El Heraldo del Henares
Un jurado popular juzgará desde este viernes 21 al viernes 28 de enero al cartero de El Casar, Mesones y Valdenuño Fernández, F.J.C.M., que entre los meses de junio de 2016 y abril de 2017 se apropió de las tarjetas de crédito que los bancos enviaban a sus clientes por correo postal y con las que luego sacaba dinero en efectivo de cajeros de varias provincias de toda España.
Según el escrito de acusación presentado por el fiscal al que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES, el empleado de Correos y Telégrafos se habría apropiado de esta forma de un total de 29.400,75 euros en un total de 61 operaciones.
De acuerdo con el escrito del fiscal, los hechos relatados son constitutivos de dos delitos en relación de concurso medial: un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos y un delito continuado de estafa informática.
Por los mismos, solicitará en juicio la pena de cinco años de prisión, treinta meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros, en total 9.000 euros, que será sustituida por otros quince meses de prisión en caso de impago; así como nueve años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público, como el que realizaba en Correos.
El modus operandi del acusado consistía en apropiarse de los sobres con tarjetas de crédito que el Banco de Santander enviaba por correo postal a sus clientes de los municipios de El Casar, Mesones y Valdenuño Fernández.
Una vez en su poder, las guardaba en espera del siguiente sobre que el banco remitía por separado con las claves de las tarjetas a sus clientes, el número PIN, por lo que el cartero procedía a activar las tarjetas en un cajero automático y a partir de ese momento realizaba una serie de reintegros con cada una de ellas, en total, 61, en cantidades que iban de los 40 a los 1.000 euros.
Según el escrito del fiscal, en total se apropió de 29.400,75 euros de los clientes a los que iban dirigidas las tarjetas en cajeros de El Casar, Madrid, El Ejido y Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería), Murcia, Torre del Mar (Málaga), Gandía (Valencia), Fuente El Saz del Jarama, Alalpardo, Alcobendas, La Cabrera y Algete (Madrid).
El Banco de Santander restituyó el dinero a todos los afectados, por lo que ahora el fiscal interesa que las cantidades defraudadas las reponga el acusado a la entidad bancaria y, como responsable civil subsidiario en caso de insolvencia, se tendría que hacer cargo del abono la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
Ahora, al tratarse de un delito de los comprendidos en la Ley Orgánica del Jurado cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo, será un jurado popular el que determine el veredicto de inocencia o culpabilidad del acusado, en las sesiones que comenzarán este viernes 21 de enero en la Audiencia provincial de Guadalajara.
Ya era hora!!!