El Heraldo del Henares
Las ramificaciones del caso de corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia de Covid que afecta a diferentes cargos y militantes del PSOE y que se conoce como ‘caso Koldo’ ha llegado hoy viernes de forma tangencial hasta Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Según ha informado hoy el digital elconfidencial.com, según una auditoria encargada por el ministerio de Transportes para analizar los dos contratos de compra de este material sanitario adjudicados a la empresa Sociedad de Gestión, se ha descubierto que más de 400.000 mascarillas siguen inmovilizadas en dos almacenes desde que fueron compradas en marzo de 2020: uno del propio ministerio de Transportes y otro sito en el municipio azudense.
Este remanente de mascarillas procedería de una compra que se hizo a dicha empresa el 20 de marzo de 2020, cuando el ministerio pretendía adquirir 4 millones de ejemplares y en poco más de media hora la empresa dio un ultimátum: u 8 millones a la vez o ninguna, según documento publicado este viernes por el ministerio, tras la comparecencia del titular, Óscar Puente, en el Senado.
Dicha auditoría recuerda que el importe total en esa compra ascendía a 20 millones de euros y advierte sobre la falta de control en el reparto de las mascarillas: «No existe constancia documental de la entrega ni al ministerio, ni a Correos ni a la entonces Dirección General de Transporte Terrestre». Y añade, según elconfidencial.com, que «se ha de destacar la falta de control inicial de mascarillas en el ministerio«.
Fruto de ese descontrol es que, según dicha auditoría, siguen guardadas 238.840 mascarillas en los almacenes del ministerio, y otras 206.000 en el almacén de Azuqueca de Henares (Guadalajara), todas ellas por un importe de más de un millón de euros.
Por todo ello, la auditoría finaliza proponiendo un control de entradas y gestión de los almacenes del ministerio de Transportes para mayor transparencia en cualquier actuación de acceso a las sedes del departamento «protegiendo además con ello la actuación de los empleados y autoridades públicas, que ante una eventual presión para actuar sin el debido rigor».
