El Heraldo del Henares
Las Cortes de Castilla-La Mancha han dado el visto bueno en el Pleno de este jueves a una propuesta del Grupo Socialista para elevar al Gobierno central un Proyecto de Ley contra la ocupación ilegal de viviendas.
Lo han hecho con el voto a favor de PSOE y Cs, y la abstención del PP, según han informado fuentes oficiales de estas Cortes regionales en un comunicado, en una sesión plenaria de nueve puntos en la que también se ha aprobado un proyecto de ley para conceder un crédito para sufragar gastos electorales, así como una proposición no de ley (PNL) sobre la enfermedad pulmonar crónica EPOC.
Tras su paso por la Comisión de Fomento hace justo una semana, la Proposición de Ley del Grupo Socialista ha llegado hoy al Salón de Plenos, donde ha recibido el visto bueno de la Cámara con los 23 votos a favor de los grupos Socialista y de Cs y la abstención de los diez del PP, tras una jornada de negociación que se ha extendido hasta terminado el debate de los puntos del orden del día, obligando a un receso previo a la votación.
El dictamen ha incorporado 14 enmiendas del PP y cinco de Cs, que han sido transadas durante este proceso de negociación, según estas fuentes.
Además, los grupos de la oposición han retirado 16 y tres enmiendas, respectivamente, mientras que en la ronda de votaciones han sido rechazadas 14 que había mantenido el Grupo Popular.
La propuesta resultante de la también llamada ‘Ley antiokupación’ consiste en la entrega desde el Parlamento de la comunidad autónoma del texto de un proyecto de ley al Estado, quien tiene las competencias en esta materia, conforme a una fórmula que contempla el artículo 87.2 de la Constitución Española.
El objeto de esta ‘Ley de Medidas integrales para la protección del Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas’ pasa por “la regulación de medidas de protección del patrimonio y su legítima posesión, de potenciación de las medidas adoptables por las autoridades competentes para la tutela de la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal, y de agilización de las vías procesales específicamente dispuestas para tales fines, ante situaciones de ocupación ilegal”, según explica el primer artículo del dictamen aprobado.
La ley incorpora el desalojo exprés, el endurecimiento de penas y lucha contra las mafias
La Ley contra la ocupación ilegal de viviendas que se ha aprobado en las Cortes regionales e incorpora el desalojo exprés, el endurecimiento de penas y la lucha contra las mafias.
Se trata de una iniciativa legislativa prevista en la Constitución, que se remite al Gobierno nacional para su tramitación en el Congreso de los Diputados, modificando leyes de ámbito y competencia estatal. Dicha iniciativa busca responder de un modo ágil y eficaz ante las ocupaciones ilegales.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que “de lo que se trata es de algo que puede ser histórico, y es volver a situar a Castilla-La Mancha en la punta de lanza de la justicia y de los derechos de los ciudadanos. Especialmente de los que peor lo están pasando, de familias trabajadoras que son las verdaderas víctimas de la ocupación ilegal”.
Hernando ha remarcado que se cumple así un compromiso del presidente Emiliano García-Page que anunciaba hace escasos meses una iniciativa que supusiera un “combate decidido, programado y sistematizado” contra la ocupación ilegal de viviendas y las “enormes mafias” que la sustentan.
Entre los cambios que registra esta ley se encuentra el de considerar la usurpación de inmuebles un delito grave proponiendo un endurecimiento de las penas hasta tres años -en caso de uso de la violencia o intimidación- y prisión o multa de hasta doce meses -en caso de ocupación pacífica no consentida-, así como el aumento del tiempo de prescripción del delito de uno a cinco años, ya que el actual plazo de prescripción de un año acarrea en múltiples ocasiones que el delito quede sin castigo, por haber prescrito.
Asimismo, se encomienda a los tribunales un plazo de 48 horas para que se desaloje al ocupa ilegal.
La iniciativa legislativa contempla un aumento de los agravantes con sanciones a la utilización de las viviendas ocupadas para la comisión de otro tipos de delitos graves, como puedan ser la explotación laboral y sexual de personas; actos de prostitución y de explotación sexual y corrupción de menores; la elaboración, distribución y venta de sustancias estupefacientes; la ocultación de material robado o su receptación; el uso de fuerza en las cosas; o la reincidencia del autor o autores de la ocupación ilegal. Se penaliza no solo al autor, sino también a los promotores y a los incitadores de una ocupación ilegal.
La ley introduce atenuantes como la conmutación de la pena a trabajos en beneficios de la comunidad si la o las personas ocupantes abandonan el inmueble en los tres primeros días.
Además, con este proyecto legislativo se fortalecen el catálogo de diligencias y medidas cautelares que permita a los tribunales disponer el desalojo inmediato y la recuperación provisional del bien ilícitamente usurpado, en tanto en cuanto se continua la investigación judicial para calificar jurídicamente los hechos y pretende residenciar el delito en el ámbito del juicio rápido por la vía penal, en vez de en el ámbito de juicio con jurado.
De igual manera, recoge el fortalecimiento tanto del papel de los ayuntamientos como de comunidades de vecinos para hacer frente a la ocupación ilegal y propone que ambos queden legitimados para poder denunciar ocupaciones.
Asimismo, se propone modificar las reglas del padrón municipal para impedir la inscripción de los ocupas, de tal manera que empadronarse pasa a ser una obligación del ciudadano y no de la Administración y la o las personas ocupantes ya no podrán utilizar el empadronamiento como cobertura para su actividad ilícita, considerándose su empadronamiento nulo.
En todo caso, las Administraciones públicas podrán desarrollar la normativa necesaria para conceder prestaciones sociales básicas como la escolarización o la asistencia sanitaria a quienes no se encuentren empadronados.
La ley además recoge que se faculta al Gobierno de España a promover un fondo social de viviendas estable.
Esta propuesta de ley va en la línea opuesta al modelo de Podemos, socio principal de gobierno de Pedro Sánchez, quien se ha manifestado en contra de cambiar la actual legislación.
