El Heraldo del Henares
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha elevado a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia presentada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF CLM) el pasado 27 de marzo por la falta de protección de los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para evitar el contagio de coronavirus.
La Fiscalía del TSJCLM comunicaba el 3 de abril a CSIF que procedía a incoar las oportunas diligencias de investigación penal y ahora el Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha señalado que la Fiscalía del Tribunal Supremo es el órgano competente y ya ha procedido a remitir las diligencias oportunas, según ha informado el sindicato en un comunicado.
CSIF denunciaba la situación de los trabajadores que desarrollaban su labor con personas contagiadas por COVID-19, o en riesgo de infección, sin contar con equipos de protección individual (EPIs), o bien inadecuados, en centros dependientes de la consejería de Sanidad, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), la Administración General de la Junta de Comunidades y la consejería de Bienestar Social, así como en centros de asistencia sanitaria privada.
«No en vano, en la región se han contagiado más de 3.000 profesionales de ámbito sanitario, lo que demuestra que no se han adoptado medidas eficaces de prevención ni de protección», han señalado estas fuentes.
Así, en la denuncia presentada ante la Fiscalía del TSJCLM se requería a las autoridades competentes, bajo los apercibimientos legales, para que en el plazo de 24 horas dotasen a los trabajadores de los equipos de protección necesarios.
El Fiscal Superior de Castilla-la Mancha señala que con el decreto de estado de alarma es el ministro de Sanidad, Salvador Illa, “la superior jefatura de los servicios sanitarios en todo el territorio nacional sin excepción” para evaluar las responsabilidades penales y civiles pertinentes solicitadas por CSIF, por lo que traslada el proceso al Tribunal Supremo.
En este sentido, CSIF denunció el pasado 31 de marzo al ministro de Sanidad ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por su gestión, ya que los contagios y fallecidos por la falta de previsión y material de protección pueden constituir delitos contra los trabajadores por infracción de normas de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente.
