El Heraldo del Henares
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social que se ha saldado con la detención de 23 personas en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona, tras investigar a una empresa de seguridad que no pagaba a sus 600 trabajadores desde hace un año.
Además, se han realizado nueve registros en los que se han intervenido 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo, y se han incautado siete vehículos, tres pistolas, una de ellas detonadora, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales, además de munición para arma corta.
Las investigaciones se iniciaron a finales de marzo de 2022, cuando los agentes recibieron una denuncia por parte del sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, ASTP, contra una empresa de seguridad privada que no pagaba la nómina a 600 trabajadores desde diciembre de 2021.
Entre los delitos esclarecidos destaca un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6.576.558,31 euros, y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros, según han informado fuentes de la Policía Nacional en un comunicado.
Las investigaciones se iniciaron a finales de marzo de 2022, cuando los agentes recibieron una denuncia contra una empresa de seguridad privada que no pagaba la nómina a 600 trabajadores desde diciembre de 2021.
Además, la empresa cobraba la facturación de sus clientes y traspasaba clientes y contratos a otras empresas, pretendiendo descapitalizar a la aludida mercantil al tiempo que eludía los obligados pagos a sus acreedores.
Por otro lado, indicaron en la denuncia que los actuales gestores de la empresa de seguridad, detenidos en la presente investigación, eran testaferros de uno de los líderes de la organización, que estaba siendo investigado desde 2019 y que ahora ha sido igualmente arrestado junto a su mujer.
Este hombre habría prestado a los antiguos dueños de la mercantil más de un millón de euros para intentar reflotar la empresa. Al no poder devolver este dinero, los propietarios le entregaron la compañía para que se cobrara la deuda con la facturación de sus clientes. Por ese motivo, los nuevos propietarios dejaron de pagar, entre otros conceptos, las nóminas de los empleados.
Además, estarían cediendo de forma ilegal sus servicios y su facturación a otra empresa de seguridad, administrada por el citado prestamista a través de un testaferro.
80 sociedades y 30 testaferros
La organización investigada estaba fuertemente jerarquizada y especializada en la comisión de delitos económicos como fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida.
Además de esto, se dedicaban al blanqueo de los beneficios obtenidos con esta actividad y de capitales procedentes del tráfico de drogas de, al menos, otros dos grupos a los que prestaban sus servicios. Para ello, simulaban transacciones comerciales entre sociedades vinculadas, y así justificaban entradas y salidas de fondos de sus cuentas bancarias por un importe que, entre 2016 y 2021, superó los 27 millones de euros.
Para llevar a cabo estas actividades, la organización disponía de una extensa red de colaboradores y una estructura societaria integrada por más de 80 sociedades y 30 testaferros, a través de la cual simulaba transacciones comerciales que le permitían introducir y mover el dinero en el circuito financiero legal y ostentar la titularidad de unos 70 inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama.
Fraudes por importe de 6.576.558 euros
Realizadas las investigaciones pertinentes, los agentes confirmaron la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, apropiación indebida y cohecho, cometidos por los anteriores gestores de la empresa de seguridad en connivencia con el líder de la organización.
Entre los delitos esclarecidos cabe destacar fraudes a la Seguridad Social acreditados por importe de 6.576.558,31 euros y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros.
En la investigación se ha constatado la participación de 26 personas, siendo detenidas hasta el momento 23 de ellas en la ciudad de Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital.
Se han realizado nueve registros, en los que han participado unos 100 agentes, tanto en domicilios particulares de los detenidos como en diferentes despachos y empresas. En estos lugares se han incautado 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo, siete vehículos, tres pistolas, una de ellas detonadora, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales, además de munición para arma corta. También se han intervenido varios ordenadores portátiles, tabletas, memorias USB, teléfonos móviles y numerosa documentación relacionada con la investigación.
A ello hay que añadir el bloqueo de 169 cuentas bancarias (39 de personas físicas y 130 de sociedades), en las que, hasta el momento, se ha constatado la existencia de más de 300.000 euros. También se han realizado anotaciones preventivas de embargo de 67 bienes inmuebles.
La investigación sigue abierta y no se descarta una segunda fase de la misma con nuevas detenciones.
Fuentes de Alternativa Sindical, sindicato que presentó las primeras denuncias contra esta empresa por las irregularidades que sus delegados habían detectado en el último año, han señalado que «esta operación es un aviso a todas estas empresas piratas de seguridad: quien la hace, la termina pagando».
No obstante, estas fuentes han lamentado que «aunque nos alegramos de que nuestras denuncias hayan permitido desmantelar esta supuesta trama criminal, nos da rabia que los 600 trabajadores de esta empresa lleven un año sin cobrar sus salarios por culpa de unos empresarios sin escrúpulos que se creían impunes».
