El Heraldo del Henares
La magistrado juez de Instrucción número 1 de Guadalajara, Cristina Vicenta Guerra, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra 18 investigados por el incendio de una planta de reciclaje de Chiloeches, el día 26 de agosto de 2016.
Entre los imputados figuran políticos como el exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha Sergio David González (PSOE) y el exalcalde de Chiloeches César Urrea (PP), así como varias empresas dedicadas a la gestión de residuos, funcionarios públicos y particulares.
Se da la circunstancia de que González Egido ya fue procesado también en su día en el sumario incoado en el juzgado de Sigüenza por el incendio de la Riba (2005), que causó la muerte de los once integrantes del retén de extinción de incendios con base en Cogolludo.
La juez considera que los acusados han incurrido en delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, incendio, lesiones imprudentes y prevaricación medioambiental, según ha informado el diario EL PAÍS. Según
Para el conjunto de los acusados, la Fiscalía ha solicitado penas de más de 144 años de prisión para el conjunto de los imputados, entre ellos González Egido, para el que se piden 3 años de prisión, trece años de inhabilitación y veintidós meses de multa a razón de una cuota diaria de 20 euros por el delito de prevaricación administrativa medioambiental.
Se confirma paso a paso la investigación inicial del juzgado
Esta fase judicial confirma en casi todos sus extremos las primeras investigacionres realizadas por el entonces titular del juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara, Fernando de la Fuente Honrubia.
Este magistrado dictó un auto el miércoles 30 de noviembre de 2016, al que tuvo acceso EL HERALDO DEL HENARES, en el que determinaba que el incendio que asoló la planta de reciclaje de productos tóxicos y provocó incluso la activación del Plan de Emergencia de Castilla La Mancha, fue obra de 19 imputados (ahora 18), y tres empresas: Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina.
Según dicho auto, todos se habrían puesto de acuerdo para ocultar la salida de productos tóxicos sin tratar desde la planta de Chiloeches con destino a vertederos de residuos no tóxicos, a pesar de cobrar por la gestión de esos residuos a las empresas que les encargaban su gestión.
Por este motivo, el juez en un durísimo auto de relato de hechos de 29 folios, imputó los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, pertenencia a grupo criminal y falsedad en documento público a los responsables y algunos de los trabajadores de las empresas Kuk Medio Ambiente, Grupo público a los responsables y algunos de los trabajadores de las empresas Kuk Medio Ambiente, Grupo Layna y Salmedina; y el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (Prevaricación medioambiental) al ex alcalde de Chiloeches, César Urrea (PP); al ex viceconcejero de Medio Ambiente de la Junta con García Page, Sergio David González Egido (PSOE); y a varios exdirectores generales y altos cargos de la Junta en los mandatos de Barreda, Cospedal y Page, como los directores generales de Evaluación Ambiental o de Calidad e Impacto Ambiental, así como varios jefes de servicio.
Según aquel auto judicial, que ha sido la base de toda la instrucción, estos altos cargos eran conocedores de la situación de ilegalidad que rodeaba la licencia de la planta de gestión de residuos de Chiloeches y a pesar de ello no hicieron nada por decretar su cierre.
Es más, el juez argumentó que el exalcalde de Chiloeches, César Urrea, había prohibido a sus funcionarios investigar la situación de ilegalidad de la planta cuando el arquitecto municipal pidió hacer un informe.
«Al requerir el entonces concejal de urbanismo un informe al arquitecto municipal para conocer la situación de la empresa, el investigado habría ordenado presuntamente que dicho informe no se realizara y habría impedido que ningún responsable del consistorio actuara contra dicha empresa», llegó a decir el juez De la Fuente Honrubia.
El magistrado añade que el exalcalde había declarado que apenas tenía relación con el responsable de Kuk Medio Ambiente, F.F.G., y sin embargo, en el transcurso de la investigación, han mantenido frecuentes conversaciones telefónicas y entrevistas personales, destacando en las llamadas la extremada cautela a la hora de hablar».
De Sergio David González Egido, en la imagen, viceconsejero de la Junta con García Page, el juez señala que «habría otorgado presuntamente a Kuk Medio Ambiente, mediante una modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, la ampliación de la gestión, cuando en esas fechas la empresa debería haber cesado su actividad por sanción». Es más, llega a decir que este viceconsejero llegó a participar «en las gestiones para el arrendamiento de la nave».
Se da la circunstancia que González Egido ya fue en su día procesado por su gestión como delegado de Medio Ambiente durante las labores de extinción del incendio de La Riba de Saelices (Guadalajara), en el que murieron 11 miembros del retén de Cogolludo.
Además de estos dos políticos, también seencuentran investigados los que fueran directores generales de Evaluación Ambiental en los Gobiernos de Barreda, Cospedal y García Page y varios jefes de Servicio.
50.000 toneladas de residuos tóxicos
Durante la instrucción, el juez llegó a imputar incluso al empleado de la báscula en la que se pesaban los camiones que cargaban residuos peligrosos haciéndolos pasar por no tóxicos. En total, según el auto judicial, se habrían podido deshacer de forma irregular de hasta 50.000 toneladas de residuos tóxicos.
Todos los investigados podrían ingresar en prisión de ser condenados, a la vista de los delitos imputados por el juez.
En este procedimiento se encontraba personada como acusación particular la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que, sin embargo, ahora el juzgado la considera responsable civil de lo sucedido. También estaban personados como acusación el Ayuntamiento de Chiloeches, y la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE).
El incendio en esta planta de residuos tuvo lugar en la madrugada del 26 de agosto de 2016, lo que provocó una intensa nube negra visible a 50 kilómetros de distancia, en la imagen de la izquierda de Fernando Henares, que obligó a confinar en sus domicilios a cientos de vecinos de la comarca.
Además, al estar situada la nave en un barranco por el que discurre un arroyo que desemboca en el río Henares, se tuvo que construir en cuestión de horas una balsa para retener el vertido de residuos tóxicos líquidos al lecho del río.
En las labores de extinción y control de los vertidos trabajaron decenas de efectivos, entre bomberos, militares de la UME, Guardia Civil, Protección Civil, etc. Aún hoy, tres meses después de la tragedia ambiental, son visibles los restos del incendio y de la balsa de contención, completamente saturada de componentes tóxicos aún sin retirar.
