El Heraldo del Henares
Las familias de nueve de los once fallecidos en el incendio de La Riba de Saelices, en julio de 2005, anunciaron ayer en rueda de prensa que dan por buena la ley de caso único que tramita en la actualidad las Cortes castellano manchegas a iniciativa del PP y que pondrá fin, ocho años después, a una de las peores tragedias medioambientales sufridas en la región.
Según los letrados de estas familias, Miguel Solano y Carmen Clara Martínez de Tejada, esta ley reconoce uno de los puntos fundamentales reclamados por los herederos de las víctimas: que no se hicieron las cosas bien.
Así, relataron que los tribunales reconocieron que estaba permitido hacer barbacoas en el merendero de La Riba, que no se utilizaron adecuadamente los medios para el primer ataque a un incendio de estas características o que faltó una dirección clara en las primeras 28 horas de la tragedia.
Por ello, según Martínez de Tejada, a raíz de este incendio se prohibió hacer fuego en el bosque todo el año, se creó la UME o se incrementaron los medios materiales y personales en todas las comunidades autónomas.
Con esta ley, la Junta abonará un total de un millón de euros en indemnizaciones, que van desde los 42.701,05 euros a 102.983,64 euros, en función de la edad de la víctima o del grado de parentesco de sus herederos.
Los letrados defendieron estas indemnizaciones “ya que “hasta ahora la Junta no ha pagado un duro de indemnización. Solo se pagaron las prestaciones de la Seguridad Social, la indemnización contemplada en el convenio laboral de Tragsa y de otra aseguradora por responsabilidades objetivas”.
También justificaron el por qué ahora las familias aceptaban cuando en 2008, con el socialista José María Barreda en la presidencia de la Junta no lo hicieron: “No hubo unanimidad entre las familias porque la vía penal estaba abierta y algunas de las familias querían agotarla”.
La diputada nacional socialista y exconsejera de Justicia con Barreda, Magdalena Valerio, ha criticado duramente esta ley y ha acusado a Cospedal y Guarinos de utilizar esta tragedia para ganar las elecciones en Guadalajara y Castilla La Mancha. “Pues que pongan un millón de euros de su patrimonio personal o familiar” –para pagar a las familias-, señaló.
Valerio añadió que “me parece increíble que la señora Cospedal ahora decide hacer una ley cuando en su momento ya estas personas recibieron unas indemnizaciones de entre 300.000 y 360.000 euros”.
“Pero, ¡Dios mío!, si llevan siete años hurgando entre las cenizas y hurgando en las heridas de los familiares de las víctimas del incendio para no dejarles terminar la fase del duelo”, concluyó.
Preguntada por estas críticas, Martínez de Tejada se limitó a decir que “son declaraciones irrelevantes de personas irrelevantes, especialmente en el orden de lo humano, personal y moral”.
Solano, además, añadió, que el acuerdo al que quería llegar Barreda incluía unas indemnizaciones superiores ya que incluía el pago de la minuta de los letrados y el perito, por lo que no entendía estas críticas ahora.
Dos de las familias de los once fallecidos están al margen de este equipo de letrados, la del jefe del retén de Cogolludo, Pedro Almansilla y la del retén Marcos Martínez. Aún no se sabe la postura de los herederos del primero, sí la de los del segundo, cuya madre, María Ángeles García, llegó a ser consejera de Educación con el Ejecutivo de José María Barreda.
Según un artículo de opinión publicado por el hermano de Marcos en un digital alcarreño, su familia se enteró de este proyecto de ley por la prensa. “Si finalmente se aprueba la concesión de este dinero, nosotros lo donaremos automáticamente y en su totalidad a una ONG. Así, estaremos ayudando a la gente que realmente lo necesita”.
