El Heraldo del Henares
La Fundación Internacional O’Belén, FIOB, ha emitido un comunicado en el que califica de “injustas” las críticas recibidas tras el fallecimiento de la menor S.G, producido el pasado lunes a consecuencia de las heridas sufridas al arrojarse desde un vehículo en marcha de la propia fundación.
Una de las instituciones que más duramente ha criticado esta labor ha sido la Oficina del Defensor del Pueblo de España, cuyo titular, Enrique Múgica, ha ordenado la apertura de una investigación para determinar las causas de esta muerte.
Según el comunicado de la FIOB, la menor llevaba nueve meses residiendo en el centro Casa Joven, de Azuqueca de Henares, “en el que siempre manifestó encontrarse satisfecha”.
Sin embargo, el pasado día 12, tras regresar del domicilio de unos familiares en una localidad de Ciudad Real, adonde había ido a pasar las vacaciones de Semana Santa, fue recogida en la estación madrileña de Atocha por los educadores de la FIOB y trasladada por carretera, junto con otros menores más, al centro de Azuqueca de Henares.
En el trayecto, según explicaron a este diario fuentes de esta Fundación, la niña abrió la puerta y se lanzó al asfalto sin decir nada y sin que hubiera habido una causa aparente.
La menor fue trasladada al Hospital del Niño Jesús, en Madrid, en donde falleció una semana después, lo que provocó la apertura de diligencias por el Defensor del Pueblo, quien ya en febrero pasado había sido muy crítico con el trato recibido por los menores en los centros de acogida de O’Belén.
Por todo ello, en el comunicado se afirma que “la Fundación Internacional O’Belén discrepa y rechaza algunas declaraciones e informaciones que han aparecido publicadas y que, sin base clínica justificada, se permiten hacer imputaciones injustas y formular hipótesis cuestionables”.
Todo ello porque, aseguran, que estas críticas “parecen ignorar la sintomatología real de los trastornos que se atienden en nuestros centros, la aplicación de protocolos y de planes individualizados de tratamiento debidamente autorizados y la ética y profesionalidad de los equipos humanos de la Fundación”.
Por su parte, el PP de Guadalajara ha solicitado explicaciones al consejero de Bienestar Social, Fernando Lamata, “sobre los actuales mecanismos de control, inspección y supervisión sobre los menores en este tipo de centros”, por lo que ha solicitado su comparecencia parlamentaria.
Los populares han recordado que tanto la anterior Defensora del Pueblo de Castilla La Mancha, Henar Merino, como el Defensor del Pueblo de España, Enrique Múgica, han denunciado el funcionamiento de estos centros de menores.
