya en dicha fecha.
CSIF acudía al Ministerio Fiscal debido a situaciones en la que los trabajadores han carecido de equipos de protección individual (EPIs), o han sido inadecuados.
«Y sin embargo, se les ha instado a continuar desarrollando su labor con personas contagiadas por COVID-19, o con riesgo de infección, en centros dependientes de la consejería de Sanidad, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), la Administración General de la Junta de Comunidades y la consejería de Bienestar Social, así como en centros de asistencia sanitaria privada», han señalado estas fuentes.
Con anterioridad, CSIF había requerido en numerosas ocasiones ante los organismos competentes la necesidad de provisión de EPIs, así como la realización de pruebas de diagnóstico a todos los profesionales.
«No obstante, ante el silencio por parte de la Administración regional el sindicato ha procedido po la vía judicial para estudiar las responsabilidades penales y civiles pertinentes», han añadido.
Como prueba de la falta de medidas eficaces de prevención, CSIF contabilizó el pasado 27 de marzo al menos 642 profesionales de ámbito sanitario contagiados por coronavirus, además de 1.363 en situación de cuarentena, han denunciado.
Asimismo, CSIF solicitaba que las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo informasen de los expedientes y actuaciones realizadas en relación las medidas de prevención adoptadas.
A nivel nacional, CSIF también ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la gestión ante la pandemia de coronavirus.