El Heraldo del Henares
Con la llegada esta semana de la primera ola de calor del verano, millones de españoles que viven en situación de pobreza no podrán refrigerar sus viviendas, una situación que conlleva riesgos para la salud de los afectados
Así lo evidencian los datos sobre pobreza energética publicados en el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’ de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), publicado el pasado 4 de junio: 4,2 millones de personas en situación de pobreza no puede mantener su vivienda lo suficientemente fresca en verano, es decir, el 43,1 % de la población en pobreza.
En nuestro país, la denominada pobreza energética se ha convertido en un problema estructural que se agrava cada año. En este sentido, es importante recordar que el término engloba la realidad que padecen aquellos hogares que no puede acceder a los servicios energéticos esenciales, y que es consecuencia de una situación general de pobreza y/o exclusión.
La pobreza energética y sus efectos derivados, así como otras dificultades relativas a la habitabilidad de los hogares pobres, intensifican el acceso a una vivienda adecuada como un poderoso factor de vulnerabilidad. Esta problemática, junto al encarecimiento de la vida debido a las últimas crisis, han provocado en gran medida un aumento del riesgo de pobreza y/o exclusión social en nuestro país en 2023, que alcanza ya a 12,7 millones de personas, el 26,5 % de la población, según el Informe de EAPN-ES. La situación se agrava especialmente en el caso de las personas mayores, de quienes tienen una discapacidad, o de menores, si atendemos a que en nuestro país 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes están en riesgo de pobreza.
Es importante señalar que los hogares en situación de pobreza y exclusión social suelen sufrir una mayor ineficiencia energética, debido a un déficit en el aislamiento, problemas de infravivienda e insalubridad, y uso de instalaciones y electrodomésticos poco eficientes.
Mejoras necesarias en el Bono Social: el 78% de los pobres no lo piden
La pobreza energética es una problemática que EAPN-ES ha trabajado con especial atención en los últimos años a través de diferentes acciones. Entre ellas destacan los talleres ‘Claves para el ahorro y la eficiencia energética en hogares vulnerables’, que organiza con Endesa y ACA, para abordar estrategias sobre eficiencia energética, factura de energía y bono social.
Es importante recordar que, acabar con la pobreza en todas sus expresiones depende de políticas públicas adecuadas que garanticen los derechos de todas las personas, como vienen demostrando las investigaciones de la Red.
En el caso de medidas específicas contra la pobreza energética, destaca el Bono Social, que se ha extendido los tres últimos años: las y los beneficiarios se han incrementado desde el 16,9 % de la población pobre en 2021 hasta el 22,0 % en 2023.
A pesar de este aumento, el 78 % de las personas que viven en hogares pobres no percibe el Bono Social de electricidad. La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética planteaba reducir los indicadores EPOV* mínimo un 25% y máximo un 50% con respecto a 2017, no obstante, con los datos disponibles de 2023, estamos aún lejos de acercarnos a los valores objetivo.
Frente a esta realidad, desde EAPN-ES se insta a prorrogar y ampliar las medidas de protección de colectivos vulnerables, para garantizar el acceso a los suministros básicos de los hogares en situación de vulnerabilidad. En el caso concreto del Bono Social, la Red pide, entre otras mejoras:
- Ampliar las tarifas sociales existentes para la electricidad y el gas a otros suministros de vital importancia como son el agua e internet.
- Incluir con carácter permanente las mejoras de acceso y cobertura establecidas como medidas de emergencia, especialmente los descuentos del 65% para los consumidores vulnerables y del 80% para los consumidores vulnerables severos, rectificando la reducción progresiva de los descuentos aprobada el 4 de julio de 2024.
- Incluir a los hogares con algún miembro en situación de dependencia de grado I con los mismos criterios que el resto de las situaciones de dependencia.
- Incluir la condición de encontrarse en situación de desempleo, ERTE o ERE, como categoría de consumidor vulnerable de forma permanente (supuesto que estuvo como medida del escudo social) o como circunstancia especial.
- Incluir como categoría de circunstancia especial que el consumidor destine más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda o que tenga entre 16 y 34 años.
- Simplificar al máximo la información disponible y su tramitación para eliminar barreras de acceso al Bono Social.
- Reducir la carga de impuestos para la energía de uso básico con carácter permanente: actualmente la rebaja del IVA en la luz está contemplada hasta el 31 de diciembre de 2024. Entendiendo que la energía es un requisito indispensable para satisfacer necesidades básicas, aplicar IVA reducido o superreducido (4 %) al consumo doméstico o servicios básicos como hospitales, residencias de mayores, escuelas, etc., con carácter permanente.
Por último, recordar que, en un contexto de crisis ecológica cuyos resultados derivan en condiciones climáticas extremas, se hace necesaria una transición ecológica que tenga en cuenta la realidad de las personas y familias en situación de pobreza y/o exclusión. Las familias y las personas más vulnerables son las primeras en sufrir las consecuencias de las catástrofes naturales, de los cambios bruscos de temperatura o de subidas de la energía por cualquier motivo, sin poder hacer frente al pago de suministros.
