El Heraldo del Henares
Decenas de miles de funcionarios de Justicia procedentes de toda España han vuelto a manifestarse por las calles de Madrid para exigir al Gobierno central un incremento salarial en relación con las funciones que este colectivo realmente realiza a diario.
La marcha comenzó a las 12.00 horas frente del ministerio de Justicia y concluyó frente a la Secretaría General de Función Pública, según han informado fuentes de los sindicatos convocantes, CSIF, STAJ, CCOO Y UGT, en un comunicado.
Se trata de la segunda protesta multitudinaria celebrada en Madrid, tras la que tuvo lugar el pasado 19 de abril, ha coincido con el cuarto día de paro general de la Justicia, que también ha registrado un nuevo éxito de participación, con un seguimiento del 85 por ciento.
Esta manifestación se suma a las protestas que comenzaron el pasado lunes con una concentración ante el ministerio de Hacienda y que continuaron el martes con otra protesta, en esta ocasión delante del Congreso de los Diputados.
La semana de movilizaciones concluirá mañana, viernes 26 de mayo, con otra concentración nuevamente enfrente del ministerio de Hacienda en la calle de Alcalá.
«El silencio de las ministras de Justicia y de Hacienda, Pilar Llop y María Jesús Montero, después de un mes de movilizaciones es absolutamente indignante, inaceptable e inaudito. El presidente Pedro Sánchez también es responsable porque no ha respondido a la carta enviada por el comité de huelga que representa al 93 por ciento de la plantilla de Justicia, por lo que le hemos emplazado a intervenir ante la incapacidad demostrada por sus dos ministras», según han señalado fuentes de CSIF, uno de los sindicatos convocantes.
El primer mes de movilizaciones y paros de los 45.000 funcionarios de Justicia ha provocado ya la suspensión y aplazamiento de más de 600.000 juicios y la paralización de 40 millones de actuaciones judiciales, por lo que esta situación ya está provocando elevadas pérdidas económicas y un perjuicio a la ciudadanía difícil de remediar por la acumulación de casos retrasados.
«El fin de la huelga indefinida está en manos de los responsables ministeriales de Justicia y de Hacienda y, ante su incapacidad, en manos del propio presidente del Gobierno, que debe actuar de inmediato y al que exigimos intervenir para abrir la negociación que pueda poner fin a este conflicto», han finalizado estas fuentes.
