El Heraldo del Henares
Siete años, seis meses y un día de prisión. Ésta es la pena que va a pedir el abogado de la Junta de Castilla La Mancha para los tres excursionistas que encendieron la barbacoa desde la que se propagó la mecha que provocó el incendio de los pinares del Ducado (Guadalajara), en julio de 2005, que costó la vida a 11 miembros de un retén y calcinó 13.000 hectáreas de bosque. Por su parte, el fiscal rebaja esas penas a dos años porque entiende que ha habido «dilación indebida» del procedimiento, que ya dura siete años.
Según el escrito de acusación presentado ante la Audiencia provincial de Guadalajara, al que ha tenido acceso este diario, el letrado de la Administración autonómica considera que los tres excursionistas, Marcelino Herce, Juan José Jiménez y Iasson Klados, son responsables de un delito de incendio de montes o masas forestales por imprudencia grave, por lo que además de pedir el ingreso en prisión para ellos, pide que se les condene a pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización a las arcas regionales de 11.303.495 euros.
Reclamación
Se da la circunstancia que el abogado de la Junta no asistió a la vistilla del recurso interpuesto por la defensa de los excursionistas contra la fianza que en su día les impuso la juez de Sigüenza, por importe de 29 millones de euros, por lo que ni siquiera defendió las cuentas de la Administración regional ante la Audiencia Provincial, las mismas cuentas que ahora, con Cospedal en el poder, sí reclama.
En concreto, la Junta reclama, entre otras partidas, 531.289,68 euros de gastos de extinción; 42.424 por daños en los vehículos del retén fallecido; 269.366,90 por indemnizaciones satisfechas a perjudicados, agricultores y ganaderos; 61.637,56, por daños a otras infraestructuras; 154.734,62 por perjuicios a empresas del sector maderero y, finalmente, la mayor cuantía, 10.245.045,3 euros por trabajos de actuación para la restauración del entorno, saca de madera, infraestructuras y restauración de la cubierta vegetal de la superficie quemada.
Cambio de actitud
Llama la atención el cambio de actitud de la Junta de Castilla-La Mancha en este asunto en los últimos meses, antes y después del cambio de Gobierno regional, ya que según la memoria justificativa de la Junta de Castilla-La Mancha, anterior a la Presidencia de Cospedal y a la que tuvo acceso EL MUNDO, los gastos generados por este incendio ascenderían a 21.368.954,64 euros.
En esta relación de gastos se incluían, no obstante, algunas partidas cuyo abono había corrido a cargo de otras administraciones, seguros o, incluso, futuras demandas que aún no han sido resueltas por los tribunales, como la reclamación de responsabilidad patrimonial instada por los familiares de nueve de los 11 fallecidos en el incendio, por lo que o bien dichas cantidades nunca deberían haber figurado en esa memoria como gastos de la Junta o bien deberían ser reclamadas por las instituciones que las abonaron en primera instancia. Como por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, que abonó dos facturas, una por importe de 3.980.000 euros y otra por importe de 1.000.000.
Basa sus argumentos el letrado de la Junta para reclamar estas cantidades a los excursionistas en que aunque estaba permitida la práctica de barbacoas en el área recreativa de la Cueva de Casares, en el Parque Natural del Alto Tajo, infringieron las normas legales que regulan el uso del fuego en el medio natural y omitieron las más elementales medidas preventivas establecidas sobre combustible y seguridad. Según este letrado, el fuego estaba permitido con «barbacoas portátiles y con carbón comercial o camping-gas», nunca con ramas y piñas como ellos hicieron.
Llama la atención que por primera vez en un escrito del letrado de la Junta se menciona a los 11 fallecidos del retén de Cogolludo y los nombra uno a uno.
La posición del fiscal
Por su parte, el fiscal rebaja cuantitativamente estas penas solicitadas por la Junta, y las deja en dos años de prisión, con multa de 3.600 euros y una responsabilidad civil de 13.996.933,71 euros a pagar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
El fiscal, que propició el cambio de procedimiento abreviado a sumario, donde las penas a pedir son más altas, rebaja ahora su petición en base a dos atenuantes: confesión de los imputados y dilación indebida del procedimiento no achacable a los procesados, que siempre han estado a disposición judicial.
Por último, el abogado que ejerce la acusación particular por parte de los ayuntamientos de Ablanque, Luzón y Ciruelos del Pinar, también solicita una pena de dos años de prisión por los mismos delitos de incendio forestal, pero añade a cada uno de ellos una multa de 65.700 euros y no llega a especificar la responsabilidad civil por los daños causados.
Ahora, la Audiencia Provincial de Guadalajara dará traslado de estos escritos al resto de acusaciones particulares, entre ellas las de las familias de los 11 fallecidos, tras lo cual tocará el turno de la defensa de los tres procesados.
