El Heraldo del Henares
Cada día en la provincia de Guadalajara, los juzgados de primera instancia ejecutan al menos un desahucio por impago del alquiler y otro desahucio por impago de la hipoteca, según ha informado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Guadalajara y recoge MiraCorredor.
En cuanto a los primeros, según la PAH, «si el año pasado se ejecutaron 264 desahucios diarios por este motivo (0.74 por día), los dos primeros trimestres del presente año han dado como saldo la cifra de 0.95 lanzamientos diarios, esto es, casi uno por día derivado de situaciones que tienen que ver con la imposibilidad de las familias de la provincia de hacer frente al pago del alquiler».
La situación, apunta la Plataforma, «empeora si analizamos los casos de ejecuciones hipotecarias. De los 288 desahucios por hipoteca durante todo el 2017, solo en los dos primeros trimestres de 2018 ya ha habido 195 lanzamientos por este motivo, esto es, una media de 1,05 desahucios por día en la provincia».
«A falta de una estadística provincial, los datos que publican del año 2017 los registradores de la propiedad señalan un dato más que importante, y es que el 15% de la compraventa de vivienda en Castilla-La Mancha son viviendas adquiridas por fondos de inversión, lo que viene a ser fondos buitreque adquieren vivienda usada con fines netamente especulativos. Y decimos vivienda usada porque, según los registradores, el 82,63% de las viviendas adquiridas son de segunda mano», señala la Plataforma.
«A esta cifra gravísima habría que sumar la de los desahucios realizados por la vía penal, los llamados procesos de usurpación. Desde el año 2017 los desahucios derivados de este tipo de procesos no se desglosan en la estadística judicial para nuestra provincia. No obstante, no cabe ninguna duda de que vienen derivados de la falta de recursos económicos que empujan a las familias al acceso precario de la vivienda», denuncia.
La interpretación de estos datos lleva a la PAH a la conclusión de que «ni en Guadalajara ni en Castilla-La Mancha existen políticas encaminadas a garantizar nuestro derecho a la vivienda, del mismo modo que ni el poder judicial ni las administraciones autonómicas parecen estar dispuestos a respetarlo».
De ahí que la Plataforma haya encaminado su lucha en dos vertientes: «Desde la reciente proposición de Ley que hemos llevado al Congreso de los Diputados y que ha sido admitida a trámite, que propone una batería de reformas del injusto mercado inmobiliario español; hasta la desobediencia civil frente a los abusos de los bancos y sus representantes políticos (sean del partido que sean), a quienes señalamos como únicos responsables de los desahucios, de la precariedad y de la ausencia de todas aquellas personas que no pudieron soportar sus ataques».
